Los trabajadores de la fábrica de electrodomésticos presentaron este lunes en la sede local del Inadi una denuncia por la “discriminación que venimos sufriendo por parte de la empresa”, a tres meses de ser despedidos.
Las y los despedidos de Electrolux se presentaron este lunes por la mañana en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuya sede rosarina está ubicada en San Lorenzo 1017, para denunciar a la compañía que hace dos meses efectuó las cesantías.
“Luego de haber conseguido un fallo cautelar que dice que tenemos que volver a trabajar, y que Electrolux se niega a cumplir, hoy hacemos esta nueva presentación. Allí planteamos que no sólo nuestros despidos son ilegales por haberse realizado sin llevar adelante un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), sino también que fueron discriminatorios, ya que los trabajadores despedidos fuimos seleccionados de manera arbitraria y por la actividad sindical que llevábamos adelante”, indicaron los trabajadores.
En el comunicado, los ex empleados aseguran que “sufrimos persecución gremial por ser voceros de hecho de los reclamos de nuestros compañeros, como lo hicimos contra los altos ritmos de trabajo que nos provocan lesiones, o contra los despidos que la empresa efectuó desde enero de este año o como el caso de nuestro compañero Marcelo Ramírez, quien es padre de un niño con discapacidad”.
“A más de un mes de que la Justicia ordenó nuestra reinstalación, Electrolux persiste en la ilegalidad y la discriminación, y no acata el fallo. La jueza de la causa intimó a que paguen un primer monto de 96.000 pesos, que la empresa se niega a pagar. La supuesta crisis se cae por donde se la mire, ya que prefiere pagar las altas sumas antes que acatar el fallo y reinstalarnos en nuestros puestos”, agrega el escrito.
Por último, los despedidos reclamaron que “el gobierno de Santa Fe haga cumplir la ley, que exija que la multinacional reincorpore a los trabajadores”. Y añadieron: “No pueden seguir avalando estas ilegalidades, como acaban de hacer homologando un PPC plagado de irregularidades y que deja afuera a los trabajadores despedidos, es decir a familias en la calle”.
