Este 24, 25 y 26 de agosto se llevarán a cabo las audiencias del Juicio Oral y Público por la ejecución en 2015 del joven de barrio Tablada en manos del prefecto Ariel Condori, quien llega a esta instancia en libertad.
La familia de Zamudio, junto a diversas organizaciones sociales de la ciudad, transitó durante cinco años “un arduo y doloroso camino para exigir y construir Memoria, Verdad y Justicia” según indicaron desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional en un comunicado, en el que repudiaron que “el prefecto Condori llega al Juicio Oral y Público en libertad a pesar de estar acusado de un grave delito, ya que en ningún momento de la causa les operadores judiciales intervinientes decidieron dictar prisión preventiva”.
El 27 de mayo de 2015, Maximiliano –de tan sólo 16 años– se encontraba en Tablada, su barrio, cuando el prefecto Ariel Condori Apaza le disparó tres veces con un arma no reglamentaria, y producto de esos disparos el joven murió. “El prefecto siempre sostuvo que se defendió ante una situación de robo. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida durante la investigación. La familia del joven y testigos de lo acontecido, declararon que Maximiliano se encontraba solo y desarmado en el momento en que el prefecto le disparó dos veces, desde su vehículo, y que luego se bajó y lo remató con un disparo en la cabeza mientras se encontraba indefenso y herido en el suelo.
Sus familiares, el equipo jurídico y las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos que componen la Multisectorial Contra la Violencia Institucional consideraron que “hemos llegado a este Juicio Oral y Público luego de un duro y difícil proceso de lucha, repleto de reveses judiciales que no deben ser olvidados y deben ser firmemente cuestionados como parte de una forma de abordaje e investigación de las causas de violencia institucional que debe ser erradicado definitivamente”.
“Desde un primer momento, la investigación en lugar de ser impulsada por la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional, –por el hecho de ser un agente de Prefectura el responsable de la ejecución sumaria– fue tomada por la Unidad Fiscal de Homicidios. Ello implicó que el caso no fuese reconocido como un hecho de violencia institucional y por tanto no fuese investigado como tal”, agrega el escrito.
#AgitemosContraElGatilloFácil#NiUnxPibxMenos#ElEstadoEsResponsable#BastaDeGatilloFácil#JusticiaPorFrancoCasco#JusticiaPorMaxiZamudio#MarchaNacionalContraElGatilloFácil#JusticiaPorLxsPibxs pic.twitter.com/bPHwwccaqS
— Multisectorial Contra La Violencia Institucional (@MultisectorialI) August 24, 2020
En ese comunicado, recordaron que el primer fiscal a cargo de la causa, Miguel Moreno, de la Unidad de Homicidios, consideró que no había entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga y decidió dejar al prefecto libre y en ejercicio de sus funciones. Posteriormente, solicitó el archivo de la causa porque entendió que Condori había actuado en legítima defensa.
“Gracias a la lucha colectiva se logró su desarchivo, el apartamiento del fiscal por su inadecuado desempeño en la investigación y el maltrato hacia las y los familiares, así como la designación de un nuevo fiscal, Rafael Coria. Tiempo después, el fiscal Coria dispuso, nuevamente, el archivo de la investigación por los mismos motivos que su antecesor, rechazando una vez más la versión sostenida por la querella”, destacaron.
Desde el organismo local que lucha contra el gatillo fácil apuntaron que “la actuación de ambos fiscales, no sólo implicó enormes dilaciones en la investigación judicial, sino que además no tuvieron en cuenta todos los elementos probatorios, los testimonios de todas y todos los testigos e incluso decidieron investigar judicialmente a testigos y familiares de la víctima antes que al victimario”. Por lo que subrayaron que “nuevamente, gracias a la organización y la tenacidad de sus familiares y quienes acompañamos el proceso de lucha logramos revertir este segundo archivo”.
“La causa –continúan repasando– fue finalmente derivada a la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional y asignada a la fiscal Karina Bartocci. Después de más de tres años y en medio de dilaciones en la investigación judicial, la fiscal Bartocci imputó al prefecto Condori por el delito de homicidio, tal como lo venía pidiendo la familia, la querella y la Multisectorial Contra la Violencia Institucional”.
Y siguieron: “Sin embargo, en la misma audiencia la fiscal señaló que el asesinato del joven no se trataba de un caso de violencia institucional desconociendo una construcción histórica lograda a través de décadas por el arduo trabajo de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y diversos actores políticos, reconocida tanto por tribunales nacionales como por organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos”.
Al respecto, desde la organización social consideraron que se trató de una “cuestión de suma gravedad institucional ya que se trata de una funcionaria judicial que se presupone especialista en la materia y que debe bregar por el reconocimiento jurídico pertinente y fundamentalmente por los derechos de las víctimas y sus familiares de este tipo de delito”.
“Nos encontramos atravesando esta instancia en el marco de las Jornadas de Lucha contra el Gatillo Fácil que se realizan en todo el país. Esperemos que la fiscal Bartocci y las y los jueces responsables de llevar adelante este juicio estén a la altura de las circunstancias. Esperamos obtener una condena ejemplar ante estos gravísimos hechos de violación a los derechos humanos y que colabore a restituir el daño que el Estado perpetuó durante estos años a su familia”, dice por último el comunicado.
Sumate y ampliá el arco informativo. Por 300 pesos por mes recibí info destacada de Redacción Rosario todos los días por mail en tus dispositivos y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Suscribite en este enlace: Redacción Rosario + El Eslabón. O comunicate al WhatsApp +54 9 341 6407379.
