Después de más de una década de investigación, el gobierno nacional aprobó la tecnología HB4 para el cultivo de trigo transgénico con tolerancia a la sequía desarrollada por Bioceres, la empresa biotecnológica con sede en Rosario y cotización en Wall Street, junto a especialistas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet.
El desarrollo basado en la participación público-privada coloca a la Argentina en un selecto grupo de países con capacidad de realizar eventos biotecnológicos de fuerte impacto en el mercado mundial de alimentos. El economista Jeremy Rifkin explica que, en el siglo de la biotecnología, los genes son “oro verde” que otorga un poder extraordinario para aquellos que detentan su propiedad, una influencia similar a los combustibles fósiles y los metales valiosos de la era industrial.
La tecnología HB4 fue desarrollada por un grupo de biólogos moleculares e investigadores liderados por la doctora Raquel Chan, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), y permite obtener semillas más tolerantes a la sequía, minimizando pérdidas de producción, mejorando la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés hídrico y brindado mayor previsibilidad a los rindes por hectárea.
Junto con el lanzamiento del satélite de observación Saocom 1B, que completó la constelación del Sistema Ítalo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (Siasge), recientemente la Argentina dio pasos decisivos en un avance científico-tecnológico estratégico que la coloca entre las potencias mundiales en el área. La cuestión será el esquema de regulaciones que orientarán y propiciarán la distribución de sus beneficios.
En principio, la complementación de estas dos tecnologías conforma un paquete de privilegio para el país durante un año marcado por la combinación de pandemia y sequía que desbarató los precios y las condiciones del mercado internacional. De esta manera, la ciencia y tecnología actúan como núcleos vitales y constituyen un eje de acción en medio de las disputas geopolíticas.
Uno de los puntos a indagar pasa por la línea de continuidad entre Hugo Sigman, uno de los accionistas de Bioceres y empresario ligado al gobierno nacional, y Syngenta Group, el poderoso jugador en insumos agropecuarios surgidos de la fusión de Sinochem y ChemChina, ésta última la firma que absorbió a Syngenta, surgida, a su vez, de AstraZeneca, una de cuyas derivaciones empresariales desarrolla la vacuna contra el coronavirus a la que adhirió la Argentina a partir de las gestiones de Sigman.
Como dice Juan José Borrel, profesor de Geopolítica de los Recursos Naturales en la Universidad de la Defensa Nacional, “tener la propiedad de la tierra sin tener el acceso a las semillas genéticamente modificadas significa poco en términos de poder relativo (…) No hace falta clavar ostensiblemente una bandera en un territorio; la bandera ahora está inserta en los códigos genéticos modificados de los seres vivos”.
Hacer
En los últimos días, el gobierno retrotrajo parte de las regulaciones que habían sido anunciadas y obtuvieron escasos resultados. El ingreso de divisas a partir de la liquidación de exportaciones se relativizó en función de la ambigüedad con la que el sector agroindustrial recibió las medidas.
Durante la semana anterior, funcionarios nacionales se reunieron con los miembros del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la entidad que agrupa 57 cámaras, entidades y asociaciones encabezadas por las industrias aceiteras-exportadoras, que presentó la Estrategia de Reactivación Agroindustrial, Exportadora, Sustentable y Federal, un plan que busca alcanzar los 100 mil millones de dólares en ventas externas y crear 700 mil puestos de trabajo.
Es un interrogante si durante esos encuentros los representantes de las compañías que fueron beneficiadas con el diferencial de retenciones explicaron las razones por las cuales no ingresaron alrededor de 4 mil millones de dólares de exportaciones. Esa es la suma aproximada que le permitiría al gobierno tender un puente de tranquilidad hasta marzo. La exigua velocidad de los ingresos y el reparto de culpas entre exportadores y productores, por momentos, cobra el matiz de una extorsión.
Lo que sí ocurrió fue la aprobación de la iniciativa gubernamental que propone alcanzar los 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres. La propuesta estima un incremento de la producción de 60 millones de toneladas, lo que significaría un alza en el valor de las exportaciones de aproximadamente 20 mil millones de dólares.
A su vez, se apunta a recuperar entre 500 mil y 1 millón de hectáreas agrícolas en zonas de exclusión con el uso de nuevas tecnologías seguras, con una reducción de hasta el 80 por ciento en el uso de agroquímicos. De esa manera, el sector agroindustrial podría sumar exportaciones en un 60 por ciento alcanzando los 57 mil millones de dólares en un plazo de entre cinco y diez años.
Tener
Si bien la incorporación de tecnología desarrollada por una empresa argentina en alianza con entidades públicas viene a sumar un elemento más que considerable en un área dominada por las grandes corporaciones multinacionales, harán falta otras instancias de políticas públicas para lograr que los efectos de esta novedad tomen uno u otro rumbo. Emerge un interrogante en torno a quiénes y de qué manera detentarán la propiedad del conocimiento. Es decir: a quienes deberán tributarle aquellos productores que deseen hacer uso de la semilla.
El dramatismo de la situación económica y social se expresa en indicadores elocuentes. En septiembre, el costo de la canasta básica alimentaria de Rosario medido por la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario, trepó un 3,2 por ciento. La creciente presión devaluatoria que llevó la brecha entre el dólar mayorista y el blue a más del 130 por ciento, está vinculado estrictamente a la puja distributiva. El intento de doblar al gobierno e imponerle un programa de ajuste y desregulación adquiere mayores intensidades.
