La Policía Bonaerense es la mayor empresa nacional, aun cuando su jurisdicción funcional se reduzca al territorio de una sola provincia. El problema que exhibió en estos días de agitación es que no posee un dueño. Que desde hace algunos años opera como la suma de un archipiélago de “cooperativas” autónomas, según explican los que conocen su funcionamiento, fenómeno que quedó expuesto cuando el presidente Alberto Fernández invitó a dialogar a quienes rodeaban con armas y patrulleros la Residencia de Olivos, pero no quisieron-pudieron aceptar. No había una representación del legítimo descontento. La democratización de las policías y su conducción política –que en Santa Fe procura el ministro Marcelo Sain- son las claves de las dificultades de los gobiernos para administrar ese lío.
Con unos 90 mil hombres y mujeres, la Bonaerense es la empleadora más generosa del país, planta de personal que duplica a la del otrora poderoso Ejército Argentino, que brinda uniformes a unos 45 mil oficiales y suboficiales en todo el país.
Esta semana un grupo minúsculo de ese amplio universo –aunque posiblemente representativo del “sentir” de la fuerza- agitó las aguas con un anárquico reclamo de recomposición salarial, que un sector de la política que desprecia la política intentó usufructuar, resquebrajando el pacto tácito rubricado desde 1983 por los partidos políticos de condena a los intentos de alterar el orden democrático.
La algarada policial que incurrió en insurrección y llegó a rodear la residencia oficial del Presidente con patrullas y armas evocó por unas horas los golpes policiales ocurridos en otros países de Latinoamérica.
Pero en este caso, aparentemente, no existía ese objetivo, salvando los afiebrados deseos de libertarios y cambiemitas extremos, aunque el correr de las horas obligó a las principales figuras del partido que lidera Mauricio Macri a repudiar “la forma y el lugar” de las protestas.
La atomización de la fuerza y su carencia de conducción hizo que en los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación se expusieran durante la protesta a hombres de la institución cuyos legajos es conveniente no exhibir en público si se procura generar empatía en las audiencias.
Foto: Daniel Dabove/Télam/AA
La plata
En 1969, en el semanario de la CGT de los Argentinos, Rodolfo Walsh sostuvo en un artículo sobre la brutalidad policial de la Bonaerense que “la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”.
Esta semana, en el diario digital autogestionado Info Nativa, el periodista Fernando Gómez actualizó aquellas palabras de Walsh en una nota titulada “5 claves para entender el conflicto y la necesidad de que el Estado recupere poder”.
Allí sostuvo que “el ingreso de los cargos jerárquicos «con territorio», es decir, con arraigo en el despliegue funcional de la Bonaerense, se compone del salario legal en una mínima parte, y de la recaudación «paralegal» en un componente mayor”.
Gómez explicó que “los cuadros inferiores de la fuerza reciben migajas de la «recaudación» y su salario legal se complementa con jornadas adicionales para cobertura de espectáculos deportivos, en boliches nocturnos o eventos artísticos. Nada de eso funciona durante la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Esa combinación de caída de la recaudación ilegal para los mandos superiores e imposibilidad de completar ingresos de subsistencia por adicionales en la tropa explicaría el detonante del conflicto de esta semana. Pero no sólo eso.
La conducción
Otro hecho que quedó alumbrado públicamente con la protesta de tres días –apaciguada con un anuncio de aumento de sueldos por parte del gobernador Axel Kicillof- es la atomización de la fuerza de seguridad y su carencia de conducción, tanto uniformada como civil.
La cadena de mandos se cortó, los jefes fueron repudiados, en algunos casos insultados y siempre desobedecidos. Como si la tropa no reconociera autoridad en la cúpula y los altos mandos, que no supieron frenar el descontento que, el domingo anterior, ya informaba en las redes sociales la exfuncionaria de la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad, María Florencia Arietto.
El modo en que la política “condujo” a la Bonaerense desde la recuperación de la democracia fue –con más y con menos- a través del pacto de tolerancia. Dirigir la mirada en direcciones que no permiten observar lo inconfesable a cambio de paz territorial. Regulación del delito por medios ilícitos.
Dice Gómez en la nota citada: “Si la conducción política no reconoce las actividades recaudatorias «por protección» que le imponen a comercios y empresas de logística como impuesto clandestino, si no autorizan la incorporación de nuevas actividades a la recaudación «legal» por el camino de adicionales, lo cierto es que el enfrentamiento es inevitable”.
Pero en este caso, el ministro Sergio Berni no chocó con los azules por una tentativa de interrumpir el autogobierno a través de la suspensión de los flujos ilegales que lubrican el funcionamiento de la fuerza. Por el contrario, el médico que se reivindica militar adoptó un discurso de pertenencia y reivindicación policial.
Según el periodista especializado en temas policiales, Ricardo Ragendorfer, el yerro de Berni radicó en desconocer que los policías detestan a los militares desde que durante la última dictadura los últimos condujeron a los primeros.
La atomización de la fuerza, su “desinterés” por lo político y el histórico autogobierno de la Bonaerense –modelo que se replica en las demás provincias- constituyen junto al financiamiento ilegal de las fuerzas de seguridad el nudo que la democracia adeuda desatar.
Capítulo Santa Fe
El intento de réplica santafesino de la protesta policial bonaerense no tuvo éxito. No llegaron a un centenar los familiares y retirados que se reunieron en la Jefatura de Rosario con carpas y carteles.
Representados legalmente por abogados “de policías feos”, como los calificó el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien dijo que “no me van a apretar estos cachivaches”.
La definición apuntó, principalmente, a los líderes de los sindicatos no reconocidos Unión de Trabajadores Policiales de la Provincia de Santa Fe (Utrapol) y Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), quienes apuntalaron la intentona.
El ministro también apuntó al “fuego amigo” como atizador de la protesta fallida.
Así, identificó a “una abogada histórica de policías gatilleros, hija de (el comisario retirado Ernesto) Andreozzi, hombre de la ciudad de San Lorenzo de estrecha vinculación con (el senador del PJ, Armando) Traferri”.
Se trata de Evelyn Andreozzi, hija del comisario retirado que asiste en algunas tareas al senador Traferri, y que según Sain “ejerce la abogacía defendiendo policías feos, policías con problemas con la ley”.
Sain apostrofó además a otro de los representantes legales de un grupo denominado como “Familia Azul”, que organizó la protesta en la Jefatura de Rosario: el penalista Jorge Bedouret. “Es un abogado histórico de Los Monos”, indicó.
Fuente: El Eslabón
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