Diez asesinatos en 5 días, entre ellos el de una víctima “inocente”, vuelven a exponer a Rosario en la vitrina de “la inseguridad”. Narcocriminalidad y armas, al palo. Índices levantados, prejuicios y angustias.
Una nueva víctima inocente de la violencia altamente lesiva que emplea la narcocriminalidad para mejorar o resguardar su tajada en la competencia por ese mercado ilegal, y la acumulación de diez asesinatos en cinco días volvió a colocar a Rosario en la escabrosa vitrina de la que hace más de un lustro no puede desembarazarse: los recurrentes problemas de seguridad pública. El regreso a esa vidriera –de la que, en rigor, nunca se termina de ir pero a veces consigue alejar los flashes que la hacen más visible- implica también el inevitable retorno de los dedos índices en alto, las postulación de respuestas sencillas a problemas complejos, las estridencias de periodistas sin hábito pero trepados a púlpitos, vocinglerías varias que en la más de las veces sólo consiguen amplificar angustias, temores y prejuicios preexistentes.
Inocente
El asesinato de Ticiana Espósito (14), la adolescente que recibió un balazo en la cabeza mientras realizaba tareas domésticas en su casa de Magallanes al 2700, rememora los casos de Mercedes Delgado, el triple crimen de Villa Moreno, el de Maite Ponce (5 años) o el de Benjamín Biñale (8 años), y los de otros tantas víctimas inocentes de la violencia armada que quedan “en medio de tiroteos” o son alcanzados por balas que no los tenían, previamente, como destinatarios.
El caso de Ticiana conmociona por su edad, 14 años, combinada con su condición de víctima inocente, que, como señala la criminóloga Eugenia Cozzi (UNR) en varios de sus trabajos, consiste en una construcción social de sentido para etiquetar a los afectados y, en este caso, diferenciarlos de los construidos como “matables”. Aquellas que se la buscaron. Los que, aún con la misma edad, no generan conmiseración.
Lo que pone sobre el tapete –otra vez– un caso como el de Ticiana es el límite de la analgésica explicación “se matan entre ellos”, que puede traer un alivio efímero, hasta que la dirección de un bala se tuerce.
La fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, dijo en estos días que hay jornadas en las que se registran hasta 20 balaceras en fachadas de inmuebles.
Una modalidad de amenaza o mensajería extrema cada vez más común que utilizan tanto las organizaciones criminales más o menos complejas como los delincuentes rústicos.
El jefe de Los Monos, Ariel Máximo Guille Cantero, que cumple prisión por seis condenas, está imputado por unas siete balaceras a edificios públicos y domicilios de magistrado que actuaron en el juicio que condenó a altas penas a los cabecillas de la banda. Según la investigación, ordenó orlar las fachadas con plomo desde la cárcel, que no ha representado un obstáculo para sus andanzas: cuatro de las seis condenas fueron por delitos pergeñados intramuros.
La abundante circulación de armas y el uso de la violencia altamente lesiva para dirimir conflictos asustan, lo que no significa que no se trate de una violencia regulada por los propios actores.
Contra miradas basadas en percepciones que indican lo contrario, solo el 5 por ciento de los más de 140 crímenes ocurridos en el departamento este año fueron “en ocasión de robo”, lo que le resta centralidad a la idea de que “te matan por un celular” –aun cuando ocurran ese tipo de hechos– es un problema masivo.
Para los investigadores judiciales, policiales y el Ministerio de Seguridad, la mayoría de las balaceras y crímenes ocurridos este año se explican por las disputas entre grupos del narcomenudeo y por el uso de la violencia letal en conflictos interpersonales.
La malaria
El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, introdujo esta semana un ingrediente a ese escenario: los efectos negativos de la pandemia en la economía legal también alcanzan a los mercados ilícitos, que vieron disminuidos sus ingresos por la caída del consumo. En este caso, de estupefacientes cuya comercialización está ilegalizada por la ley.
“Es un juego de economías ilegales en un contexto en el que hay poco dinero en el comercio, en el trabajo, en la circulación, por lo que estamos viviendo en la Argentina y el mundo”, sostuvo Sain a modo de explicación del recrudecimiento de la violencia.
Explicó que “hay una disputa comercial por ese poco dinero que es de esta manera”: a los tiros. “No son hechos que ocurren al azar ni la gente se mata porque sí en la calle”, completó.
Las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública muestran una repetición: el 78 por ciento de los asesinatos se producen en los departamentos Rosario y La Capital, que concentran el fenómeno de la violencia narcocriminal.
La juventud aporta la mano de obra y el material descartable: el 64 por ciento de las víctimas tenían entre 15 y 34 años. Casi la mitad de ellos, entre 15 y 29 años. El 60 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina sobreviven bajo la línea estadística de la pobreza por ingresos que mide el Indec.
La pobreza contextualiza el fenómeno pero no lo explica. “No todos los chicos y chicas de estos barrios pobres se dedican al crimen”, aclaró Sain esta semana en una entrevista con FM Sí.
Los contextos de vulnerabilidad y marginalidad, combinados con la falta de oportunidades reales y los valores de éxito por acumulación de riqueza y fama en el resto de los segmentos sociales, cooperan. La violencia es, también, un elemento estructurante de la identidad. Que la mayoría de las víctimas y los victimarios sean varones jóvenes merecería, además, un análisis desde la perspectiva de la producción de masculinidades.
La naturalización de los crímenes como fatalidad –la idea de que la narcocriminalidad es “un flagelo”, una calamidad inevitable- contribuye a esconder los aspectos menos visibles del fenómeno, como el casi desatendido lavado de activos y la reinversión del dinero ilegal en los mercados lícitos.
“Entrar” a los barrios
El gobierno provincial prepara una “entrada” con la modalidad multiagencial en tres barrios “con altos niveles de violencia”: Las Lomas, en Santa Fe, y Nuevo Alberdi y Grandoli y Gutiérrez –la zona del Fonavi conocido como Pimpilandia– en Rosario.
“Hay que entrar a esos barrios no de manera militarizada, con personal policial para asegurar el espacio de manera inmediata, junto al Ministerio Público de la Acusación”, dijo el ministro Marcelo Sain esta semana.
Explicó que el objetivo, en concordancia con políticas aplicadas durante el último gobierno del Frente Progresista, es “asentarse en el barrio, trabajar con las familias y grupos más violentos”.
Eso no excluye que vaya “a haber una respuesta penal, porque es inevitable, y al mismo tiempo ver los problemas de carácter social, como poder atenderlos, que estén directamente vinculados a la violencia”.
Sain aclaró que no se trata de llegar con asistencia social a los carenciados sino de “políticas de prevención de violencia”. “El eje estructurante es la violencia, no la política social”, dijo, para señalar que “si abordas temas urbanísticos, podés permitir que entren patrulleros, ambulancias y recolección de residuos y de esa manera mejorás la vida la gente; pero buscamos trabajar el tema de la violencia”.
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