El equipo legislativo del diputado Leandro Busatto relevó entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016 no menos de 165 homicidios cometidos en el departamento Rosario vinculados con la narcocriminalidad.
El equipo de Busatto relevó todos los asesinatos cometidos en el departamento Rosario en ese período y elaboró la geolocalización de los hechos, que muestra las zonas más complicadas, “pero también deja en claro que los límites geográficos se van corriendo”, según define el informe.
“El poder de las bandas sorprende: el 94 por ciento de los hechos se comete con un arma de fuego. Muchos testimonios hablan de «ráfagas de metralletas». Y en el 78 por ciento de los homicidios, las víctimas sufrieron más de un disparo”.
El estudio destaca cifras preocupantes, que “dan cuenta de un fenómeno que el discurso oficial ha intentado, en innumerables ocasiones, minimizar”.
El análisis remarca que “los términos «acribillados», «ajuste narco», «búnker» y «soldaditos» comenzaron a leerse con cada vez más frecuencia en los medios rosarinos”.
En concreto, el equipo de Busatto trabajó sobre la totalidad de los asesinatos cometidos en ese período en el departamento Rosario, y a partir de allí cruzó los datos publicados por los medios de comunicación de la ciudad con las causas judiciales que tomaron estado público, más la información propia recabada para los informes de homicidios que el legislador hace públicos desde 2016, ante la inexistencia de datos oficiales.
“El Frente Progresista asumió hace 12 años, y la mala gestión en seguridad ha llevado a la provincia a ser la más violenta del país, con la tasa de homicidios más alta de Argentina, y con dos ciudades, Santa Fe y Rosario, con tasas muy superiores a la media”, expresó el legislador.
Busatto agregó: “El gobierno provincial tiene posturas contradictorias respecto al fenómeno del narcotráfico en Rosario. Hay momentos en los que lo minimiza, y en otros pareciera ser que todos los homicidios que se cometen en Rosario están vinculados a ese fenómeno. La realidad indica que los asesinatos con sello narco son muchos, que están claramente marcados, y que es un problema no resuelto por el Ejecutivo”.
Según el informe, “los homicidios comenzaron a crecer en Rosario a partir de 2011, pero alcanzaron el pico máximo de su historia en 2013, con 271 hechos. Por eso se tomó como punto de partida para este relevamiento 2013, y se fijó como primer corte 2016. En unas semanas se actualizarán las cifras hasta el 31 de diciembre de 2018. La cantidad de homicidios analizados para el presente trabajo fue 939, y como mínimo en 165 de ellos el sello narco estuvo presente. Por otra parte, los indicadores dejan ver que no necesariamente una baja en el total de homicidios hace disminuir directamente los asesinatos vinculados al mundo narco, algo que puede observarse en los años 2015 y 2016, y que se habría profundizado en 2017 y 2018, momento en el que según el fiscal Patricio Serjal «9 de cada 10 homicidios son narcocrímenes», cuando en 2014 se estimaba en 4 de cada 10”.
En el estudio, la geolocalización muestra que, si bien hay zonas en las que el fenómeno está claramente más presente, los límites se corren, incluso a otras localidades: “no sólo Villa Gobernador Gálvez (donde fue ejecutado Claudio «Pájaro» Cantero, sindicado como líder de Los Monos, pero donde también hubo al menos otros 13 hechos), sino también Granadero Baigorria, Pérez, Ibarlucea y Funes”.
Los números
El informe señala: “En el 94,47 por ciento de los hechos relevados los asesinatos se cometieron con arma de fuego. El número es muy alto. En los trabajos presentados en 2016, sobre los homicidios en la ciudad de Santa Fe, los números indican que sobre más de 1.200 hechos el 80 por ciento de ellos se comete con un arma de fuego. En Rosario, en los asesinatos vinculados a la narcocriminalidad, el número es significativamente más alto. Es notable cómo en las crónicas periodísticas se repiten voces de testigos que hablan de «ráfagas de metralleta» o de ataques tipo «sicario»: un par de jóvenes que pasan en moto o en auto y disparan desde allí, en movimiento, contra sus víctimas. También es llamativa la cantidad de casos que ocurren en la puerta o a escasos metros de búnkers de drogas, algunos de ellos con varias denuncias encima”.
