Se presentó una querella ante la Corte Penal Internacional en la que se denuncia a la Unión Europea por cometer crímenes de lesa humanidad, asesinato, tortura, tratamientos inhumanos y desplazamientos forzados en contra de migrantes, en el marco de una política de interceptación y arrestos masivos.
La denuncia consta de más de doscientas páginas y está muy documentada. Fue presentada ante la Corte Penal Internacional de La Haya. En el escrito, se acusa a la Unión Europea (UE) de “asesinato, tortura, tratamientos inhumanos y desplazamientos forzados”.
“La UE ha orquestado la interceptación y detención de libios que escapaban del infierno”, señala la denuncia presentada por los abogados Omer Shatz y Juan Branco.
Los denunciantes acusan además a la UE de haber “orquestado tanto la interceptación como el arresto de 40 mil migrantes que huían de su país”.
Según señaló Eduardo Febbro en la nota titulada “Piden a La Haya investigar a la UE”, publicada en Página|12 “la posibilidad de que una acusación como esta prospere dentro de la CPI es incierta o más bien baja”.
En este sentido, en la nota de Febbro se explica que según los estatutos de la Corte Penal Internacional, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, no está obligada a actuar cuando los informes son remitidos por individuos u organizaciones no gubernamentales.
“Ello no le quita todo el mérito que tiene un trabajo que se basa en el análisis de cinco años de políticas migratorias de la Unión Europea cuya implementación ha sido fuertemente cuestionada desde el principio, tanto más cuanto que la crisis migratoria estalló luego de la cruzada contra el Coronel Kadafi lanzada por el ex presidente francés Nicolas Sarkozy con el apoyo de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, señala Febbro.
Los denunciantes señalan que la política migratoria buscó “frenar a todo precio los flujos migratorios hacia Europa, incluido mediante el asesinato de miles de civiles inocentes que huían de la zona del conflicto armado”.
Los querellantes aclaran que los representantes de la UE “no cometieron personalmente los delitos”, en cambio sí “concibieron, organizaron y facilitaron” la aplicación de esa política”. Shatz es miembro de la Red Mundial de Acción Jurídica (Global Legal Action Network), y Branco es abogado defensor de Julian Assange y ex asistente del Fiscal de la CPI.
Según la denuncia, la UE “hizo caso omiso del destino de los migrantes perdidos en el mar con el fin de disuadir a quienes atravesaban una situación parecida de buscar un refugio en Europa”.
La presentación también hace especial hincapié en lo ocurrido en Libia. En este sentido, la denuncia señala que a partir de 2016, debido al respaldo que la UE brindó a los guardacostas libios, la “UE habría orquestado, directa o indirectamente, la interceptación y la detención de 40 mil personas que habían logrado escapar del infierno libio”.
Entre 2016 y 2018, esas 40 mil personas tuvieron un destino cruel: al ser interceptadas en el mar gracias a la información suministrada por la UE, todas fueron trasladadas a centros de detención y tortura situados en Libia, señala Febbro.
Los denunciantes sostienen que, mediante estos actos contra las migraciones, los responsables de la UE fueron “cómplices de expulsión, asesinato, encarcelamiento, esclavitud, tortura, violaciones, persecución y otros actos inhumanos cometidos en los campos de detención y los centros de tortura libios”.
