El carácter fortuito, accidental, de la trayectoria de la “bala perdida” que se depositó en la cabeza de un niño de ocho años que se preparaba para entrar a un partido de fútbol infantil en el club Pablo VI evidenció un problema más estructural como es el de la circulación ilegal de armas entre civiles. La condición de víctima inocente del niño reforzó el espanto que la difusión de la noticia causó en la comunidad, la misma en la que diariamente son detenidos adolescentes armados sin que provoque mayor sorpresa. En 2014, un mes antes de que entrara en vigencia el actual sistema procesal penal santafesino, el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, ubicó al “origen y circulación de armas de fuego en la sociedad civil” como uno de los tres ejes en los que los nuevos fiscales debían enfocar sus investigaciones. Ese mismo año, según un relevamiento de la Subsecretaría de Control de Armas de la provincia, se denunció el extravío o robo de 560 “fierros” en el territorio santafesino. Cada tres días, un policía denunció que había perdido su pistola. En los últimos tres años y medio, según datos oficiales, se secuestraron más de 3.500 armas en procedimientos de calle sólo en Rosario.
Bala perdida
El sábado 17 de agosto, Benjamín, un niño de 8 años, calentaba afuera de la cancha de fútbol infantil del club Pablo VI, en Garzón y Bulevar Seguí. Estaba por entrar a jugar para su equipo, el club 7 de Septiembre. Pero, de la nada, se desplomó. Según explicó luego su papá, volvió a levantarse y otra vez se desvaneció.
La demora del sistema público de ambulancias motivó a otro padre a llevar al niño en su automóvil particular al hospital Víctor Vilela. Recién allí, luego de realizar unos exámenes, los médicos advirtieron que el niño tenía una munición en la cabeza.
De acuerdo al parte médico, el chico fue sometido a dos cirugías y permanecía internado en estado grave, con asistencia mecánica respiratoria.
“No quiero saber qué pasó, sólo quiero que mi hijo salga vivo de acá”, dijo Javier Bañale, el padre del niño accidentalmente baleado.
Tal fue la confusión cuando el chico cayó en la cancha de Pablo VI que las primeras versiones indicaban que se había desvanecido por no haber ingerido alimentos.
La investigación del caso no encontró, hasta el cierre de esta edición, al o los responsables del disparo que –aparentemente de forma fortuita– terminó hiriendo al niño.
Sí mostró, en cambio, los efectos del uso de armas de fuego, enormemente extendido en la ciudad.
Desarmar
Sólo en 2016 la Policía secuestró en operativos de calle en la ciudad de Rosario 1.054 armas de fuego. Al año siguiente, de acuerdo a las estadísticas oficiales brindadas a este semanario por el Ministerio de Seguridad, fueron 791 las incautadas.
En 2018 se secuestraron 969 armas y en el primer semestre de este año la cifra alcanzó las 662.
De esa cantidad, 288 fueron revólveres, 219 pistolas, 50 escopetas, 37 “tumberas” (armas de fabricación casera) y las restantes 58 fueron registradas por Seguridad bajo el ítem “otros”.
En el caso de las pistolas secuestradas en el primer semestre del año, el calibre más usado fue 9 milímetros, el mismo que emplean las fuerzas de seguridad y uno de los más extendidos en homicidios y balaceras. Les siguen las pistolas calibre 22. La mayor cantidad de armas fue secuestrada este año en el distrito noroeste
Los números oficiales revelan la magnitud de la circulación de armas entre civiles, en este caso con fines delictivos. Lo que habilita, obviamente, un gran negocio ilegal.
Como se dijo, el procurador Barraguirre instruyó a los nuevos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), apenas asumieron sus cargos, sobre tres ejes de política criminal.
Uno era el accionar de las barrabravas de los clubes de fútbol de la provincia y su vínculo con el crimen organizado, otro las denuncias por enriquecimiento ilícito de miembros de las fuerzas de seguridad y el tercero la circulación ilegal de armas y su origen.
Cinco años después, y a pesar de los secuestros policiales –más de 3.500 armas en tres años y medio sólo en Rosario– el problema permanece presente.
En 2013, el año en que la tasa de homicidios trepó a cifras altísimas en Rosario, el entonces diputado provincial Eduardo Toniolli –hoy concejal– denunció que la Policía había declarado el extravío de 178 armas reglamentarias. Y deslizó que fueron a reforzar el mercado ilegal.
De hecho, ese negocio se nutre de la fabricación de armas que, en todos los casos, son de índole legal.
Pibes enfierrados
El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, presentó esta semana un proyecto para convocar a la Legislatura al titular de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, ubicada en el departamento San Lorenzo, como también a los referentes de las aduanas nacionales de Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución y Santa Fe.
El objetivo es conocer el análisis que esas autoridades hacen acerca de la circulación de armas de fabricación vernácula como las que ingresan a través de las aduanas, procedentes de otras partes del mundo.
“Además de las particularidades de estos negocios, es imperativo defender la vida de chicos como Benjamín que, en realidad, no son víctimas de una bala perdida, sino de un negocio siempre ganador, entre otras cosas, por el silencio de las autoridades que desde todos los poderes de la república deberían hablar, denunciar y dar precisiones y no lo hacen”, sostiene el texto del proyecto de Del Frade.
El diputado y periodista también alerta sobre la circulación de armas entre adolescentes, por lo general con fines delictivos. En base a información oficial, señaló que “en la ciudad de Rosario, chicos de 14 a 17 años concentran el 20 por ciento de abusos de armas”.
“En lo que hace a los detenidos por abuso de armas, que consiste en disparar un arma o hacerlo y herir a alguien levemente, también en el primer semestre, ascienden a 172 personas arrestadas en infracción”, reseña el proyecto legislativo.
Agrega que “los rangos de las edades son un dato llamativo: el 20 por ciento de los capturados por abuso de armas tiene entre 14 y 17 años. En la franja que va de los 30 a los 60 años se encuentra el 29 por ciento de los implicados en causas de abuso de armas y el 7 por ciento corresponde a una franja de edad que va de los 61 a los 84 años”.
Por último, Del Frade remarcó que “lo que se aprecia en las crónicas policiales y logra afianzarse en los informes es que el 44 por ciento de los detenidos con armas tienen una edad que va de los 18 a los 29 años”.
