En simultáneo con otras ciudades del país, una multitud protestó este martes en Rosario contra la violencia institucional en el marco de la “Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil”.

Encabezada por familiares de víctimas de abusos policiales y organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, la movilización partió alrededor de las 18 desde los Tribunales Provinciales (Balcarce y Pellegrini) hacia la plaza San Martín, frente la sede local de Gobernación.

En un día atípico por el factor climático (el termómetro marcó 25 grados en pleno agosto), la marcha atravesó un “veraniego” bulevar Oroño con canciones que apuntaron contra las fuerzas de seguridad. “Como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar” y “Yo sabía a los pibes los mató la policía”, fueron entonadas a lo largo de toda la movilización.

Familiares y amigos de las víctimas fueron protagonistas de la jornada. Sobre todos los pibes que ya no están, en su mayoría jóvenes de barriadas populares Remeras, banderas y carteles hicieron visibles decenas de casos como los de Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo y Juan Cruz Vitali.

En la plaza San Martín, mientras el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) preparaba un guiso, Julieta Riquelme (hermana del Jonatan Herrera, joven fusilado por la Policía de Acción Táctica), arengaba a las columnas que llegaban hasta el escenario.

Pasadas las 19, un grupo de integrantes de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario y familiares comenzó a leer un duro documento. “Familiares y víctimas de violencia institucional junto a diversas organizaciones marchamos por tercera vez en nuestra ciudad contra el gatillo fácil”, inició la propia Riquelme. Y continuó: “Unimos nuestra lucha a la de familiares, víctimas y organizaciones de distintas ciudades del país para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas”.

Imagen: Fernando Rey

“Cada 23 horas el Estado mata un pibe”, denunció el documento. Y agregó “No son casos aislados, en nuestra ciudad, ciudades vecinas y a lo largo y ancho de todo el país estas prácticas violatorias de los derechos humanos son sistemáticas, extendidas en el tiempo; y se profundizan y agravan en el marco de políticas de ajuste y empobrecimiento, en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos”.

Sobre el final del documento, las organizaciones convocantes exigieron “Basta de criminalizar y reprimir la protesta social” y denunciaron “la participación de las fuerzas de seguridad y policías en mercados ilegales, como trata de personas, el de armas y municiones o drogas ilegalizadas”.

“Exigimos a los 3 poderes que se implementen políticas adecuadas para la prevención, detección y sanción de la violencia institucional. Exigimos el registro, la producción y libre acceso de información pública sobre violencia institucional. Exigimos que se garantice el acceso a la justicia y la reparación integral de víctimas y familiares. Exigimos el apartamiento inmediato de las fuerzas de seguridad y agentes policiales involucrados”, señaló el documento que a continuación se reproduce completo.

El documento completo de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario

Familiares y víctimas de violencia institucional junto a diversas organizaciones marchamos por tercera vez en nuestra ciudad contra el gatillo fácil. Unimos nuestra lucha a la de familiares, víctimas y organizaciones de distintas ciudades del país para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas.
La violencia estatal es una de las deudas más importantes de nuestra democracia. Cada 23 horas el Estado mata un pibe. No son casos aislados, en nuestra ciudad, ciudades vecinas y a lo largo y ancho de todo el país estas prácticas violatorias de los derechos humanos son sistemáticas, extendidas en el tiempo; y se profundizan y agravan en el marco de políticas de ajuste y empobrecimiento, en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos. Son realizadas por las policías, el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; y permitidas, avaladas, generadas y negadas por los distintos gobiernos.
Las víctimas, sus familiares y las organizaciones tenemos que realizar un trabajoso e incansable proceso político de construcción de memoria, verdad, justicia y castigo a los culpables; como tuvieron que hacerlo nuestras Abuelas, Madres e HIJXS. Y más recientemente en nuestra ciudad familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 del 2001 y los Padres del Dolor.
El Poder Ejecutivo es responsable por las prácticas abusivas y represivas de las policías, las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario; y por no contar con políticas adecuadas para la detección, prevención y sanción. Repudiamos los dichos del Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y del gobernador Miguel Lifschitz habilitando y respaldando el uso ilegal y abusivo de la fuerza como forma cotidiana de gestionar conflictos, en sintonía con la línea “manodurista” que impone el gobierno de Cambiemos de la mano de Patricia Bullrich. Gobierno que criminaliza y reprime la protesta social; que intenta dejar en libertad a los represores de la última dictadura cívico-militar; que avala y premia públicamente a policías responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, que pretende involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior.
El Poder Judicial es responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta de jueces y fiscales. La fiscalía, en casi todos los casos avala el relato policial y permite que la propia policía realice las primeras actuaciones. Focaliza sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de a los victimarios. Párrafo aparte merece el deficiente accionar de la Unidad Especial de Corrupción y Violencia Institucional que ha sido insistentemente cuestionada por numerosas organizaciones y víctimas por actuar reiteradamente en favor de los policías involucrados. Por último, la mayoría de las y los jueces no sancionan adecuadamente éstas prácticas.
El Poder Legislativo es responsable por la sanción de leyes que permiten el avance de la llamada “mano dura” y por la NO creación de mecanismos de prevención adecuados, como el Mecanismo Provincial Contra la Tortura.
Nos preocupa el fuerte consenso represivo extendido y consolidado socialmente que legitima este accionar del Estado y genera umbrales de tolerancia social de la violencia cada vez más altos. Creemos firmemente que sólo a partir del activismo y la militancia de víctimas, familiares y amigos/as de las víctimas, con el apoyo y el trabajo de las organizaciones podremos resistir, denunciar y revertir estas graves violaciones a los Derechos Humanos.
Reclamamos también, por la represión que sufren, por parte del gobierno provincial, vecinos de barrios populares y por las múltiples formas de violencia institucional contra las mujeres y la comunidad LGTB.
Repudiamos las múltiples formas de violencia contra las trabajadoras sexuales.
Denunciamos la criminalización de las y los jóvenes de sectores populares.
No olvidamos que el gobierno es el principal responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, ¡No al archivo de la causa! Justicia por Rafael Nahuel!
Basta de criminalizar y reprimir la protesta social.
Denunciamos la participación de las fuerzas de seguridad y policías en mercados ilegales, como trata de personas, el de armas y municiones o drogas ilegalizadas.
Exigimos a los 3 poderes que se implementen políticas adecuadas para la prevención, detección y sanción de la violencia institucional.
Exigimos el registro, la producción y libre acceso de información pública sobre violencia institucional.
Exigimos que se garantice el acceso a la justicia y la reparación integral de víctimas y familiares.
Exigimos el apartamiento inmediato de las fuerzas de seguridad y agentes policiales involucrados.
Exigimos la implementación de mecanismos de control adecuados.
Repudiamos la reciente implementación del servicio cívico voluntario y reclamamos por más políticas públicas de protección social para los y las jóvenes. Que de la educación se encarguen las escuelas!

