La diputada provincial Matilde Bruera y ex defensora oficial en la Justicia Federal consideró que los dichos del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, imputado y detenido por haber recibido presuntas coimas de un empresario del juego clandestino, “afectan a la institucionalidad”.
Para la la abogada, las declaraciones del ex fiscal “desataron una crisis institucional, ya que no se habla de otra cosa en Santa Fe”.
Bruera destacó que “es una acusación grave la del ex fiscal Ponce Asahad, porque afecta a la institucionalidad”. “Esas acusaciones deben ser aclaradas e investigadas, tienen que ser debatidas en la legislatura”, añadió.
Para la legisladora del bloque justicialista de la Cámara Alta e integrante del espacio que lidera en la provincia María Eugenia Bielsa, en medio de todo el escándalo desatado “está abierto el debate jurídico sobre la ley que regula el Ministerio Público de la Acusación y la disciplina de los fiscales”. “El control de la legislatura a los fiscales no puede afectar la independencia de poderes. Hay que apelar a la mayor responsabilidad institucional y transparencia”, indicó
En esa misma línea la diputada marcó su preocupación al referir que “se le dieron facultades absolutas a la legislatura para el control a los fiscales, el sistema republicano determina que el control no puede afectar a la independencia de poderes”. “En otras palabras, no es constitucional que diputados y senadores provinciales juzguen a fiscales”, sentenció Bruera.
En este punto, la abogada agregó que ve “con mucha preocupación que diputados y senadores pongan en tela de juicio al fiscal (Adrián) Spelta, que podría ser separado de su cargo”, remarcó Bruera.
Los dichos de Bruera se suman a las distintas expresiones política que se han escuchado durante las últimas horas en el marco del escándalo derivado de la causa que investiga el juego clandestino. El caso dio un fuerte giro hacia el fin de la semana pasado, cuando el viernes se conoció la ampliación de la declaración de Gustavo Ponce Asahad, el ex fiscal de Rosario imputado por presunto cobro de coimas a un empresario del juego clandestino. Allí Ponce Asahad confesó haber recibido dinero de modo ilegal e involucró “a otras personas” vinculadas con “otros estamentos del Estado”, según informó el fiscal del caso Luis Schiappa Pietra.
La jueza de la causa, Eleonora Verón, remitió esa misma jornada copia de la declaración a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y a la Legislatura provincial, a raíz de que el acusado mencionó a integrantes de esos poderes como presuntos partícipes de una asociación ilícita ligada al juego ilegal.
Con el correr de las horas, empezaron a filtrarse en medios de comunicación locales las textuales y hasta videos de la declaración de Ponce Asahad, que comenzaron a poner nombre y apellido a esas “otras personas”. Ahí apareció mencionada la figura del senador Traferri como cabeza del presunto armado delictivo que está siendo investigado.
A través de su abogado este miércoles Traferri presentó un escrito de defensa, tras el cual los fiscales lo citaron a una audiencia imputativa para el viernes.
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