Para el gobierno brasileño, las armas serán un derecho. Así lo afirmó su presidente, Jair Bolsonaro, al anunciar decretos para liberar la compra de armamento a civiles. “Me siento a gusto cuando la gente de bien está armada”, admitió. Las iniciativas también favorecerá a policías y militares.
Brasil se arma, sobre todo después de que el ultraderechista mandatario anunciara tres decretos para facilitar la adquisición de armas por parte de civiles y un proyecto de ley que enviará al Congreso, con el objetivo de proteger legalmente a policías y militares involucrados en homicidios.
“La semana que viene voy a firmar tres decretos sobre armas. Las armas son un derecho de ustedes. Las armas evitan que un gobernante de turno se transforme en dictador. No le tengo miedo al pueblo armado. Me siento a gusto cuando la gente de bien está armada”, afirmó Bolsonaro.
El mandatario volvió a la carga con una mayor liberación del acceso, porte, posesión y uso de armas luego de haber logrado que Arthur Lira, del conservador Partido Progresista, su aliado, consiguiera la titularidad de la Cámara de Diputados, y Rodrigo Pacheco, del derechista Demócratas, la del Senado.
“Parece que acabamos de asumir nuevamente”, dijo Bolsonaro sobre la nueva fuerza parlamentaria que lo respalda, representada por partidos derechistas incluidos en el Centrao, un bloque clave para la gobernabilidad pero famoso por buscar cargos en ministerios y empresas estatales.
En un discurso en Cascavel, estado sureño de Paraná, el mandatario defendió su nueva agenda presentada en la apertura del año legislativo que incluye la privatización de la empresa Eletrobras, la mayor estatal eléctrica de América Latina, autorizar la minería en tierras indígenas y proteger a los policías acusados de gatillo fácil o violencia institucional.
“El policía que está en operaciones debe tener una garantía. El policía no puede ser sorprendido por una convocatoria a declarar a la justicia o quedar preso porque estaba trabajando”, dijo Bolsonaro.
El proyecto de ley busca generar un régimen especial para los homicidios cometidos durante las operaciones encabezadas tanto por las policías -que dependen de los estados- como por las fuerzas al mando del Poder Ejecutivo, como las eventuales intervenciones en la seguridad pública que puede realizar el Ejército o la Fuerza Nacional de Seguridad, tropa de elite de la policial federal.
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