La educación es un derecho, no un servicio

Al debate por la presencialidad escolar en tiempos de pandemia se suma la pretensión de declarar a la educación como un “servicio esencial”. El discurso es impulsado básicamente por los sectores de la oposición, se expresa en las redes sociales, en declaraciones mediáticas y hasta en proyectos en diferentes organismos gubernamentales. ¿Qué hay detrás de esta movida? Tres especialistas en educación –consultados por El Eslabón– se paran del lado del derecho y acuerdan que se trata de un debate que cada tanto reaparece, siempre con la meta de cercenar conquistas del magisterio y mercantilizar la enseñanza.

Por sólo citar unos pocos ejemplos cercanos de esta movida que ya es nacional y esconde otros fines, en Rosario la concejala de Juntos por el Cambio Renata Ghillotti presentó un proyecto “para declarar la educación como servicio esencial y volver a las clases presenciales”. El texto es básico, pero abona a los objetivos opositores, sumando a “padres organizados” que claman por “aulas abiertas”. En igual sintonía se expresó el diputado provincial Alejandro Boscarol (UCR, Juntos por el Cambio) en su cuenta de Twitter: “Desde Juntos por el Cambio solicitamos, a través de un proyecto de ley, que el Gobierno de Santa Fe declare a la educación como Servicio Público Esencial, garantizando a los estudiantes la presencialidad en las aulas de todas las escuelas de Santa Fe”.

La diputada nacional (Frente de Todos) por Santa Fe, docente y dirigenta sindical del Sadop Patricia Mounier y el secretario de Educación de Ctera y de Cultura de Amsafé, Miguel Duhalde, explican cómo esta idea de “servicio esencial” pretende limitar el derecho a huelga del magisterio, además de abrir las puertas al mercado educativo. Por su parte, la doctora en educación Liliana Sanjurjo advierte sobre el uso del debate por la presencialidad en detrimento del trabajo docente realizado en la pandemia.

Tanto Mounier como Duhalde recuerdan que la Organización Mundial del Trabajo (OIT) establece qué trabajos pueden calificarse como “servicios esenciales”, y que en esa nómina no figura la educación. Vale recordar que la Constitución nacional, en su artículo 14, define a la educación como un derecho. Y que la ley de educación nacional (26.206) considera a la educación como un derecho desde el primero de sus artículos, y en su artículo 2 define: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.

La trampa de la palabra “servicio”

“Es histórico”, dice el dirigente de Ctera y Amsafé provincial Miguel Duhalde sobre este debate que busca declarar a la educación como “servicio esencial” y que cataloga como algo propio de los 90. También de una lucha que ya es bien conocida para los sindicatos docentes.  “Más que en la palabra esencial, la trampa está en la palabra servicio. Al ponerlas juntas incluyen la idea de servicio, y la educación no lo es. Es un derecho”, subraya.

Duhalde marca dos grandes problemas centrales en esta idea. Por un lado, que al hablar de “esencial” se busca limitar el derecho a reclamar, a protestar y a la huelga que tienen las trabajadoras y los trabajadores, y por eso el rechazo es categórico. “A nosotros nos quieren correr diciendo que las huelgas perjudican a las chicas y los chicos, pero nosotros respondemos que cuando hacemos paro seguimos enseñando, educando, porque enseñamos a luchar por los derechos. Esto también es una enseñanza”, sostiene.

El dirigente sindical defiende la educación como un derecho que tiene que garantizar el Estado y alerta sobre las intenciones transables que rondan estas discusiones públicas. “Al hablar de la educación como «servicio esencial» se lo hace como cualquier otro servicio, que se vende y se compra, como la luz, el gas. Eso le abre las puertas a otro proceso que es el de la mercantilización y la privatización educativas”, advierte.

Duhalde dice que no se puede dudar que la educación es esencial, igual que la salud. Pero alerta que en este momento se utiliza esa idea para dar un debate educativo  que en realidad debe ser sanitario y epidemiológico: “La vuelta a la escuela presencial la plantean como una cuestión educativa, siendo que lo que hay que resolver de manera primordial es la cuestión de la salud, de la enfermedad, de la vida de las personas”.

“La educación es un derecho social y humano. Cuando están en riesgo la salud y la vida ese derecho se puede garantizar de diferentes maneras, como lo hemos hecho en el 2020, a través de la virtualidad, las plataformas, con programas de radio, repartiendo cuadernillos”, enumera. Y destaca la necesidad de que las escuelas estén en condiciones y la docencia vacunada para poder ejercer ese derecho de manera cuidada y segura, sin poner en riesgo a la población.

Duhalde analiza el uso que la oposición hace de esta disputa pública para marcar que “la derecha históricamente utiliza un tema emergente para desgastar a los gobiernos”. “También –alerta– hay un ataque hacia los sindicatos docentes que estamos tratando de defender a las familias, a los estudiantes, a los docentes, la vida; a los sindicatos que nos oponemos a una presencialidad inconsciente. Cuando se busca poner los derechos por encima de los privilegios, se es atacado por la derecha. Y la derecha siempre va a priorizar los privilegios por encima de los derechos”.

