La Defensoría del Pueblo de Santa Fe le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convoque a una audiencia pública por la quema ilegal de pastizales en las islas entrerrianas, con el fin de que “todos los actores puedan exponer sus problemáticas y llegar a un acuerdo perdurable”.
El humo llegó a Rosario, tal como el reclamo a la Corte nacional. La propuesta de la entidad provincial apunta a “ que todos los actores sociales puedan exponer sobre las problemáticas de las islas del delta del Paraná” para de esa manera abordar soluciones para enfrentar las quemas de pastizales que afectan al ecosistema, según indicaron.
“También le solicitó al Máximo Tribunal que fortalezca el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas), que las defensorías del Pueblo puedan participar en él y que se requiera el reconocimiento necesario para identificar a todos los que hoy están realizando actividades agropecuarias en el delta del Paraná”, añadieron en un comunicado.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, explicó que también se le requirió a la máxima entidad judicial del país que la institución santafesina pueda volcar todo el conocimiento generado a partir de los numerosos años de actuación en la cuestión y que se fortalezca el Piecas, como órgano de gobernanza interjurisdiccional”.
En un escrito presentado este jueves, el titular de la Defensoría realizó una reseña de los incidentes vinculados con los incendios en las islas, del accionar de la institución desde 2007 hasta la fecha, y de las resoluciones que se adoptaron en el Máximo Tribunal. No obstante, y ante la recurrencia del problema, el organismo santafesino pidió llamar a una audiencia pública donde se expongan “planificación y medidas adoptadas en los últimos años, garantizando la participación ciudadana, que permita la coexistencia de las diversas actividades productivas de manera sustentable y la preservación de la integridad ecológica de los humedales”.
Según consta en el informe acompañado, Lamberto añadió en la presentación: “Entiendo, además, que es el ámbito apropiado para el aporte de expertos mediante la convocatoria de amigos del tribunal. En el caso, de hacerse lugar y así ordenarse, solicito se permita a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe a participar de la misma en virtud de los antecedentes en la materia”.
La defensoría provincial pidió además que la Corte Suprema “inste a los gobiernos provinciales involucrados: Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y al gobierno nacional a fortalecer el Piecas mediante la dotación de recursos económicos, humanos y la infraestructura necesaria para la implementación de soluciones efectivas de manejo del fuego en las islas, mediante una presencia efectiva y permanente del Estado para la prevención y en su caso mitigación del daño en el supuesto de producirse los incendios, sean o no intencionales, todo de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones acordados”.
En ese sentido, el documento también propone, tomando como experiencia el abordaje implementado en el marco de las inundaciones en las zonas de la cuenca de la laguna La Picasa, que se permita la participación en el Piecas de las defensorías del Pueblo de las jurisdicciones involucradas.
“Lo propuesto cuenta con el antecedente del conflicto de la cuenca del río Salí Dulce, donde las partes, en el marco de juicio ante Suprema Corte, firmaron acta acuerdo y en su cláusula 4º establecieron el compromiso de «instruir un procedimiento de consultas o participación ciudadana». Sobre la base de esa cláusula las defensorías del Pueblo de la Nación y de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero firmaron convenio para establecer un sistema participativo para el control de la contaminación de la cuenca y se comprometieron a ejecutar acciones necesarias para desarrollar procedimientos de consultas dirigidas a ambientalistas locales, sectores sociales ONG y asociaciones”, explica la nota.
El defensor del Pueblo santafesino requirió además que se “ordene a los gobiernos provinciales y municipales proporcionar información catastral respecto de las tierras afectadas” que posibilite la “identificación de las personas físicas o jurídicas que hoy realizan actividades agropecuarias en el delta del Paraná”, dado que “es necesaria la participación de todos los actores del conflicto para poder arribar a una solución consensuada”.
“Como defensor del Pueblo, representante de esta institución del Estado cuya premisa es el diálogo y respeto a los derechos humanos, estoy persuadido en que la solución definitiva solo se producirá por el acuerdo y consenso de las partes involucradas”, concluye el escrito presentado ante el Máximo Tribunal de Justicia nacional.
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