El gobierno provincial consiguió en tres días la ratificación del Consenso Fiscal 2019 –que suspende el anterior, orientado a desfinanciar al Estado con reducciones de gravámenes– y una reforma impositiva de carácter progresivo, pero no obtuvo las declaraciones de emergencias en varias materias que había solicitado a la Legislatura. Los ministros de Omar Perotti adelantaron que insistirán con este último tema, considerado vital para enfrentar la actual situación de crisis, durante el período extraordinario de sesiones parlamentarias. Es decir, antes del 1º de mayo. El bloque de Senadores del PJ liderado por el sanlorencino Armando Traferri esta vez dio los votos para aprobar el paquete de leyes impulsado por el Ejecutivo, pero fue el Frente Progresista en la Cámara baja que preside Miguel Lifschitz, quien estableció un escollo a la iniciativa del gobernador. Entre ambos habían desoído el pedido de Perotti de contar con un presupuesto 2020 elaborado por la gestión que asumió el 11 de diciembre, para aprobar uno craneado por la administración saliente.
En progreso
El Senado el 27 de diciembre y Diputados tres días después aprobaron la ley de reforma impositiva impulsada por el nuevo gobierno.
La norma busca progresividad en el cobro de impuestos. Es decir, mayor presión fiscal sobre aquellos sectores que poseen más posibilidades de enfrentarla.
Así, la ley sancionada el último día hábil del año pasado establece incrementos para los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano, mantiene la suba dispuesta para el impuesto a los Sellos, propicia un ajuste en la Patente Automotor y grava con mayor énfasis a los sectores que el diputado justicialista Ricardo Olivera consideró, durante la sesión, los “beneficiados” con el anterior modelo económico nacional: las exportadoras de cereales y derivados y los bancos.
El texto aprobado por ambas Cámaras sufrió modificaciones en el Senado, donde a pesar de tener mayoría propia, el peronismo buscó la sanción por unanimidad.
Legisladores del Frente Progresista impusieron un tope al techo de aumentos del inmobiliario Rural para aquellas unidades productivas de mayor extensión, que se estableció en el 65 por ciento. El proyecto original que había defendido ante los parlamentarios el ministro de Economía, Walter Agosto, llegaba al 110 por ciento para los campos más grandes. “Fue para proteger a la ex esposa de (Guillermo) Estévez Boero”, bromeó ante El Eslabón un senador del PJ en referencia a Inés Bertero.
Las unidades productivas de hasta 50 hectáreas, emparentadas con la vieja figura del “chacarero”, tendrán un gravamen similar al de 2019.
La nueva norma avanza en un viejo anhelo de los sectores progresistas de Santa Fe: gravar a las cerealeras radicadas en la provincia, por donde se exporta el 70 por ciento de la producción granaria, aceites y derivados que produce el país.
La reforma estableció una alícuota en el impuesto a los Ingresos Brutos del 2 por ciento de la facturación para las 18 agroexportadoras que desarrollan su actividad en suelo santafesino. Según explicó Agosto, 10 de ellas pagarán el 90 por ciento de la recaudación que se espera con la nueva alícuota.
Para el diputado Carlos Del Frade –que presentó varios proyectos en ese sentido– el camino emprendido por el gobierno de Perotti es correcto, aunque le reclamó más énfasis en gravar a los más tienen.
El diputado justicialista Luis Rubeo hijo insistió en varias oportunidades con un proyecto propio para gravar a las empresas que se quedan con la parte del león de la producción primaria nacional.
El entonces gobernador Lifschitz se negó a avanzar en ese sentido, aunque en 2016 accedió a cobrar un 0,5 por ciento de Ingresos Brutos a las cerealeras. Una alícuota menor en relación a la escala con que están gravadas otras actividades comerciales menos rentables. Por presión de las Bolsas de Comercio de la provincia luego la redujo al 0,25.
