Trabajadores estibadores de los puertos del cordón industrial exigieron en los Tribunales Federales de Rosario que “se termine con el vaciamiento” de la cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, y pidieron elecciones.
“Venimos a advertirle al juez Marcelo Bailaque que no avale con sus hechos la intervención que está llevando el señor Pascualino en nuestra cooperativa, que está generando un montón de inconvenientes entre la formación de un fideicomiso y la liberación de fondos”, denunció José María Ramón, estibador de la cooperativa portuaria, durante la protesta de este lunes en las puertas del edificio judicial ubicado en Oroño al 900.
Los estibadores piden la convocatoria inmediata a elecciones en la entidad portuaria, que se encuentra intervenida desde noviembre de 2019. “Sabemos que esto no obedece al propósito que le había designado el juez para que termine todo en un proceso eleccionario. Sólo están haciendo una jugada para perpetuarse en el poder”, afirmó.
Ramón admitió en conferencia de prensa que “tenemos el temor de que estén vaciando la cooperativa”. Por eso aseguró que “nos une el terror”, al referirse al apoyo hacia el gerente de la entidad: “Nuestros gerente lleva adelante un pedido indicando que la cooperativa está normalizada, que no tenemos porqué seguir siendo intervenidos. Queremos que pidan elecciones ya, no se puede seguir eternizando esta intervención”.
“El pedido hacia el juez es que pose la mirada en los socios y que escuche, que nos están vaciando la cooperativa. Que no sea cómplice de esta banda que desembarcó en la cooperativa, liderada por Pascualino, por abogados como Donadío, como Machado, quienes están llevando adelante negociaciones con la UBA, una serie de contratos que no están habilitados para hacer ellos. Su función era normalizar institucionalmente la cooperativa, no hacer unidades de negocios. Eso depende de los socios”, agregó el trabajador en diálogo con la prensa.
Tras afirmar que el sector no descarta medidas de fuerza, indicó: “Nosotros hemos sido educados y le dimos valor a la palabra. Nos prometió que esto terminaba en septiembre, con elecciones. Y resulta que el 3 de diciembre, lejos de los informes y de haber sido conducente a una elección, están llevando a aconsejar al juez que forme un fideicomiso y liberó ya los fondos. Estamos muy preocupados por dónde van a terminar los fondos de la cooperativa”.
El origen del conflicto
Antes de la movilización de este lunes, los estibadores emitieron un comunicado explicando los detalles del problema que arrastran desde el año pasado. “La cooperativa lleva casi 18 meses de intervención judicial, que se ordenó para normalizar su funcionamiento en el plazo de seis meses, pero sucesivas prórrogas nos llevaron a que en el mes de febrero de 2021 se cumplirá un año y medio”.
“En todo este tiempo –continúa el comunicado– el interventor Pasqualino nada ha hecho para normalizar la institución ni para llamar a elecciones. Al contrario, su gestión ha sido tan ruinosa que ha provocado pérdidas cuantiosas a la cooperativa y la pérdida de contratos estratégicos para el funcionamiento y crecimiento de nuestra institución”.
En esa sintonía, agregaron que “se acerca la finalización de la intervención, y Pascualino junto al abogado Donadio no han realizado ninguna propuesta que permita vislumbrar la normalización de la entidad. Todo lo contrario, han presentado una falsa denuncia en la que pretenden desdecirse del compromiso que han firmado de convocar a elecciones, bajo la excusa de que fueron presionados para hacerlo”.
En tanto, los trabajadores que son parte de la cooperativa portuaria han denunciado que “lo más grave es que el actual interventor ha designado como asesores a dos oscuros personajes que no tienen modo de justificar el motivo de su involucramiento en la cooperativa”. Y añadieron: “Estas designaciones se han hecho con la conformidad del juez federal Marcelo Bailaque, quien simultáneamente con la designación, autorizó la liberación de fondos que la cooperativa posee en distintas entidades bancarias, para que puedan ser desviadas a las entidades cooperativas y mutuales locales en las que uno de sus asesores tiene vinculación”.
Los estibadores señalaron además en su denuncia que “la intervención pretende conformar un fideicomiso para administrar el patrimonio de la cooperativa, con contrataciones de servicios a precios excesivos con empresas vinculadas a la misma intervención, con pago de honorarios exorbitantes, contratación de un estudio de factibilidad para un plan de viviendas por 48 millones de pesos”.
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