Armas utilizadas
La utilización de armas de fuego tiene también otra particularidad: en el 78 por ciento de los homicidios, la víctima sufre más de un disparo. “Es innumerable la cantidad de casos en los que el agresor balea a la víctima y luego la ejecuta con un balazo en la cabeza. O cuerpos que aparecen con tres, seis, nueve y hasta 21 disparos. No se trata sólo de matar, sino de dejar un mensaje”, indica el estudio.
Más de dos disparos
En el 91 por ciento de los casos, las víctimas son varones. El rango etario muestra claramente quiénes se ven atrapados por este tipo de organizaciones: el 14,72 por ciento tenía menos de 17 años, es decir que eran menores de edad. Y más de la mitad ni siquiera había cumplido los 25 años. “Algunos casos muestran la peor cara de la problemática: un soldadito de 12 años, armado y con un colchón sobre el techo del búnker de drogas que custodiaba, fue ultimado de dos balazos. Otro chico, de 14, fue mutilado, quemado vivo y luego ejecutado. En muchos casos los victimarios también son menores de edad”, reza el análisis del equipo de Busatto.
Rango etario de las víctimas de homicidios de narcotráfico en Rosario
“Lo más triste, es que en los últimos tiempos funcionarios provinciales y candidatos de Cambiemos se cruzan en las redes y de lo único que hablan es de las fuerzas federales. ¿De verdad creen que la solución es esa? En 2018 hubo más fuerzas federales que nunca antes en la provincia. Y hubo más homicidios que en 2016 y 2017. La ecuación más policía, menos delito, es falsa: en Santa Fe, en 2001 había un policía cada 200 habitantes. Hoy hay uno cada 125. En la provincia hay más de 26 mil policías. ¿Dos mil o tres mil gendarmes van a aportar las soluciones?”, se preguntó Busatto.
Por otra parte, cuestionó la pasividad del gobierno provincial ante la situación y la “excusa permanente” de delegar todo en la justicia federal. “El narcotráfico es un delito federal, pero el fiscal y el juez intervienen cuando el delito ya se cometió. La ausencia del Estado es la que permite que las organizaciones narcos crezcan en determinados barrios a partir de una suerte de asistencia paraestatal. Eso es responsabilidad ineludible del Ejecutivo”, enfatizó. En ese sentido, recordó que el presupuesto santafesino para el tratamiento de adicciones en los jóvenes es de “tres centavos, cada 100 pesos”.
En ese sentido, el legislador explicó: “La Justicia federal debe investigar y esclarecer los delitos, pero antes está la prevención, y ahí hay mucho para hacer por la provincia. Este año el gobierno provincial va a invertir en el programa de prevención de adicciones 65 millones de pesos, mientras que en la remodelación del predio de la Sociedad Rural va a invertir 180 millones. Soy autor de la ley de protección de testigos en la provincia. Bueno, este año tuvo más presupuesto la vigilancia privada del acuario de Rosario que el programa de protección de testigos. Testigos que en algunos casos han sido asesinados”.
Busatto, asimismo, concluyó con una apreciación política: “El que quiera el modelo actual de seguridad tiene una propuesta, que la encabezan (Antonio) Bonfatti, (Miguel) Lifschitz) y (Maximiliano) Pullaro. Nosotros somos una alternativa para el que quiera un un modelo alternativo, donde el gobernador tenga autoridad sobre la policía, Esa lista la encabeza Omar Perotti, con Norma López, con Roberto Sukerman y con nuestra lista de diputados”.
