Organismos de derechos humanos de Santa Fe denunciaron “los múltiples y perniciosos modos en que el ex sargento del ejército Jorge Balla viola las condiciones exigidas por el régimen de prisión domiciliaria”. El militar está condenado a prisión perpetua por homicidios agravados como crímenes de lesa humanidad, dada su autoría de los asesinatos cometidos en la masacre de Ituizangó y Las Heras de la ciudad de Santa Fe en 1977. Este miércoles la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó medidas a a Justicia.
Según informó el abogado Guillermo Munné este miércoles en diálogo con Redacción Rosario, la denuncia fue radicada el pasado lunes ante la fiscalía federal de Santa Fe y el Tribunal Oral Federal de Santa Fe “detallando los múltiples y perniciosos modos en que el ex sargento del ejército Jorge Balla, viola las condiciones exigidas por el régimen de prisión domiciliaria del que se viene beneficiando desde 2017”.
“El genocida condenado se muestra provocadora y descaradamente incumpliendo las condiciones de una prisión domiciliaria dando muestras de una impunidad facilitada por las autoridades judiciales que nada previeron, nada controlan y nada revisan ante el accionar de Balla”, indica el comunicado de los organismos. “Además –añade el texto–, el condenado a prisión perpetua viene hostigando cotidianamente a una familia vecina a partir de simples pedidos de respeto hacia quienes habitan la casa contigua a la que Balla eligió para que se le conceda la domiciliaria”.
De acuerdo a la denuncia la familia atacada es la joven pareja que componen Daiana Ruscitti y Juan Schumacher, con su hija de sólo 6 meses de vida. “Esta situación que se hace presente día a día, tiene muy atemorizada a la familia, quienes ni siquiera se animan a salir a su patio temiendo la violenta reacción de Balla si los escucha o si se trepa al tapial o a los techos para observarlos, como lo ha hecho en varias oportunidades”, indica el comunicado titulado “Un genocida trepado al tapial”.
La denuncia fue presentada tanto por la familia como por los organismos de derechos humanos de la ciudad de Santa Fe y los de la ciudad de Rafaela, junto con el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, con la asistencia profesional del abogado Guillermo Munné.
Según los fundamentos expuestos en la denuncia, corresponde el cese inmediato del privilegio de prisión domiciliaria con que cuenta Balla quien debe cumplir la prisión perpetua a la que fue condenado en establecimiento penitenciario donde también se puede garantizar su derecho a una adecuada atención de la salud.
Este miércoles, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y la Fiscalía federal con un dictamen técnico, en el que se observa la necesidad del cese del beneficio de domiciliaria para Balla “por las múltiples violaciones a sus obligaciones y la grave situación a la que somete a la familia Ruscitti-Schumacher”, consignó el comunicado de los organismos.
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