Cañaveral, Los Olivos, Camino de los Indios, El Sol, La Tacuarita y La Bombacha son barrios populares de Rosario que, a diferencia de los más añosos Villa Banana, La Lata o los asentamientos ubicados en Ludueña y Empalme Graneros, recién obtuvieron (algo de) visibilidad cuando en abril de 2017 se dieron a conocer los resultados del censo que produjo el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Más de cien mil personas residen en viviendas precarias de esos 112 espacios desperdigados en la ciudad, carentes de equipamiento socio-urbano y de servicios básicos. Una ciudad fragmentada e invisible dentro de otra a la vista. Casi la mitad de esos asentamientos irregulares emergieron en los últimos 25 años como portadores asintomáticos del virus de la injusticia social. El problema que el caso Guernica puso en primera plana –de un modo horrible, clasista y prejuicioso– es útil, de todos modos, para hacer perceptible una inequidad estructural de la que las tomas y ocupaciones son emergentes: la desigual distribución del suelo y del acceso justo al hábitat.
A principios de octubre había en Rosario una decena de conflictos judicializados por ocupaciones de terrenos, en cuyos trámites intervienen diferentes organismo del Estado y el Ministerio Público de la Acusación.
En barrio Tango, de la zona oeste; en terrenos ubicados en Baigorria al 2800; en barrio Santa Lucía; en bulevar Seguí y Solís; La Cariñosa, que esta semana fue noticia en Lamadrid y Circunvalación; en el barrio Empalme Graneros, y en Ovidio Lagos y 5 de Agosto, al sur de la ciudad, son algunos.
Las usurpaciones más comunes en Rosario, no las de tierras sino las de viviendas, la mayoría de las veces están asociadas a la criminalidad organizada. En el primer semestre del año se iniciaron 333 legajos judiciales por ese delito en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Quienes más las sufren no son, precisamente, los que hoy exhiben su temor por el fantasma autoproducido de la abolición de la propiedad privada.
Tomas y tomas
La toma u ocupación de lotes no es insumo diario de los noticieros, salvo que sea en búsqueda del “rebote local” de un fenómeno instalado como noticia en la agenda nacional. Por un lado porque no son tan frecuentes; por otro porque esas prácticas son muy dinámicas.
Las hay de distintos tipos: basadas en la necesidad de tierra donde levantar una humilde morada; con fines “inmobiliarios” para realizar loteos irregulares e ilegales y, sobre todo en el caso de las viviendas, para fines ilícitos como utilizarlas de búnker o depósitos de droga.
Hace unos meses dos bandas del narcomenudeo asentadas en Nuevo Alberdi que estaban enfrentadas por las utilidades de ese mercado ilegal, hicieron las paces.
Lo que selló la unidad fue un pequeño y marginal negocio inmobiliario: tomaron una precaria plazoleta con el objetivo de lotearla entre los vecinos. Sin papeles, por la sola posesión de hecho del suelo que, en ese caso, era de propiedad fiscal. Una forma “directa” de solución al drama de la desigual distribución de la tierra.
La intervención multiagencial del Estado permitió desbaratar la sociedad de hecho alcanzada por las dos bandas hasta entonces enconadas, contó a El Eslabón una operadora territorial del gobierno que participó del asunto.
Ese sector de Nuevo Alberdi fue uno de los escogidos para lanzar en Rosario el plan Incluir, de abordaje interministerial que incluye infraestructura y hábitat, seguridad, igualdad y género, el municipio y la cartera de Desarrollo Social provincial.
Una intervención oportuna del Estado en un territorio casi cedido, por abandono de las funciones básicas, a sectores que imponen la fuerza por ausencia de contendientes.
Como contracara del uso delictivo de la necesidad real, esta semana se suspendió por 180 días el desalojo de unas 500 familias asentadas desde hace tres décadas en terrenos privados de Lamadrid y Circunvalación, cuya propiedad reclama el empresario de concesionarias automotores Armin Reutemann.
Se trata del barrio conocido como La Cariñosa, donde el tiempo produjo arraigo. Una vecina con 18 años de estancia en el lugar explicó a un medio partidario de qué se trata eso: “No queremos que nos den vivienda, no queremos bolsones, no queremos planes, no queremos nada. Solamente queremos que nos den una posibilidad de pagar nuestro terreno”.
Y se preguntó: “¿Por qué nos quieren sacar las casas en las que vivimos toda la vida? Tengo cuatro hijos, se criaron en el barrio”.
“No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos pavimento. Cuando llueve nos inundamos y nadie nos da una respuesta. Y hoy en día que tenemos nuestra casita nos quieren sacar. Para mí eso está mal. No voy a salir de mi casa, me van a tener que sacar muerta”, describió y prometió Nadia.
Esa historia, multiplicada por más de cien mil, conforma la ciudad invisibilizada en la que, paralelamente, crecieron desarrollos inmobiliarios de barrios cerrados y loteos para sectores medios-altos de la pirámide social.
Constante y permanente
Durante el primer semestre del año el MPA registró en la Fiscalía Regional 2ª, con jurisdicción en Rosario y sus alrededores, 333 legajos por usurpaciones. Ese tipo de delitos no ofrece variaciones estadísticas significativas en los últimos cinco años.
“La cantidad de investigaciones iniciadas por usurpación se mantuvo sin variaciones marcadas (leve incremento del 3,1%), manteniendo la estabilidad de las cifras iniciada en el segundo semestre de 2015”, señala el informe Indicadores de Criminalidad elaborado por el MPA para los primeros seis meses del año.
