¿Qué?
El banderazo del 20 de junio organizado por el sector ultra del ruralismo en contra de la expropiación de Vicentin tuvo resonancias mediáticas y judiciales. En los días previos, el rechazo de la iniciativa legislativa manifestado por los diputados cordobeses sembró de dudas la obtención de quórum y posterior aprobación en el Congreso, reinstaló el espectro de la Resolución 125 –oportunamente sacudido por los voceros de la fracción concentrada–, y obligó un cambio de la estrategia del gobierno nacional en coordinación con el de Santa Fe.
El miércoles, el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, que antes había repuesto el directorio de la empresa y dejado como simple veedor al interventor nacional, negó el pedido del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para desplazar a los directivos de la firma y reemplazarlos por Gabriel Delgado y Luciano Zarich, los dos designados por el gobierno nacional, sumando a Alejandro Bento, nombrado por el gobierno provincial, como tercer integrante.
El gobernador santafesino intenta una reconciliación entre cooperativas, productores y Estado, impulsando la vía concursal con el objetivo de formar una nueva estructura con las entidades que tienen arraigo e influencia en las regiones, los trabajadores del complejo aceitero y el Estado nacional y provincial.
La posibilidad de que el proyecto Vicentin se hunda en el fárrago de un juzgado provincial y deje un tendal de dañados en el cuerpo productivo de la zona núcleo, despejando el camino para una mayor concentración y extranjerización en medio de una crisis mundial inédita, refuerza la prioridad de darle continuidad a las fuentes laborales, facilitar la reactivación de las plantas y disponer un plan de pagos para las obligaciones contraídas con más de dos mil acreedores, pero también recalca la dimensión estratégica del futuro de la empresa.
El mismo día del fallo judicial, Perotti se reunió, junto al ministro de Producción, Daniel Costamagna, con representantes de la Asociación de Cooperativas Agrarias y más tarde con representantes de la Mesa Agropecuaria compuesta por la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). La meta es un acuerdo social y productivo en torno a un esquema mixto como alternativa a la expropiación y contemplando la creación de un consorcio entre las cooperativas agrícolas, las acopiadoras, YPF Agro y con el Estado reservándose la acción de oro.
«Es una de las empresas a las que en 1982 el Estado le estatizó sus deudas por 2 millones de dólares. Me resisto a señalar que «todos somos Vicentin» como si esta empresa hubiera sido ejemplar. Prefiero ser representativa de los sectores pymes, trabajadores y trabajadoras que le ponen el cuerpo y el alma para sacar a sus empresas adelante», señaló la senadora nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, una de las legisladoras que impulsó la aprobación de la ley para investigar a Vicentin que obtuvo 41 votos a favor del oficialismo y la denuncia de violación de reglamento desde el bloque de Juntos por el Cambio.
El proyecto tiene como objeto “conocer, investigar y esclarecer posibles maniobras fraudulentas” vinculadas al crédito otorgado a la empresa por parte del Banco Nación y le asigna a la comisión investigadora facultades para acceder al detalle del concurso de acreedores, requerir información a la justicia, citar testigos, exhibir pruebas contables, inspeccionar lugares y requerir el uso de la fuerza pública si fuera necesario.
¿Por qué?
Los sectores del “campo” que viven en los pueblos y ciudades del interior son una víctima más del desfalco Vicentin. La producción es golpeada desde abajo. Los efectos de una crisis terminal son inimaginables en el tejido social de la Provincia.
El banderazo tuvo pertenencia y referencia de minoría, y se irradió desde la franja idiosincráticamente en contra de un gobierno peronista. Pero las fascinaciones de la ciudad, aún en su apariencia progresista, pueden alterar el escenario y hacer confluir intereses irreconciliables, amigarse entre rivales eternos, asumir posiciones intercambiables entre aventajados y perjudicados.
Para el diputado nacional y ex ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, autor de una de las propuestas alternativas que surgieron tras el anuncio del gobierno nacional, la iniciativa de Santa Fe tiene “la legalidad que no tenía el DNU nacional (al borde de la inconstitucionalidad) al ajustarse a derecho y reconocer al Juez del Concurso Preventivo, solicitándole la intervención”.
El referente del Frente Progresista dice que la propuesta que presentó el presidente Alberto Fernández tuvo dos errores: “Primero anunciar una medida de intervención y expropiación sin un análisis más profundo, detallado y en contacto previo con el gobierno de Santa Fe. Y, en segundo lugar, porque no hay un fundamento claro que justifique la expropiación”. En ese sentido, Contigiani advirtió que avanzar en esa línea le puede “salir muy caro al Estado” producto de la litigiosidad y, por lo tanto, puede “terminar beneficiando a sectores privados”.
La diputada provincial justicialista, Lucila De Ponti, dice ante el eslabón que lo principal es “asegurar las fuentes de trabajo y la continuidad de la producción” y explica que la propuesta de Santa Fe “está orientada a consolidar el proceso de intervención en coordinación con el proceso concursal y es muy importante teniendo en cuenta las presentaciones que ha hecho la IGPJ sobre la composición de la empresa y los movimientos patrimoniales, dejando en claro la intencionalidad de los directivos de vaciar sus patrimonios para no hacer frente a las deudas de la empresa”.
Los señalamientos de la oficina de inspección ponen en vista los movimientos de triangulación de sociedades mediante los cuales se redujo la posición accionaria de Vicentin SAIC sobre empresas controladas por el grupo.