La reforma impositiva votada por la Legislatura unificó, por otra parte, en un 7 por ciento la alícuota de Ingresos Brutos que pagarán este año los otros ganadores del modelo macrista: las entidades financieras.
También por pedido del Frente Progresista, redujo al 5,5 a aquellas entidades cuya facturación no supere los 4.500 millones de pesos anuales, de modo de reducir la carga fiscal sobre la banca cooperativa y el único ente estatal que existe en la provincia, el Banco Municipal de Rosario.
La reforma incluye un incremento del impuesto Inmobiliario Urbano entre el 10 y el 40 por ciento, en modo progresivo de acuerdo al valor de los inmuebles, y por debajo de la inflación de 2019 que se ubicará sobre el 55 por ciento.
¿Yo señor? No señor
Si bien el Senado aprobó el 27 de diciembre el conjunto del paquete de medidas impulsada por el gobierno, Diputados puso un obstáculo a la iniciativa del oficialismo en cuanto a las declaraciones de emergencia en materia alimentaria, de salud, seguridad y administrativa, entre otras.
El Frente Progresista, liderado por Lifschitz, cerró el paso a esa ley con argumentos más técnicos que políticos. Aunque quedó flotando en el aire de la Cámara baja el contenido político del asunto: aprobar las emergencias suponía, de modo indirecto, asumir que su gestión había dejado la provincia en esa situación.
En rigor, los daños que sufren los santafesinos no son muy distintos a los de los pobladores de otros distritos, consecuencias de la política económica de Cambiemos.
“No consideramos que lo que se pretende establecer a través de las declaraciones de emergencia sea necesario para los problemas que hoy atraviesa la provincia de Santa Fe. Tienen las herramientas con la legislación vigente, en el presupuesto. Además, a partir de hoy van a contar con un incremento considerable en las partidas presupuestarias a través de la recaudación con los nuevos montos que van a surgir de la ley tributaria”, dijo Pablo Farías, del Frente Progresista.
El radical cambiemista Julián Galdeano sostuvo que su bancada no comparte “facultades extraordinarias ni superpoderes al Poder Ejecutivo ni la salida del control institucional por parte de la Legislatura”.
Leandro Busatto, por el oficialismo, argumentó: “Nos preocupa la no entrega de herramientas esenciales para el gobernador en un momento de mucha crisis. Y nos preocupa que tengamos que estar prácticamente mendigando apoyo legislativo sobre algunos temas concretos. Me parece que el 16 de junio las responsabilidades quedaron demostradas cuando la gente decidió que fuéramos gobierno y a partir de ahí me parece que lo que debería hacer el FPCyS es colaborar con la entrega de herramientas importantes para un gobierno que está recién arrancando, frente a un proceso de crisis fenomenal”.
Con 33 votos negativos sobre 50, las declaraciones de emergencias quedaron truncas. Luego del traspié legislativo, el ministro Michlig anunció que el gobierno insistirá “con proyectos individuales similares” porque, enfatizó, “son necesarios”.
“La preocupación de muchos es qué hacemos con la cláusula gatillo, pero tenemos necesidades básicas que no se están pudiendo atender hoy”, afirmó el funcionario, para abundar: “Analizaremos nuevos proyectos y los enviaremos a extraordinarias para tratarlos cuando sea, porque queremos dar la discusión”.
Mientras se producía este debate, el gobierno anunció un cronograma de pagos a empleados públicos –entre ellos los docentes– y pasivos que se extiende hasta mediados de este mes, lo cual provocó la legítima y esperable resistencia sindical (ver página 5).
La Casa Gris explicó que la cancelación de las obligaciones salariales no será “siempre así”, pero es el resultado del déficit de caja heredado. Y aclaró que renunció al mecanismo que utilizaba Lifschitz para hacer frente a los sueldos del sector público: contraer deuda con una tasa anual promedio del 65 por ciento.
Pedir créditos para pagar salarios no luce como la mejor opción financiera, pero como sabe el ex gobernador, reduce la conflictividad social.
Fuente: El Eslabón
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