La Municipalidad de Venado Tuerto, a cargo del radical Leonel Chiarella, desplegó un operativo de encuestas a trabajadores municipales en las cuales se les consulta qué religión profesan, si tienen redes sociales, cuáles son los ingresos familiares, y otros datos sobre sus bienes y su situación personal.
Al respecto, desde el bloque opositor de concejales del Partido Justicialista solicitaron un informe al Ejecutivo a través de una minuta de comunicación para conocer los alcances de este sistema implementado desde la asunción de las nuevas autoridades el 10 de diciembre.
En la presentación, el bloque integrado por Patricio Marenghini, Pablo Rada y Emilce Cufré, afirma que a los encuestados “no se les informa el destino de esa información y su posterior uso, con el consiguiente temor de los trabajadores, que desconocen muchos de sus derechos y se enteran del contenido cuando ya están realizando la mencionada encuesta”.
De esta manera, para los legisladores peronistas la decisión del Municipio venadense estaría “violando preceptos fundamentales de nuestra Constitución Nacional y de la Organización Internacional del Trabajo” y consideran de suma importancia “contar con información exacta sobre la encuesta para conocer sus objetivos y que los mismos sean difundidos una vez finalizado el relevamiento.
Por su parte, el jefe de Gabinete local Diego Milardovich relativizó la gravedad del interrogatorio y señaló que desde el gobierno municipal están “convencidos en la necesidad de evangelización de todos los hogares” y entienden que “donde entra la palabra, sea de la creencia que sea, siempre el entendimiento es más fácil y la armonía se logra con mayor facilidad”. Por esa razón, las preguntas referidas al credo de los empleados municipales fueron explicadas como un modo de estar al tanto de las posibilidades de intervención en situaciones complejas.
“Donde hay situaciones conflictivas como adicciones, todo lo que se pueda hacer desde ese ángulo, colabora mucho. Lo hicimos con la mejor de las intenciones. No fue una pregunta muy cuestionada por la gente, sino que fueron casos aislados de personas que no entendieron cuál era el objetivo de esa pregunta”, agregó el funcionario municipal.
Los ediles justicialistas también llamaron la atención sobre las consultas vinculadas a las redes sociales personales de los empleados y apuntaron que “una persona que podría ser funcionario de esta administración intenta censurar las publicaciones de empleados a través de este sistema de comunicación”.
“Nosotros estamos preocupados porque no sabemos si ellos están contándoles a los empleados sobre el carácter de esta encuesta. Al ser un nuevo gobierno, los empleados se ven obligados a responder porque no saben qué les va a pasar”, destacó la concejala Emilce Cufré, y agregó: “Lo peor es que en la intromisión en la vida privada llegan a preguntar por las redes sociales, donde ellos tienen un equipo que revisa y pide que bajen publicaciones, censurando a los trabajadores, violando todo derecho constitucional. Además, lo están haciendo con cualquier vecino de la ciudad cuando ven una publicación que pueda afectarlos. Tienden a querer manejar la vida privada de todos”.
Por último, los legisladores advirtieron sobre “una presunta persecución ideológica que afectaría a militantes o empleados identificados con la ideología justicialista, generando movimiento de trabajadores que ni siquiera ocupaban cargos políticos. Estando en un estado de democracia y libertad de pensamiento, entendemos que es obligación de los gobernantes proteger estos derechos constitucionales y no promover acciones discriminatorias impropias de un estado democrático”.