“Es muy importante tener una inteligencia común entre los distintos actores que participan en este proceso y formar una masa crítica de apoyo social y cultural. Lo fundamental es que la empresa, que es de enorme magnitud, pueda seguir bajo bandera nacional, con participación del Estado en la conservación del interés público, para que se trace un camino hacia un modelo productivo orientado a la satisfacción de las necesidades del pueblo argentino y no solo a la satisfacción del lucro vinculado al agronegocio en un sector absolutamente concentrado donde hay poderes económicos de carácter transnacional”, apunta De Ponti.
Para Contigiani también es una necesidad insoslayable despejar cualquier solución que evite las responsabilidades penales de los directivos de la empresa y reduzca la incidencia de la defraudación al Estado y el proceso de vaciamiento en complicidad con las anteriores autoridades nacionales. “En ningún caso se debe dejar de investigar judicialmente lo que ocurrió”, afirma el dirigente oriundo de Arequito.
El mecanismo de endeudamiento acelerado y los pases de mano de empresas en las vísperas de la cesación de pagos exponen una modalidad financiera que atenaza la producción y el comercio de granos y tuvo anticipos de colapso con la caída de correacopios como BLD, Cereales del Sur o Sebastián Grimaldi.
La situación que actualmente atraviesa Molinos Cañuelas, una productora de alimentos que recorrió el camino inverso a Vicentin hasta incursionar en la agroexportación a través de la Compañía Argentina de Granos y la terminal portuaria Las Palmas en Zárate, con una deuda financiera con más de 40 acreedores entre los que se destaca también el banco Nación, expresa la crisis del núcleo financiero que el anterior gobierno desreguló y abasteció, e impacta de lleno en el precio de los alimentos y en la destrucción de la trama comunitaria del interior.
Además, exhibe con brutalidad el nivel de subordinación de las bases productivas respecto a la especulación y fuga de las cúpulas transnacionalizadas que manejan inversiones en planillas desde computadoras en una ciudad.
¿Cómo?
Vicentin es uno de los principales actores en el negocio de industrialización y comercialización de granos y derivados. Los actores afectados por las deudas que deja el holding nacido en Santa Fe se ubican en cada uno de los eslabones de la cadena de producción, incluyendo a entidades públicas, municipios y comunas.
Tan solo la deuda comercial en granos alcanza unos 25.600 millones de pesos, con la Asociación Gremial de Acopiadores, una organización que agrupa a 385 almacenamientos privados de todo el país, como principal acreedor. A ese lote lo integran también la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Unión Agrícola de Avellaneda.
Desde la IGPJ advirtieron sobre maniobras de algunos de los directivos de Vicentin, que a días de declarar el default iniciaron trámites para desprenderse de activos. “Hay que investigar cuál ha sido la acción de los directivos que ha llevado a una situación crítica de cesación de pagos a una empresa que tuvo un crecimiento sostenido durante 10 años, que es de las más importantes del país y que explica un gran porcentaje del volumen de exportación”, señala De Ponti.
El rol que la empresa ocupa en el sector es indudablemente estratégico, contando con un puerto propio en San Lorenzo y formando parte de la administración de Terminal Puerto Rosario. Sobre el tipo de configuración que debería adquirir la estructura de la empresa, Contigiani postula que debería ser una “sociedad anónima con participación estatal y en alianza estratégica con el cooperativismo”. Asimismo, para el diputado, la Provincia debe tener acciones en esa nueva sociedad anónima.
“Propuse desde el primer día la creación de una sociedad anónima con participación estatal, público-privada, mixta, a partir de una alianza de acreedores en el concurso preventivo con actores claves como el cooperativismo exportador. Compras o rescate de deudas de pequeños acreedores. Todo a partir del concurso preventivo”, subraya el exministro provincial.
Para la diputada del Frente de Todos, la estructura empresarial que surja “tiene que tener algunos elementos: la participación del estado nacional y provincial, por ser una empresa cuya principal actividad está radicada en la provincia; también la incorporación de las cooperativas agropecuarias que tienen un pie importante en la provincia y son actores dinámicos del sector de la producción y la comercialización de granos; y además, sería importante que estuviera incorporada la representación de los trabajadores”.
A la vez, De Ponti indica que el diseño de la nueva empresa debe seguir un “modelo innovador y estar orientado a darle continuidad a la actividad con una dimensión de éxito y solvencia económica, pero vinculado a objetivos de desarrollo del país” y puntualiza que “el enfoque tiene que considerar otro modelo productivo, incluyendo el ordenamiento del uso del suelo y el factor de la producción, lo que se vincula al concepto de soberanía alimentaria, que fue cuestionado de una manera muy lineal. No hablamos de que una empresa pueda abastecer la canasta alimentaria de toda la población argentina. Quizás puede abastecer la demanda del mercado interno en algunos rubros específicos y puede influir como empresa testigo para darle visibilidad a las mecánicas que se producen al interior del modelo productivo”.
En un contexto marcado por la pandemia del coronavirus que dejará tras de sí una serie de consecuencias impredecibles, la Argentina se enfrenta a la oportunidad histórica de fortalecer la posición del Estado y los actores fundamentales de la producción en un sector clave para la provisión de alimentos y divisas.
Es uno de los espacios de la vida económica más pujantes y dinámicos que tendrá un papel primordial en la reconstrucción de un país castigado por un parate global inesperado y desconocido, y doblegado por una crisis que legó un gobierno que en complicidad con los directivos llevó a la ruina a una empresa emblemática de un sector que siempre gana. El fraude imposible en el país agroexportador.
Fuente: El Eslabón
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