Mabel Gabarra, abogada e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó la importancia que implica la adhesión provincial al protocolo nacional, que así acompaña la actitud del presidente Alberto Fernández de avanzar en un nuevo proyecto de ley que contemple el derecho a decidir, anteponiendo la seguridad de quienes así lo decidan.
El gobernador Omar Perotti firmó la semana pasada el decreto N° 00007 mediante el cual la provincia de Santa Fe adhiere al protocolo de Interrupción legal del Embarazo, ILE 2019. Si bien la provincia históricamente asumió responsabilidades respecto al derecho a decidir de las personas gestantes, es la primera vez que lo hace mediante un decreto del Ejecutivo.
Desde su última modificación a principios de enero, mediante la resolución 1/2019, establece una guía para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo sistematizando, una práctica para ser aplicada en todo el territorio nacional. ¿Qué dice la norma que será una herramienta técnica para los equipos de salud, según el marco jurídico argentino vigente?
En ese sentido, Gabarra se refirió a la posición histórica de la provincia respecto a la salud sexual y reproductiva: “Siempre adhirió a los protocolos nacionales mediante su Ministerio de Salud, pero ésta es la primera vez que lo hace mediante un decreto”.
También consideró que “hay que analizar ciertas cuestiones”. “Es importante saber que el ministro de Salud nacional, Ginés González García, fue la primera persona del Ejecutivo que ya en el 2005 había hablado de la necesidad del aborto legal. Siempre mantuvo su posición al respecto, de una forma que para nosotras es muy importante, ya que condiciona también la voluntad de muchos ministros de salud provinciales”, analizó.
Cabe remarcar que González García se reunió con gran parte de los ministros provinciales a fin de relatar e informar cuáles son las políticas en materia de salud que impulsará el gobierno nacional, y que espera sean acompañadas por las carteras provinciales.
“Tiene que ver, también, con los fondos que Nación derive para la aplicación de estas políticas. Todo esto va a favor de que las provincias adhieran (al ILE) en su totalidad, porque también hay que tener en cuenta que son muy pocas las que adhirieron, hay muchas otras que no lo hicieron o sacaron protocolos propios que no tienen nada que ver con el nacional”, acotó.
Una cuestión nacional
Junto con Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco, ya son diez las provincias que oficialmente adhirieron al protocolo. Por su parte, Formosa y San Juan no están adheridas, pero utilizan el protocolo nacional. En tanto Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán figuran sin protocolo propio ni adheridas al nacional.
Por otro lado, tanto Mendoza como Catamarca constituyeron en 2018 su propios protocolos. En sintonía se ubicaron Córdoba, Chubut, Río Negro, Neuquén, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y La Pampa, según datos de octubre de 2019 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera nacional.
“Las provincias del norte, donde se comente las mayores barbaridades no tienen protocolo, se llevan adelante intervenciones porque hay una red de profesionales por el derecho a decidir que llevan adelante una tarea sumamente comprometida con la salud de las mujeres y hay militancia feminista en cada provincia que hace toda la tarea para que esto se realice.
El costo es muy grande, el número de nenas de 10 u 11 años que sufren una enorme cantidad de destratos y discriminación para llegar a un aborto es terrible”, señaló la abogada.
Verde esperanza
Con la llegada al poder del presidente Alberto Fernández, el pasado 10 de diciembre pasado, se reactivaron los derechos perdidos durante el macrismo. En materia de salud, además de volver a ascender de rango de secretaría a Ministerio, se recuperaron más de 12 millones de vacunas contra el sarampión retenidas en la aduana, se recompusieron los descuentos y la gratuidad de medicamentos a los jubilados y también se puso en marcha el vetado protocolo de Interrupción legal del embarazo. Mauricio Macri lo había echado por tierra días antes de terminar su mandato, retrocediendo incluso con una medida anunciada por su ex secretario de Salud Rodolfo Rubinstein.
“Estamos muy esperanzadas con el gobierno de Alberto Fernández porque es la primera vez en la historia que un presidente dice ya desde su campaña electoral y luego lo reitera al asumir, que va a llevar adelante la discusión de la ley y que va a mandar un proyecto al parlamento”, destacó Gabarra.
“Esperamos que tenga muchas cosas del proyecto que presentamos nosotras, que ya está en el Parlamento, aspiramos a que sea lo más parecido posible”, expresó.
Respecto al tratamiento parlamentario, Gabarra, quien participó como expositora en el pasado debate deslizó: “El lugar más difícil sigue siendo la Cámara de Senadores y lo seguirá siendo. Pero creemos que esta vez, siendo la primera que el Ejecutivo va a mandar un proyecto, tendrá una fuerza política importante”.
No obstante advirtió que el debate “será duro, más allá de la voluntad política de un gobierno que avala y posiciona a los legisladores y legisladoras a dejar de lado sus opiniones personales para responder a una política pública”
“Nos parece que es muy auspicioso, aunque tenemos que ver cómo se suceden las cuestiones. Alberto Fernández ha estado presente por ejemplo en la presentación del libro sobre Belén junto a compañeras de la campaña, y mantuvo su posición considerando que el aborto clandestinos es un tema de Salud pública y que por lo tanto, debe ser legislado. También sostuvo que se van a llamar a compañeras de la campaña para debatir con ellas este proyecto antes de enviarlos a las cámaras”, recordó.
Los principales puntos del nuevo protocolo
La actualización 2019 del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se propuso como objetivo fundamental ofrecer una guía y una herramienta técnica para los equipos de salud, para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino vigente. El mismo se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales.
El ministro Ginés González García declaró el pasado 13 de diciembre la necesidad de “actualizar periódicamente, cada uno o dos años debido a los avances científicos” el documento.
El mismo consta de 79 páginas y detalla los derechos de las personas y responsabilidades del sistema de salud ante esos casos, aportando una pormenorizada descripción del procedimiento para realizar la interrupción del embarazo y la anticoncepción necesaria pos interrupción del embarazo.
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