Las empresas distribuidoras de gas solicitan aumentar sus tarifas hasta 35,6 por ciento (Litoral Gas un 33,74), y desde la Defensoría del Pueblo de la provincia pusieron el grito en el cielo, alegando que el gobierno “contrae subsidios a la demanda (usuarios)”.
Las empresas distribuidoras de gas pidieron este martes al gobierno autorización para elevar hasta un 35,6 por ciento las tarifas de gas para los usuarios residenciales, comerciales e industriales, para garantizar la «sustentabilidad del servicio».
Funcionarios, empresarios y representantes de consumidores participaron este martes de una audiencia pública en la que se debatió el nuevo esquema de suba semestral de las tarifas de gas de acuerdo a la inflación que publicó el Indec.
Entre los presentes estuvo el defensor del pueblo santafesino, Raúl Lamberto, quien cuestionó los pedidos de aumentos de ese servicio, la insuficiencia de la tarifa social y pidió información veraz del precio de producción. «El Estado sigue pagando subsidios millonarios a la oferta (productores) pero contrae subsidios a la demanda (usuarios)», manifestó.
“Vemos que se reiteran muchos de los planteos de los oradores, situación indicativa de que no se estarían tomando medidas con efectos reales para los usuarios”, lamentó el funcionario provincial en su exposición, que se realizó en el centro Metropolitano de Diseño en Barracas, ciudad de Buenos Aires.
«Si bien las audiencias no son vinculantes, son un requisito legal que la Corte Suprema ha ratificado como paso insoslayable para las empresas», argumentó el defensor santafesino en la audiencia pública número 98 en la que se consideró el traslado a tarifas del precio de gas, en virtud que representa el 44 por ciento de la factura que paga el usuario. El traslado del precio del gas fue uno de los puntos de la audiencia, el otro lo fue la actualización de las tarifas correspondiente a la distribución (Litoral Gas).
“Respecto a la subasta para la compra de gas de las distribuidoras, el precio promedio fue de USD 4,62 por millón de BTU lo que implica un incremento del 15 por ciento en dólares aproximadamente, lo que sería indicativo que el mecanismo pone en duda uno de los objetivos señalados que es el de resguardar los intereses de los usuarios y conlleva un riesgo de cartelización del precio. Por lo expuesto, e independientemente de la subasta, pedimos que el Estado no se aparte definitivamente en la fijación de los precios del gas”, reclamó Lamberto.
También pidió que se explique “por qué el precio que pagan las distribuidoras es superior al precio del gas que se exporta a Chile; la importación de gas para los meses de mayores consumo, términos de la renegociación del acuerdo con Bolivia, precio de importación y cuánto GNL se prevé importar y a qué precio”.
“En cuanto a las tarifas, decimos que no solo se estaría incumpliendo lo trazado por la Corte Suprema sino también lo establecido por la ONU en la Agenda 2030. El objetivo 17 reza: El acceso universal a la energía es esencial”, detalló Lamberto, y agregó: «Esto nos lleva al concepto de pobreza energética que en nuestro país se da en sus dos facetas: primero como un problema de sobreesfuerzo o capacidad de pago de las facturas de la energía, y segundo como un problema de acceso a fuentes de energía modernas como gas o electricidad”.
“Además de las consideraciones previas, respecto a Litoral Gas S.A. decimos que la aprobación de la RTI con el aumento escalonado en tres partes de 30, 40 y 30 por ciento y las actualizaciones semestrales no tuvieron como contrapartida un mejor servicio a los usuarios santafesinos. Un tema particular para nuestra provincia y que preocupa es la falta de inversión en obras de importancia en materia de seguridad y confiabilidad de la red de gas natural», se quejó.