En ese universo estadístico calificado como “usurpaciones” existen diferentes submundos: la mayor parte está integrada por ocupaciones ilegales de vivienda, muchas de ellas vinculadas a la criminalidad organizada o a bandas de menor importancia pero alto uso de la violencia lesiva.
Grupos narco que desalojan violentamente a familias o toman viviendas desocupadas, para utilizarlas con fines delictivos (búnkeres, depósitos de drogas, techo para sus integrantes).
También existen conflictos entre particulares y, en menor medida, ocupaciones de terrenos. Las meneadas tomas de tierra espectacularizadas y banalizadas en el caso Guernica.
Como se dijo, existe una decena de ocupaciones de terrenos en trámite judicial. La Unidad Fiscal de Soluciones Alternativas suele encargarse de esos conflictos. Como el trasfondo es, en casi todos los casos, social –por el déficit estructural de viviendas y hábitat como consecuencia de una desequilibrada distribución del suelo y las oportunidades–, las intervenciones procuran alcanzar salidas consensuadas y abren el abordaje a organismos públicos municipales y provinciales.
Problema estructural
Para el subsecretario de Planificación de Hábitat de Santa Fe, Ignacio Rico, el proceso de ocupaciones de tierras no constituye una novedad, aunque no sea parte de la agencia cotidiana de los medios de comunicación.
“El fenómeno de las tomas existe desde hace 40 años. En función de la crisis y la agudización de las necesidades que existen producto de que recibimos un país prendido fuego, con un poder adquisitivo por el piso después de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, y por otro lado lo que sucede con la pandemia, esa situación se profundiza”, explicó.
“Lo que se da hace 40 años son las tomas o usurpaciones que después se terminan transformando en barrios, en asentamientos o en villas”, abundó en relación a los barrios populares, como los designa la ley sobre el asunto aprobada en 2017 por el Congreso, por impulso de las organizaciones sociales.
En diálogo con El Eslabón, Rico insistió en que a partir del caso Guernica, “aparece en la primera plana de todos los medios, como una suerte de moda televisiva, pero no es una situación que habría que encasillarla en una novedad o en una excepcionalidad de este año. Es una situación que tiene que ver con un problema estructural de la Argentina, no es coyuntural”.
Por raquitismo de ingresos, por carencia de empleo, por tenerlo pero en forma irregular (en negro), los sectores asalariados y de la economía informal no tienen chances de acceso a la tierra, desde hace años.
El Procrear es una buena política, principalmente apuntada a vivienda pero que también incluye suelo, para la cual no califican los que menos tienen en términos materiales.
Por ausencia de políticas estatales, en la producción y distribución de suelo interviene, decididamente, el mercado.
“Los sectores populares no tienen manera de acceder al suelo si no es a través de una toma de tierras. Y eso es lo que queremos resolver desde el Estado y es el problema estructural”, dijo el subsecretario de Hábitat provincial.
Para Rico, “si desde el Estado no construimos políticas públicas o programas que faciliten a los sectores populares acceder al suelo, no vamos a terminar con las tomas, porque las causas tienen que ver con el no acceso al suelo”.
El funcionario está convencido que “hay que resolver las causas que generan las tomas y no ir solo sobre las consecuencias que producen las tomas”.
“Cuando vos tenés una situación estructural –prosiguió Rico– donde por una cuestión de ingresos los sectores mayoritarios de la sociedad no pueden acceder a la tierra, esa olla se va tapando hasta que en algún momento la precarización del hábitat empuja a que algunos tengan que realizar una toma para tener acceso a la tierra. Eso no justifica la situación, pero lo que tiene que quedar claro es que la toma de tierras existe por una situación de necesidad”.
Un poco de luz
Un primer paso hacia la visibilización de las condiciones en que transcurren las vidas de al menos cuatro millones de argentinas y argentinos fue la creación, por decreto de 2017, del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Y la realización de un censo que diera cuenta de quiénes, dónde y cómo residen los habitantes de villas y asentamientos irregulares de todo el país, tarea que quedó en manos de los impulsores de la norma: las organizaciones sociales.
Con el mismo impulso, lograron que en 2018 el Congreso nacional aprobara la ley 27.453 denominada de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que en su artículo segundo declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el Renabap”.
Esa norma se complementó, a mediados de este año, con una resolución firmada por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, que crea el Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares, que busca dotar de servicios e infraestructura básicas a los asentamientos, de modo de integrarlos a la ciudad que los contiene.
La ley de 2018 establece en su artículo 12 que las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio urbana deberán adjudicarse “en un 25 por ciento como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los barrios populares”, sumándole virtuosismo al círculo.
También suspende por cuatro años los desalojos de tierras ocupadas que hayan sido registradas, previamente, en el Renabap.
Rico explicó que la gestión provincial, “que asumió hace poco” y quedó atravesada por la pandemia de coronavirus, busca generar “una política que les permitan a los sectores de menores ingresos acceder al suelo” y en los barrios que ya existen “construir infraestructura que permita que tengan acceso a los servicios básicos: pavimento, cloacas, aguas potable y luz eléctrica”.
¿Qué es un barrio popular?
Se considera barrio popular, según la ley que les confirió esa designación jurídica, a los barrios vulnerables en los que viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos –o más– de los servicios básicos. En la provincia de Santa Fe hay registrados 341, en los que residen 72.602 familias.
Fuente: El Eslabón
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