El 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, al sur de México, reprimieron a estudiantes, con un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos. Lejos de aclararse, el crimen sigue impune y lo único que quedó claro fue la complicidad criminal del Estado mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que intentó plantar pistas falsas y desviar la investigación para finalmente cerrar el caso. La represión contra los estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa se erigió, además, en símbolo y síntesis de la violencia estatal y paraestatal que padeció el pueblo mexicano desde hace más de una década.
Desde la asunción de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 1º de diciembre de 2018 soplan vientos de cambio en México. La lucha contra la corrupción, la impunidad y la violencia estatal y paraestatal está entre los muchos desafíos que viene encarando para lidiar con la pesada herencia que encontró tras tantos años de neoliberalismo.
Como una de sus primeras medidas de gobierno, AMLO dispuso la reapertura de la causa, estableciendo una Comisión Especial destinada a esclarecer el caso. Sin embargo, al día de la fecha no se presentaron nuevas pruebas. La hipótesis más firme sigue señalando que los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron para después tirar sus restos a un río cercano a la zona.
El sábado 31 de agosto, la justicia mexicana, a pocos días de un nuevo aniversario de la masacre, como una verdadera provocación, liberó a Gildardo López Astudillo, uno de los principales sospechosos de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Astudillo se encontraba detenido desde septiembre de 2015.
A punto de cumplirse cinco años de la tragedia, no hay un solo condenado, y los familiares de las víctimas exigen que no se paralice la causa.
Según informó Página|12 en su edición del 4 de septiembre, Astudillo ocupaba un lugar importante en la estructura de la banda delictiva llamada Guerreros Unidos.
La liberación del sospechoso pone en duda el futuro de los procesos contra los otros acusados, entre los que se encuentran los presuntos autores intelectuales. La decisión de la Justicia es una más de las maniobras que caracterizaron a la fiscalía del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, encargada de las pesquisas casi desde el principio, y señalada por aplicar tortura a detenidos, como método en los interrogatorios.
Las autoridades consideran que participó de manera activa en la desaparición de los estudiantes, la noche del 26 de septiembre del 2014.
La decisión del juez a cargo de la causa cierra el expediente de acusaciones contra Astudillo, quien fue liberado el sábado pasado del penal de alta seguridad de El Antiplano, según confirmó el diario mexicano Vanguardia.
Página|12 menciona que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) colocaba a Astudillo como responsable de haber señalado que los estudiantes pertenecían al grupo de Los Rojos, banda antagónica de Guerreros Unidos, y de ordenar que todos fueran “desaparecidos”.
“Nunca los van a encontrar, los hicimos polvo y los tiramos al agua”, escribió en un mensaje de texto que mandó por teléfono a su jefe Sidronio Casarrubias Salgado, líder regional de la banda. Fue en la madrugada del 27 de septiembre, horas después de que (de acuerdo a la investigación de la PGR) los estudiantes fueran incinerados.
Sin embargo, el juez a cargo de la causa desestimó las 81 pruebas presentadas por la PGR, y consideró que no existen pruebas suficientes para condenarlo, señala Página|12.
