Tras una nueva excepción que otorgó el Palacio Vasallo para el edificio de Francia al 200, Ciudad Futura pidió que quien viole las normas done una parte de lo construido. La edila Fernanda Gigliani denunció que esto ya se volvió una práctica habitual entre los empresarios, que pagan una multa a cambio de regularizar la edificación.
Ante la reiterada aprobación de excepciones a empresarios que construyen por fuera de la norma en la ciudad, el Bloque Ciudad Futura presentó este miércoles un nuevo mecanismo de sanción para estos casos que se debatirá tras la vuelta del receso invernal en el Concejo.
El espacio que lidera Juan Monteverde planteó que “en lugar de cobrar una multa irrisoria, quien transgredió la norma tenga que donar una parte de lo construído para que el Estado disponga de ello y aborde desde ahí distintas situaciones de emergencia”. Aclararon que remarcaron que este mecanismo se discutirá cuando el Concejo vuelva a sus funciones a través del caso puntual de un edificio en Francia al 200, donde se construyeron tres departamentos que ahora se quieren regularizar para poder escriturar los inmuebles.
Desde ese espacio político propondrán que se autorice la regularización de la obra pero ya no a través de una multa económica, sino de que el desarrollador done uno de los departamentos al Estado, para que allí funcione un refugio para víctimas de violencia de género.
Los concejales de Ciudad Futura señalaron que con esta iniciativa “se trata de abordar de una manera distinta las excepciones al Código Urbano, dando un mensaje claro y disciplinador a quienes transgreden la norma para su beneficio económico”. Y agregaron que “el 80 por ciento de los expedientes que trata la Comisión de Planeamiento en el Palacio Vasallo tienen que ver con la regularización de proyectos de desarrollo urbano que transgreden la norma: porque invaden una calle o retiros de jardín, porque ocupan el centro de manzana, porque se construyen más pisos de lo permitido”.
“Se construye por fuera de la norma, y con el hecho consumado, se va al Concejo en busca de una excepción que permita la regularización de esa obra ya terminada, que en la enorme mayoría de los casos se consigue tras una multa irrisoria que no afecta en absoluto la ventaja económica que consiguen construyendo más allá de lo permitido”, sostuvieron los ediles. “Muchos empresarios lo han convertido en el mecanismo a través del cual construyen en Rosario. Saben que lo que hacen está fuera de la ley, pero también saben que difícilmente el Estado ordene la demolición como forma de regularización de la obra (sucedió solo una vez), y que en cambio opte por una multa económica irrisoria que no desalienta para nada este tipo de conductas que están al margen de la ley”.
Demoliendo edificios
Por su parte, la concejala y titular de la Comisión de Planeamiento, María Fernanda Gigliani, reveló que “hay muchísimas transgresiones, habilitaciones y regularizaciones que votamos cotidianamente” en el recinto.
“En esta última etapa el Concejo es como una escribanía o una mesa de entrada paralela. Incluso cuando la Municipalidad dice que no, vienen al Concejo porque saben que tienen el visto bueno o los votos para regularizar las transgresiones”, añadió.
La edila de Iniciativa Popular aseguró en diálogo con LT8 que “si comenzamos a exigir la demolición por fuera de la normativa, entonces va a ser disciplinadora para el futuro, porque lamentablemente hoy la idea es que todo lo que ingresa por el Concejo, sale, y eso es peligroso”.
“Son diez o doce regularizaciones de transgresiones del Código Urbano que se aprueban por semana”, subrayó la legisladora local, que sobre el caso particular del edificio de Franca al 200, indicó: “Planteé que correspondía aplicar el reglamento de edificación que da la posibilidad de la demolición, que si en algún momento somos disciplinadores es probable que algunos desarrolladores eviten transgredir la normativa, pero no tuvo los votos necesarios”.
