Colombia es el país latinoamericano con más asesinatos de defensores de derechos humanos, señala el informe que presentó este miércoles 4 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el relator especial sobre la situación de los militantes, Michel Forst, tras su visita al país sudamericano del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018. A esto se suma otro dato preocupante: la tasa de impunidad de homicidios contra defensores de derechos humanos e integrantes de movimientos sociales se sitúa alrededor del 95 por ciento.
Según señala la página oficial de la ONU, el informe afirma que “las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques”.
Pese al descenso en la tasa general de homicidios que registró Colombia desde 2011 -que sigue siendo alta-, los asesinatos de los defensores de derechos humanos aumentaron desde 2016, según los datos de fuentes estatales como la Defensoría del Pueblo, la ONU y la sociedad civil.
El informe de la Consejería Presidencial destaca un importante descenso en el número de asesinatos y de municipios afectados tras la llegada al poder del presidente Iván Duque. Sin embargo, el relator destaca que el índice de esos crímenes sigue siendo muy elevado, con 52 verificados por la Oficina de la Alta Comisionada en 47 municipios durante la primera mitad de 2019.
Forst hizo especial hincapié en la falta de Justicia en Colombia, e indicó que históricamente la tasa de impunidad de homicidios contra los defensores de las garantías fundamentales se sitúa alrededor del 95 por ciento, en comparación con la de homicidios dolosos, que fluctúa entre un 86 y un 94 por ciento.
Sin embargo, según recuerda el informe de ONU, desde 2016 la Fiscalía decidió priorizar la investigación de los asesinatos de defensores documentados por la Oficina de la Alta Comisionada, con 302 casos.
De estos crímenes, la Fiscalía detalla que a fecha de agosto de 2019 “33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 que se cerraron por la muerte del indiciado”. Estas cifras conllevan un 11 por ciento de casos esclarecidos, frente a un 89 por ciento pendientes de determinar la culpabilidad, “si bien en el 54 por ciento de estos últimos se están dando avances en la investigación”, apuntó Forst.
No obstante, advierte que la realidad es todavía peor, porque “esta cifra no representa el universo total de asesinatos ocurridos y excluye aquellos que sucedieron antes del Acuerdo de Paz”.
“Cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos”, señala el informe.
El experto indica que los defensores de derechos humanos “más expuestos” tras el Acuerdo de Paz son los líderes sociales y comunitarios, los étnicos, y “sobre todo los promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra”.
Forst subraya la gran complejidad del contexto en el que estos activistas implementan su tarea en favor de los derechos humanos, especialmente “en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes”.
El informe hace referencia, además, a la situación de las personas que se ven forzadas a relacionarse con diferentes grupos armados ilegales y criminales y que se convierten en sus objetivos cuando se oponen a su presencia, al reclutamiento forzoso o a la explotación sexual de sus hijas, o cuando impulsan el Acuerdo de Paz, sobre todo en lo que se refiere a la reforma rural o el programa de sustitución de cultivos ilícitos, o se oponen a la extorsión.
Los activistas también plantearon a Forst la situación de peligro de los defensores indígenas y afrocolombianos, quienes “se enfrentan a una discriminación racial de facto con causas estructurales e históricas y a riesgos intrínsecamente relacionados con la defensa de los derechos humanos de sus pueblos, su forma de vida y sus tierras”.
Asimismo, la ONU denunció un incremento de los ataques contra la libertad de prensa el año pasado.”Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que trabajan sobre temas de derechos humanos y corrupción están en mayor riesgo, y quienes trabajan en las regiones de Arauca, Cauca, Antioquia y Nariño están más expuestos. En las zonas rurales se ha denunciado un clima generalizado de temor que ha llevado a la autocensura del sector”, apuntó.
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