Otra manifestación, convocada desde los medios y por el gobierno radical local, partió desde la sede central de la empresa hacia los tribunales en la localidad lindante, bajo el lema “No a la intervención y expropiación de nuestras empresas”.
La caravana arrancó este martes desde la sede central de Vicentin hasta los tribunales de Reconquista donde se está tramitando desde febrero pasado, la convocatoria de acreedores de la agroexportadora. Además anunciaron que realizarán un “banderazo el próximo sábado 20 de junio, en el cruce de Ruta 11 y 31, en Avellaneda.
Cavando la grieta
La Sociedad Rural de Reconquista, en un comunicado de prensa, expresó: “No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón. No juzgamos conductas empresariales, para ellos está la justicia. Desde el punto de vista ético juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público. Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República. Avasallar la constitución es nuestra desintegración como Nación”.
Por su parte, el intendente de la localidad de Avellaneda, Dionisio Scarpin, volvió a manifestar su oposición a la decisión del Gobierno nacional de expropiar Vicentin, al tiempo que aceptó que la empresa debería “rendir cuentas” en la justicia si eso fuera necesario.
En diálogo con radio Led, el jefe comunal sostuvo que la crisis desatada en Vicentin se desencadenó a mediados de agosto del año pasado, tras la derrota sufrida por el por entonces presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias. “Los productores que le habían entregado mercadería a Vicentin y que la liquidaban cuando tenían ganas, o cuando había mejores precios, fueron de manera masiva a retirar sus cosas y eso fue un chorro de dólares que salió de la empresa en un mes y medio”, relató Scarpin sobre la situación generada después del triunfo electoral del por entonces candidatos a presidente Alberto Fernández.
El intendente del municipio santafesino en el que se encuentra la principal planta de la empresa Vicentin, dijo que en esa comunidad hay preocupación sobre la posibilidad de que el Estado expropie la compañía, al tiempo que aceptó que “si la empresa tiene que rendir cuentas en la justicia, que las rinda”.
“Hay una preocupación del avance del Estado en la sociedad privada de Argentina: a lo mejor una empresa que puede ser una empresa pública, que puede ser una aerolínea o ferrocarriles está muy justificado, pero no una empresa alimentaria”, argumentó el jefe comunal.
“Si la empresa tiene que rendir cuentas ante la justicia, que las rinda”, dijo luego Scarpin, al ser consultado sobre los préstamos impagos que realizó el Banco Nación a Vicentin durante la gestión de Mauricio Macri.
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