A tres semanas del levantamiento popular, el presidente se aferra al cargo pese a que el 82 por ciento de la ciudadanía reprueba su gestión. El pueblo (cada vez más organizado) sigue movilizado y aguanta la creciente brutalidad de los Carabineros, que disparan al rostro, torturan y violan.
La represión es brutal, cruel, criminal. Los Carabineros apuntan sus armas al rostro, y ya hay más de 200 personas que han perdido uno de sus ojos. Las denuncias por abusos, violaciones, torturas y allanamientos ilegales suman cientos, y una misión internacional ya trabaja en Chile para comprobar la gravedad de la represión, propia de una dictadura. Se reportaron 23 muertos y casi dos mil heridos.
Chile se encuentra militarizado. Está claro que son los Carabineros y los militares quienes tienen el poder. Por eso actúan en forma discrecional, como cebados asesinos impunes contra el pueblo.
El presidente Sebastián Piñera actúa mal su papel del dialoguista y se aferra a un gobierno que perdió legitimidad, mientras la indignación popular crece: a la injusticia social y la vigencia de las formas más brutales de neoliberalismo, se sumó la represión.
El mandatario llamó al diálogo (pero eligió con quienes dialogar y de qué). Realizó algunas concesiones en ciertas políticas, las que los neoliberales llaman “agenda social”. Y hasta dejó abierta la posibilidad de acceder a uno de los pedidos más importantes de los manifestantes: reformar la Constitución, que data de 1980 y asegura la estructura social y política del pinochetismo que nunca se fue. La Carta Magna parida por la dictadura genocida dispone la privatización total de la vida y una gran injusticia social que se traduce en inequidad, exclusión, y un achicamiento de lo público a favor de los intereses de las corporaciones.
La reprobación de la gestión de Piñera alcanzó el 82 por ciento, todo un récord desde que volvió la democracia a Chile. Sólo el 13 por ciento de los consultados lo apoya. Los datos surgen de un estudio realizado en octubre por la Agenda Ciudadana Criteria y publicado por el diario chileno La Tercera. En septiembre, contaba con 30 por ciento de apoyo y 61 por ciento de rechazo.
El 79 por ciento de los consultados consideran que las movilizaciones tendrán consecuencias positivas y que mejorará la situación. Un 12 por ciento señaló que no servirán.
“Voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con quienes me eligieron y con todos los chilenos”, dijo en diálogo con la BBC de Londres.
“Estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución”, dijo el mandatario que llegó al poder en 2017. Pero la mayoría de los que se manifiestan en las calles quieren, además de reformar la Constitución, que se vaya Piñera.
Organizaciones de derechos humanos van a comprobar la masacre
Este miércoles fue presentada la misión internacional que llegó a Chile a comprobar la gravedad de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. La presentación se realizó en la Sede de Observatorio Ciudadano. La misión está constituida, entre otras organizaciones, por la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (participará como observadora Nora Cortiñas), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LIDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, Articulo 19 de Brasil, y Front Line Defenders de Irlanda.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó permiso para actuar en ese país.
Según informó Página|12, los veedores se reunirán con organizaciones civiles, víctimas directas de la represión y representantes gremiales y estudiantiles que participan de las movilizaciones.
“La misión cuenta con más de diez observadores internacionales de gran nivel. Creo que la pertinencia la brinda también el hecho de ser una misión que proviene y surge desde las propias organizaciones de derechos humanos en Chile”, destacó en diálogo con Página|12 la periodista y activista de la ONG Observatorio Ciudadano, Paulina Acevedo.
“Vamos a reunirnos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y visitar tres ciudades: Santiago, Valparaíso y Temuco. Allí tendremos reuniones con organizaciones civiles y de derechos humanos. Luego vamos a ir a instituciones sectoriales (estudiantes, gremios, colectivos de artistas, etc.). Buscamos de esa forma recolectar testimonios de víctimas que respondan a patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos”, señaló.
Según detalló Página|12, la misión contará con presencia argentina. El abogado del equipo de Litigio y Defensa Legal y miembro del CELS, Andrés López, llegó a Chile representando a la institución. “Desde hace muchos años venimos trabajando con organizaciones chilenas”, explica. López destaca la importancia de formar parte de la misión, para “realizar una tarea de registro, relevamiento de casos, entrevistas; en suma, darle un marco a las violaciones a los derechos humanos que estamos viendo a diario”.
El también argentino Enrique Font participa de la misión en representación de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), según señaló Página|12. “Sí es nueva la escala, dado el nivel de intensidad de la protesta social y la reacción que está teniendo el Estado, pero no resultan prácticas totalmente desconocidas”.
“En 2016, el Comité Contra la Tortura de la ONU en Chile marca como problemas muy significativos la tortura y los malos tratos, la dificultad de la defensa pública y el mal funcionamiento del sistema penitenciario. En 2018, un nuevo informe del Comité vuelve a marcar situaciones que hoy parecen novedosas: violaciones a mujeres en contexto de detención, y torturas y maltratos en traslados y detención. Es decir, esas cuestiones no atendidas terminan generando las condiciones para que sucedan hoy estas cosas”, sostiene Font.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscará vigilar de cerca la situación de los derechos humanos tras las denuncias recolectadas. “La CIDH, a solicitud de un centenar de organizaciones, instituciones y movimientos de derechos humanos de Chile, ha formalizado un pedido de anuencia al Estado para una visita in loco de observación sobre la situación general de los Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales”, expresó la Comisión a través de Twitter.
Violencia sexual contra mujeres
Según informó el diario chileno La Cuarta, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella por las torturas de que fue objeto una adolescente de 15 años, quien fue golpeada en su vagina con un bastón de servicio de Carabineros de Chile, durante un procedimiento efectuado en la Plaza de Maipú. La misma adolescente luego fue obligada a desnudarse en un baño de la 25° Comisaría de la comuna.
La acción legal se presentó ante el 9° Juzgado de Garantía y busca determinar las responsabilidades de las vejaciones que se iniciaron en el contexto de una manifestación que se llevaba a cabo en el sector del Templo Votivo, y que luego continuaron en un recinto policial.
Según el relato de la víctima, ella se vio envuelta en un enfrentamiento entre manifestantes y carabineros, contexto en el cual un funcionario policial varón la golpeó en su zona genital y la arrastró violentamente por el piso. La agresión continuó en un baño de la 25° comisaría donde (según relata la querella del INDH), “una funcionaria procedió a practicarle una revisión corporal a la menor de edad, fuera del marco legal permitido, exigiéndole que se desnudara por completo en su presencia”.
La menor de edad estuvo retenida durante al menos cuatro horas en la comisaría, desde las 18 horas cuando fue detenida. Un funcionario del INDH que llegó hasta el lugar, constató la situación, dando cuenta que hasta las 22.30 aún no se realizaba el procedimiento de ingreso de la menor de edad a la unidad policial, y que no se le había informado sobre el motivo de su detención, ni la hora a la que sería liberada. El INDH señaló que espera que se sancione penalmente a los responsables y que se establezca la verdad de los hechos ocurridos.
El caso de esta menor es apenas un ejemplo de los cientos de violaciones, vejaciones y torturas contra mujeres desde que comenzaron las protestas hace tres semanas.
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