A pesar de todos los escollos interpuestos por las oligarquías locales, a lo que se suma la pandemia de coronavirus, los pueblos boliviano y chileno lograron que se cumpla uno de sus derechos fundamentales: el voto. El 18 de octubre, Bolivia intentará recuperar su normalidad institucional y elegirá un nuevo presidente que suceda al destituido Evo Morales, para poner fin al gobierno interino de facto. Siete días después, los trasandinos irán a las urnas el 25 para dirimir si se reforma o no la Constitución pinochetista y si con ello se abre una instancia de conquista de derechos perdidos desde la dictadura.
Contra los poderes corporativos y antipopulares, bolivianos y chilenos consiguieron con sangre, sudor y lágrimas una instancia para expresarse en las urnas.
Malos perdedores
El Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales viene de ganar las últimas elecciones de 2019 que los opositores decidieron no reconocer por un supuesto fraude en el conteo de votos, los que le faltaban para forzar una segunda vuelta. Se fogoneó entonces, una vez más, una prédica anti popular, anti Evo, anti masista y anti indigenista. Las fuerzas armadas se plegaron y obligaron a renunciar a Morales. Las marchas y huelgas contra los golpistas derivaron en persecución política y represión con decenas de muertos, y algunos de los hechos fueron considerados “masacres” por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En agosto pasado, después de un conflicto que paralizó al país, se logró una nueva fecha para la votación: el 18 de octubre. El gobierno de facto, bajo la excusa de la pandemia, la había pospuesto dos veces, el 3 de mayo y el 6 de septiembre.
Poco después, Morales era proscripto en su candidatura a senador acusado por el poder golpista de sedición, terrorismo, financiamiento del terrorismo y hasta estupro.
El candidato a presidente del MAS, Luis Arce, ex ministro de Economía de Morales, cuenta con una amplia ventaja en las encuestas.
Sus principales competidores estaban divididos entre el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) y la presidenta interina puesta por los golpistas, Jeanine Áñez, quien al final bajó su candidatura para darle mayor chance a Mesa.
En un discurso desencajado ante la 75 Asamblea General de la ONU, Áñez llegó a decir que denunciaba “ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista”, por darle asilo a Morales.
En tanto, una encuesta difundida el jueves por la fundación católica Jubileo, le da a Arce el 29,2 por ciento de intención de voto, seguido por el ex presidente liberal Carlos Mesa con un 19 y el líder civil de la región de Santa Cruz, el ultraderechista y uno de los emblemas del golpe, Luis Fernando Camacho, con 10,4 por ciento.
Mesa tiene esperanza de sumar ahora las intenciones de voto de Áñez.
Del lado del MAS, con el antecedente del no reconocimiento de su triunfo en 2019, llamaron el miércoles pasado a la comunidad internacional a estar alerta por posibles irregularidades.
“Estamos muy temerosos por lo que estamos viendo, por el actuar del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, afirmó Arce, y pidió “que vengan veedores, que venga gente de la prensa internacional para que puedan hacer seguimiento, no sólo el día de las elecciones, sino desde ahora”.
El pesado lastre pinochetista
El plebiscito nacional de Chile por la reforma constitucional fue fijado inicialmente para el 26 de abril pasado pero fue suspendido por la pandemia de coronavirus, y aunque la enfermedad está lejos de apaciguarse, el reclamo popular tampoco, por lo que la nueva fecha del 25 de octubre no se moverá.
La situación sanitaria, como ocurre en Bolivia, es también un dilema dentro del conflictivo panorama político. Chile es uno de los países del mundo con más cantidad de muertos por millón de habitantes, con 644, sólo superado por Perú con 967, y en la región está apenas por debajo de Bolivia (659), y casi en el mismo nivel que Ecuador (644) y Brasil (640), todas cifras registradas al 24 de septiembre.
La consulta fue acordada entre la mayoría de los partidos políticos y fue anunciada el 15 de noviembre de 2019, tras un mes de masivas protestas. El estallido social contra el gobierno de Sebastían Piñera comenzó con una serie de demandas contra la suba en el precio del transporte y derivó en la protesta contra el sistema de jubilación, la cobertura de la salud pública y educación, entre otras cuestiones sociales.
Las manifestaciones fueron ferozmente reprimidas, se denunciaron violaciones a los derechos humanos y centenares de jóvenes sufrieron heridas oculares y muchos de ellos perdieron la vista por impactos con balas de goma y perdigones disparados por la policía antidisturbios.
La mayor parte de los reclamos apuntó a la Constitución pinochetista de 1980, por la que se privatizó el sistema educativo, la salud, los derechos al agua, las jubilaciones, además de que no reconoce a los pueblos indígenas, entre otros ítems que han sido el núcleo duro del experimento ultraliberal iniciado durante la dictadura militar que surgió en 1973, luego del golpe de Estado que causó la muerte del presidente elegido en las urnas Salvador Allende.
Los sondeos previos dan clara ventaja a la reforma, y el agrietado y decadente edificio construido desde 1973 a sangre y fuego pinochetista por los tecnócratas liberales estadounidenses en Chile, comienza a tambalear.
Fuente: El Eslabón
