En junio de 2003, cuando todavía no habíamos cumplido un mes en el gobierno, me tocó anunciar a la sociedad la decisión del presidente Néstor Kirchner de pedirle la renuncia a un importante funcionario.
Esa mañana una nota en la tapa de Página/12 reveló que esa persona había patrocinado a un ex represor en un caso de sustracción de menores durante la dictadura militar.
No, efectivamente, no lo sabíamos. Como tampoco lo sabía ninguno de los integrantes de los organismos de derechos humanos que para entonces ya habían tenido oportunidad de reunirse con el Presidente y distintos funcionarios del nuevo gobierno.
Por la tarde me comuniqué telefónicamente con el editor responsable de la nota para conversar pormenores y detalles del tema, que en este caso le estaban siendo revelados por un periodista a un funcionario del gobierno, cuando la lógica indica que suele ser exactamente al revés.
Después de conversar durante un buen rato me atreví a formular la pregunta que rondaba desde temprano en mi cabeza:
—Si nos conocés, si sabés de dónde venimos, quiénes somos, cómo pensamos y cómo actuamos, particularmente en el tema de derechos humanos, ¿por qué no me advertiste, por qué no me avisaste antes de publicar la nota?
La pregunta no era inocente, aunque tampoco una chicana, pero no esperaba una contestación que sabía que no existía, más allá de argumentos formales. Quizá ni siquiera me hubiera atrevido a formularla si no fuera porque se trataba de un viejo compañero y amigo.
En honor a la verdad, debo reconocer que escuché sorprendido un pedido de disculpas de parte del periodista, como nunca me había ocurrido, ni me volvería a ocurrir.
¡Cómo no previeron que esto iba pasar! Claman ahora algunas voces desaforadas a raíz del desborde por la desorganización en el pago a los jubilados y beneficiarios de la ayuda social, que se agolparon en busca de dinero en efectivo frente a las puertas de los bancos.
No, evidentemente, no lo previeron. Pero no sólo no lo previeron los funcionarios responsables. Por más que busque y rebusque en los archivos de los días previos, nadie manifestó públicamente que esto podía ocurrir. Nadie lo previó.
Ahora, un coro de astronautas y niños con un vals nos baila alrededor repitiendo su muletilla: “era previsible”. ¡Bailá! ¡Vení! ¡Volá!
Si era tan previsible, como dicen ahora, si el gobierno se estaba equivocando, y sobre todo si tanto les preocupan los jubilados y los más necesitados, ¿cómo es que no avisaron?
¿Cómo es que el gobierno no escuchó las voces que se alzaban de los dirigentes políticos de la oposición y los periodistas de los grandes medios? Es fácil: eso nunca ocurrió.
No lo previeron los que licuaron los ingresos de los jubilados con el recorte y la reducción del porcentaje en los aumentos; con el incremento constante de los precios de la canasta básica, la inflación y la depreciación de la moneda; los que vaciaron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y dilapidaron los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la timba financiera.
No lo previeron los pregoneros del modelo “a la inglesa” para enfrentar la pandemia del Covid 19, cuyos resultados saltan a la vista, con alrededor de 34.000 personas infectadas por el virus en Gran Bretaña, incluido el primer ministro, Boris Johnson, y 3.000 muertos; con campamentos sanitarios en Central Park y camiones frigoríficos apilando cadáveres en Nueva York, la zona más afectada de Estados Unidos.
No lo previeron los defensores de los grandes grupos empresarios que no aceptan, no las pérdidas, sino reducir sus márgenes de ganancias y pretenden cubrirse despidiendo trabajadores y achicando lo que ellos llaman “el gasto de la política”. Cuando es la política, desde la administración de los escasos recursos de un Estado devastado, quién debe hacerse cargo de la emergencia.
No lo previeron los que dicen respaldar la política sanitaria del gobierno en sus declaraciones públicas, mientras por lo bajo agitan cacerolazos a través de sus empleados en los medios de comunicación y las redes sociales.
Todos ellos, ahora se rasgan las vestiduras en la defensa de los jubilados y los más vulnerables frente a la pandemia del Covid 19. Pero no lo previeron.
No se trata de diluir la responsabilidad de los funcionarios. El gobierno asumió el error y está haciendo las correcciones necesarias.
Néstor Kirchner solía repetir que «no queremos tropas disciplinadas que a todo digan sí, queremos compañeros y compañeras que piensen, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que nos ayuden a equivocarnos lo menos posible». Tampoco se trata de decir a todo que no.
Desde hace varios años comenzó un proceso de bancarización de los adultos mayores con el propósito, entre otras cosas, de evitar el abuso financiero. Se delegó en las entidades bancarias la gestión del pago de jubilaciones y pensiones, y demás asignaciones sociales.
Esta transformación no se hizo acorde a las necesidades específicas de los adultos mayores, sino a las reglas que impone el sistema financiero. No fue una bancarización socialmente responsable.
El sistema bancario, entre otras cosas, no capacitó a sus empleados para la atender a este sector social; no existen cajeros automáticos exclusivo, con pantallas más grandes, en un espacio privado, que agreguen audio, mejoren los controles (botonera), y tengan interfaces adaptadas a las necesidades de los adultos mayores.
Es necesario comenzar a trabajar de manera inmediata en un sistema bancario amigable con los adultos mayores. Capacitarlos en el uso de las nuevas tecnologías para permitirles operar en los cajeros automáticos y la banca electrónica (home banking), lo que podría hacerse en los centros de jubilados con profesores entrenados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Además de formar al personal de las entidades bancarias en la atención del sector y la instalación del equipamiento tecnológico específico.
En Argentina las jubilaciones se pagan en los bancos públicos y en algunos pocos privados chicos y con pocas filiales. Permitiendo que los jubilados cobren el total de su haber jubilatorio en cualquier cajero automático del país de distintas entidades, tanto de las redes Banelco y Link, la oferta de pagadores disponibles crecería exponencialmente. Las sucursales propias quedarían únicamente para trámites personales como la solicitud o el retiro de tarjetas.
Otra alternativa es la instalación de sucursales bancarias o cajeros automáticos móviles, una experiencia que ya fue probada; o la posibilidad de retirar dinero en efectivo en comercios autorizados, como se hace en grandes cadenas de supermercados y farmacias con tarjetas de débito o crédito (cash back).
“Los jubilados y los hermanos más necesitados son nuestra prioridad. En medio de una pandemia, cobrar una jubilación o un beneficio del Estado no puede convertirse en un riesgo para la salud. Eso es inadmisible” dijo el presidente Alberto Fernández.
Los adultos mayores son quienes enfrentan el riesgo mayor y nuestra obligación social es cuidarlos y protegerlos. Sobre los previsibles críticos de la previsión, se debe alzar la moral de los que trabajan por la justicia social verdadera.
* Miguel Núñez es periodista. Fue Vocero Presidencial de Néstor Kircher (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2009)
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