¡NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS!, ¡NI UNA BALA MÁS!
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA!
¡NO A LA MILITARIZACIÓN DE LOS BARRIOS!
¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!

ADHESIONES
Ronda de Madres de Plaza 25 de Mayo Rosario
Abuelas Rosario
Hijos e hijas por la Identidad ybla Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) Rosario
APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Rosario
Familiares de Víctimas “Pariendo Justicia”
Movimiento Redes y Asociación Pensamiento Penal
Conducción de la FUR – Federación Universitaria Rosario
Comisión Gremial Interna Credicoop
Nuevo Encuentro
Centro Cultural Barbarie
Corriente Peronista Descamisados
Centro Cultural Oveja Negra
Unidad Básica “Envar Cacho el Kadri”
La Cámpora
Alejandrina Borgatta – Concejala Villa Constitución
Cristian Barbini – Concejal San Cristóbal
Mauro Ferrero Datri – Concejal electo de Granadero Baigorria
Denise Frontanini – Integrante de la Comisión Comunal de Fighiera
Marcos Cleri – Diputado Nacional
Josefina González – Diputada Nacional
Diego Mansilla – Diputado por el Parlasur
Germán Bacarella – Diputado Provincial
Paola Bravo – Diputada provincial electa
Marina Magnani – Concejala de Rosario
Andrés Giménez – Concejal de Rosario
Matías Fernández – Referente Departamento Rosario
Francisco Sellares – Concejal de Reconquista
Julián Polinesi – Concejal de Arroyo Seco
Luciano Crosio – Concejal Arroyo Seco
Josefina Artusa – Concejala electa Arroyo Seco
Aire – Articulación Independiente Regional
Mate Cocido – Construcción Comunitaria
Cincel
Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes – UNR
Nueva Mayoría – Frente Patria Grande
SATTVA Cooperativa Vegana
Hagamos Lo Imposible
CAR – Coordinadora Anti-represiva Rosario
FOL – Federacion de Organizaciones en Lucha
Cooperativa Unión Limitada Ex Lavadero Virasoro
La Sexta Resiste – Espacio Comunitario del Barrio la Sexta De La Paz y Esmeralda
Partido Guevarista – Brazo Libertario.
Partido Revolucionario marxista Leninista
JR-Che – Juventud Revolucionaria Che
CUBA – MTR
Marea Roja
Calle Terciarios
Centro de Estudiantes Terciarios Normal 2
Centro de Estudiantes Secundarios Normal 2
TUPAC
Adhieren Corriente Nacional de la Militancia. Dip. NAC. AGUSTIN ROSSI, DIP PROV LEANDRO BUSATTO, Consejala NORMA LOPEZ, Consejal ROBERTO SUKERMAN
Ciudad futura
Concejales Juan monteverde, caren Tepp, pitu salinas y Jesica Pellegrini
COMISIÓN GREMIAL-
CENTRO CULTURAL DE LA TOMA
Amsafe Rosario
Movimiento Evita
MST

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