El fiscal Moreno, de Delitos Complejos, dio detalles de la causa en la que investiga al ex directorio de Vicentin por presunto fraude con unos 600 millones de dólares.
“Nosotros investigamos estafas que creemos que ocurrieron; ahora, siendo una sociedad la que comete las estafas tenemos que ver cómo se conformó la decisión societaria para cometer esas estafas”, dijo este jueves el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Miguel Moreno, al dar precisiones sobre los allanamientos que ordenó el último lunes en la sede de Vicentin SAIC, en la ciudad de Avellaneda.
Moreno dijo este jueves que los allanamientos tuvieron por propósito “saber concretamente quiénes van a ser imputados” en la causa por estafas y agregó que “tenemos que ver cómo se conformó la decisión societaria para cometerlas”.
El fiscal investiga las denuncias de productores agropecuarios, entidades financieras internacionales y el banco Macro por presuntas estafas de la cerealera Vicentin.
Durante una rueda de prensa, dijo que “los allanamientos” realizados el lunes “están destinados a deslindar o a precisar atribuciones personales sobre los hechos que estamos investigando”.
Explicó que “esta medida tuvo como objeto saber concretamente quiénes van a ser imputados” por las posibles estafas, y agregó que “en principio” se trata de “las personas denunciadas por los defraudados”.
Es decir, quienes “integraban el directorio de Vicentin, los síndicos, los representantes legales que hayan podido celebrar contratos en nombre de empresa tanto con bancos como con corredores agropecuarios”.
La investigación se inició en julio pasado por la denuncia de un productor agropecuario que le vendió granos a Vicentin bajo la modalidad de “precio a fijar”, le entregó la mercadería pero no pudo cobrarla por el concurso preventivo de la agroexportadora.
La denuncia planteó que Vicentin había ocultado información o tergiversado sus balances para “exhibir una salud financiera que no era tal”, dijo el fiscal.
La primera demanda por presuntas estafas reunió a cinco productores que reclaman unos 8 millones de dólares, pero luego se sumaron los bancos internacionales que financiaban la operatoria de Vicentin (por un monto de 500 millones de dólares) y el corre acopio Grassi, por otros 50 millones.
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