“El estado revolucionario no puede ser el estado permanente de la sociedad: un estado semejante declinaría luego en división y anarquía, y terminaría en disolución”, indicaba el 1º de agosto de 1816, el aprobado Manifiesto del Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica. La proclama presentada por el secretario Juan José Paso, a días de la declaración del 9 de julio, buscaba encauzar los debates sobre el rumbo y gobierno que debía tomar la supuesta independencia.

“Fin a la revolución, principio al orden, reconocimiento, obediencia y respeto a la autoridad soberana de las Provincias y pueblos representados en el Congreso y a sus determinaciones”, reseña Heráclito Mabragaña en Los mensajes. Historia del desenvolvimiento de la nación argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes (tomo I, 1810-1910, Buenos Aires 1910).

Parece rarito declarar la Independencia y parar la revolución. Sucede que los proyectos eran distintos, el sector que fue a Tucumán no representaba a todo el territorio, recordemos que los pueblos litoraleños no asistieron y ya habían trabajado por la autonomía. Desde el Uruguay, el investigador y filósofo Leonardo Rodríguez Maglio, remarca: “Dos filosofías se enfrentaron en el Río de la Plata: la oligárquica y parcialmente continuista del régimen anterior; y la popular, republicana y democrática, consecuentemente revolucionaria de Artigas”.

La revolución que intentaban frenar los porteños se relacionaba con la ruptura del orden impuesto. Para ellos, era algo de bochinche, no era el concepto de algo positivo, transformador. El manifiesto advirtió sobre el “virus revolucionario” que se propagaba y nutría de lo que destruía. Era necesario eliminar la discordia interna, más peligrosa que el enemigo externo. Para ello, el decreto definió a sus promotores como “enemigos del Estado”, y por lo tanto pasibles de ser castigados con penas “hasta de muerte y expatriación”. Era el momento del orden basado en un poder fuerte, legalizado por un congreso respetable, que pusiera fin a esa revolución.

Para el historiador Gabriel Di Meglio (autor de 1816. La verdadera trama de la independencia), “la paradoja del Congreso de Tucumán fue que sus integrantes eran notablemente más conservadores que sus predecesores revolucionarios, a tono con lo que ocurría en todos lados en 1816, pero fueron los que terminaron dando el paso independentista”.

Tras el 9 de julio de 1816, el Congreso empezó a debatir la forma de gobierno. Cuando el representante catamarqueño, el presbítero Manuel Antonio Acevedo, propone que el gobierno sea entregado a un descendiente de los incas, como impulsaba Belgrano, fue hasta burlado. Muchos diputados no se oponían a una monarquía constitucional, el diputado bonaerense Tomás Manuel de Anchorena se burlaba y criticaba duramente que se coronara a “un monarca de la casta de los chocolates cuya persona, si existía, probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el elevado trono de un monarca”.

El historiador Milcíades Peña (1933-1965), afirma que “es absurdo condenar los proyectos monárquicos de San Martín, Belgrano o Bolívar. Fue un paso hacia la constitución de la nación moderna, superando el aislamiento medieval de feudos y ciudades. Y América latina, al salir de la colonia, se hallaba en disgregación. Se habrían formado varios Estados más poderosos que veinte republiquetas, y la lucha por las conquistas democráticas, y hubieran dado en un plano favorable a las masas”.

Unión de los pueblos libres

“Desde fines de 1811, el artiguismo se había pronunciado en favor de la «soberanía particular de los pueblos»”, indica la uruguaya Ana Frega, profesora de Historia e investigadora.  “En abril de 1813, el Congreso de Tres Cruces resolvió la constitución formal de la Provincia Oriental, delimitó su territorio al espacio comprendido entre el río Uruguay, el Río de la Plata y la frontera hispano-lusitana, estableció la confederación”, explica. Y resalta Frega: “El artiguismo había adaptado del concepto «independencia» en la revolución. Hundía sus raíces en las relaciones entre territorios, estamentos y corporaciones en la monarquía española y que, asociado a la igualdad y al consentimiento, era presentado como una garantía para la unión duradera de las nuevas «soberanías independientes». También “retomaba planteos del derecho natural y de gentes donde la independencia era un atributo de los estados soberanos y que, en el contexto revolucionario, expresó una ruptura unilateral con la metrópoli”.

Separarse sin unión

En tanto, Leonardo Rodríguez Maglio, licenciado en filósofía (Piriápolis), señala que “a veces se olvida la doble significación de la Independencia política en Artigas, y sólo se ve el costado de la «separación de» y se niega la «unión con»; o se cae en su contrario al sólo insistir en la «unión», y negar la decisiva importancia que tenía para el Protector el que cada provincia se gobernara separadamente por sí misma”.
El filósofo remarca que “Artigas insistía en la independencia «de» (separación), para que cada provincia se gobernase por sí misma; la independencia «con» (unión), era para defender en conjunto aquel derecho a tener un gobierno propio, y «para su mutua y general felicidad», como estipulaban las Instrucciones del año 1813”.

“Tanto Artigas como el gobierno de Buenos Aires querían la unión, pero mientras Buenos Aires quería mantener para sí misma el dominio político y económico que había gozado como capital del Virreinato, Artigas no admitía esto”.

“Artigas quería una firme Liga de amistad, en igualdad de dignidad, privilegios y derechos entre todas las provincias; que era decir –para él–, entre todos los países del Río de la Plata y de América del Sur. Daba prioridad, por encima de la unión, al concepto de que «los pueblos deben ser libres» (4 de abril de 1813), y eso se expresaba concretamente en que debían gobernarse por sí mismos. Lo mismo exigía también para los pueblos indios, pues era la forma que él entendía que podían disfrutar la felicidad práctica de ser libres” sostiene Rodríguez Maglio.

Por último, Rodríguez Maglio advierte: “En el concepto del Protector, el punto central era respetar y salvaguardar los derechos de los pueblos», esto es «la administración de su soberanía»; ese era el fin al que servían como medios la Independencia y la Confederación. Esto implicaba igualdad y reciprocidad entre todas las provincias, por lo tanto, liquidaba los privilegios que Buenos Aires había tenido y gozado como capital del Virreinato. Algo a lo que la oligarquía residente en el puerto no quería renunciar”.

Fuente: El Eslabón

 

 

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  1. […] a las mujeres en 1816, cuando los diputados obedientes al centralismo querían imponer el fin de la revolución. Además de permitirles que pongan flores en “la Casita”, y barrerla, la Virgen Santa Rosa de […]

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