En busca de sofrenar esas coacciones, el ministro de Economía Martín Guzmán anunció para noviembre una subasta de bonos por más de 700 millones de dólares que llevan una firma indiscutible: Pimco y Templeton, dos de los fondos que quedaron “atrapados” luego de la fiesta financiera ofrecida por el gobierno de Macri que derivó en un proceso de fuga y decadencia precipitada desde el 11 de agosto del 2019 hasta la entrega del mando en diciembre.
A la altísima tensión entre el gobierno y los “mercados” se suma el aumento al 93 por ciento de la probabilidad de sequía que rebajó las expectativas de lo que se esperaba como una campaña triguera exitosa. La última gran sequía fue en el verano de 2018. Ese año la cosecha de soja cayó a 37 millones de toneladas y la de maíz a 43 millones. Se calcula que se perdieron cerca de 8.000 millones de dólares.
El recorte de la producción nacional en 5 millones de toneladas, sumado a los recortes en Estados Unidos y Rusia, conforman un mapa donde la imposición global del trigo resistente es una cuestión de tiempo y negociaciones. En ese sentido, tanto el futuro de la HB4 como la vinculación comercial con India centrada en Invap y otras empresas con innovación tecnológica es un dato vertebral para la incidencia de la Argentina en el comercio mundial.
Usar
Las variedades de trigo con tecnología HB4 son generadas por TrigallGenetics, un joint-venture entre Bioceres y FlorimondDesprez, de Francia, una de las empresas líderes a nivel mundial en genética de trigo. Hace dos años se iniciaron las siembras de prueba en cantidades pequeñas obteniendo resultados asombrosos con mejoras del 20 por ciento en el rendimiento bajo situación de sequía.
Este año, con la participación de productores que se mostraron interesados en el proyecto, se sembraron 6000 hectáreas. Sin embargo, los reparos y cuestionamientos llegaron desde diversos frentes. Uno de ellos fue el de las aceiteras-exportadoras nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC). Su oposición se debe a los efectos comerciales y al modo en que influye en la relación intrasector con el renglón de la producción.
“Es una influencia negativa para el desarrollo, porque hasta ahora las semillas eran libres. Al ser transgénicas, se van a tener que comprar. Es una forma de privatizar el conocimiento. No había necesidad para esto, porque teníamos trigo de muy buena calidad”, expone el ingeniero agrónomo Antonio Lattuca, quien además advierte sobre los riesgos de la asociación del transgénico a un herbicida en particular.
Por el lado de las entidades, también el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, señaló que “podría generar contaminación de los trigos argentinos que tienen mercado internacional” y agrega que “se debió hacer un proceso de búsqueda de mercado y ver si había una aprobación y recién ahí se podría implementar”.
La referencia concreta alude a la actitud reticente de la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (Abitrigo), un actor fundamental para la viabilidad del evento, ya que el trigo argentino representa más del 60 por ciento del suministro en Brasil. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones del país vecino convocó el jueves a una audiencia pública para analizar la incorporación del evento.
“No es casualidad que ningún país del mundo lo tenga, porque no era necesario. Esto va a cerrar mercados como Brasil. Creo que es un error político y estratégico lanzar este trigo en este momento de pandemia cuando tenemos un montón de tierras para mejorar la alimentación y la salud”, agrega Lattuca, y afirma que la “alternativa es la producción agroecológica de alimentos de forma local y de buena calidad para el pueblo argentino, donde hay muchos que están por debajo de la línea de pobreza y comemos muy mal”.
Vender
Sin la aprobación brasileña, el trigo HB4 no será más que un gran descubrimiento científico sin mercado. Los molineros del país vecino citan un informe de la FAO sobre trigo transgénico que registra solo dos variedades aprobadas en el mundo: en Estados Unidos, de 2004, y otra en Argentina. Los problemas para la comercialización surgen de la posible mezcla entre el cereal común y el transgénico, razón por la cual varios mercados podrían resistirlo de acuerdo a su política comercial.
La Argentina sería el primer país productor de trigo en el mundo en aceptar la producción y el consumo de trigo transgénico. El control y la trazabilidad es el problema principal que subrayan los críticos. Los únicos eventos biotecnológicos que había hasta el momento eran producto de la investigación de grandes multinacionales como Monsanto, Bayer, Syngenta o Dupont.
Marcelo Carrique, Gustavo Grobocopatel y Víctor Trucco, presidente y ex presidentes de Bioceres, dijeron en un documento público que: “La novedad es que por primera vez hay un desarrollo para un gran cultivo que no está en los países centrales y en empresas transnacionales de gran porte y sustanciales inversiones en la materia. Esto configura una situación nueva, el HB4 puso a la Argentina en el centro del debate global”.
Las patentes son un clivaje de dependencia estratégico en la matriz agroproductiva energética-industrial y en el proceso de mecanización de la agricultura a gran escala. Se trata de un sistema que refuerza la subordinación a través de los derivados de los hidrocarburos y los híbridos de semillas que se afirman sobre bases de actualización técnica permanente donde el dominio sobre el know how y los insumos resultan cada vez más esenciales.
Siguiendo el razonamiento de Borrel, en un contexto de crisis agravada por la pandemia al punto de que el premio Nobel de la Paz fue asignado al programa alimentario de la ONU, la producción de alimentos asume las características de un arma de guerra. No es tan importante la propiedad terrateniente como el control del soporte génico. Dice Borrel: “La tierra pasa a ser un insumo más, deja de ser el principal recurso para la producción de alimentos. La producción depende de las semillas genéticamente modificadas”. Es precisamente en esas ligas mundiales a donde la Argentina puede ingresar con un rol fundamental: la pregunta es cuál.
Fuente: El Eslabón
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