Garantizar el derecho

La diputada Patricia Mounier también remarca que lo de “servicio esencial” no es un tema nuevo, y que siempre que se planteó fue fundamentalmente para restringir el derecho a huelga. “Algunos pueden sostener y hacerle creer a la gente que nosotros decimos que la educación no es importante. La educación no es un servicio, es un derecho. Y ahí está la diferencia”, precisa.

Esa idea de educación como servicio –agrega Mounier– es la que planteaba Mauricio Macri respecto de la privatización educativa. “Y la educación es un derecho que tiene que estar garantizado por los Estados nacional y provinciales para todas y todos”, destaca la educadora y dirigenta sindical del Sadop.

En su mirada la discusión central del momento no debiera ser presencialidad sí o no, más bien “cómo va a ser la escuela de la pospandemia, cómo volvemos cuidándonos todas y todos, pero fundamentalmente escuchando la voz de las trabajadoras y los trabajadores”.

Mounier asegura que lo que subyace en este debate es “una embestida de la oposición para cercenar derechos sindicales”. “La oposición viene por la dirigencia sindical, por los sindicatos, como lo pretendió hacer Macri durante los cuatro años de su gobierno”, dice, y propone hacer memoria sobre los palos que recibieron las maestras y maestros cuando instalaban frente al Congreso la Escuela Itinerante, en defensa de las paritarias.

La legisladora analiza que así como la pandemia mostró y hasta profundizó en muchos casos las desigualdades educativas, también permitió a las familias valorar a “la educación en general, y a la escuela en particular”. “Nos dimos cuenta que la escuela es organizadora de la vida familiar, facilitadora de la vida social”, dice, y repasa que “en Santa Fe, en 2003, con las inundaciones, la gente pedía que los centros de evacuados fueran las escuelas, porque eran los mejores, porque tenían la organización escolar: alguien que daba las indicaciones, todo el mundo cumpliendo con un trabajo”.

En su análisis rescata las políticas de Estado con las que el actual gobierno nacional planteó el inicio de su gestión, como las de devolver las paritarias, plantear el aumento del presupuesto educativo, recuperar la capacitación docente gratuita y en servicio, y los programas que amplían derechos a las chicas y los chicos. “Son políticas de Estado que están demostrando que la educación es importante”, dice.

Para esta educación que se viene, que ya está en marcha, Mounier insiste en la urgencia de que los gobiernos escuchen la voz de la docencia. “Lo que no van a poder evitar hacer los gobiernos es hablar con los gremios docentes, para poder tener esa mirada en las decisiones que se tomen”, plantea la diputada.

La educadora habla de la necesidad de afianzar en esta discusión la presencia de la “comunidad educativa”, de recuperar ese concepto para una tarea que requiere de un esfuerzo colectivo. También pone de relieve el trabajo docente realizado en la pandemia, el deseo siempre presente del magisterio de volver a la presencialidad, pero no de cualquier manera.

Descree que en 2020, por la imposibilidad de las clases presenciales, se haya perdido “una generación de chicos”, como se afirma sin reparos desde la oposición. Y vuelve a poner su confianza en las docentes “que seguramente volverán a sacar las estrategias hasta de donde no tengan” para salir adelante. Opina que el regreso a la escuela presencial es una decisión sanitaria antes que educativa, y que una vez en las aulas se va a demandar recuperar los encuentros con las chicas y los chicos, porque “en la escuela no solo se recuperan contenidos”.

También señala como indispensable ofrecer a las familias “un plan organizado para que sepan qué días van a ser presenciales, cuáles virtuales, porque esto tiene que ver también con la organización familiar”. “Y por eso –dice una vez más– hay que consultar a los gremios”.

La presión de lo económico

La doctora en educación Liliana Sanjurjo también prioriza en su análisis diferenciar de manera categórica el derecho a la educación de la idea de “servicio”. “Un derecho y un servicio no son lo mismo”, reafirma, para vincular este último concepto a la prevalencia de lo económico.

Y se detiene a considerar la llamativa convergencia de tantos sectores en el reclamo insistente de “volver a las clases” como si la docencia en 2020 no hubiese estado enseñando. “También defiendo la presencialidad, pero la forma en que se la reclama es también una forma de negar lo que se hizo, de desvalorizar” el trabajo docente.

Sanjurjo, quien es también profesora universitaria y una reconocida formadora de docentes, afirma que a este debate de la presencialidad y la educación como “servicio esencial” se unen otros aspectos que no hay que pasar por alto. Uno es la de asociar la no presencialidad con los problemas de abandono escolar, a las desigualdades educativas: “Nos olvidamos que la escuela no genera la desigualdad, en todo caso es la que cumple una función compensadora en lo social y lo político. Pero al poner tanto énfasis en esto pareciera que la escuela tuviera alguna responsabilidad en la desigualdad, cuando realmente ha sido lo contrario”.

Considera que ese camino (de reclamarle todo a la escuela) corre de foco el cuestionamiento sobre “qué es lo que genera la desigualdad”, “no tocar nada de lo que genera la desigualdad y pedirle más a la escuela, que compense esa desigualdad”. Así  –profundiza– se está responsabilizando nada menos que de las injusticias sociales a la escuela, “sin tocar el modelo de concentración de la riqueza extrema que hay”.

Otro punto que marca Sanjurjo es la relación de la pandemia con la ventaja que los grupos más conservadores pretenden sacar. “Naomi Klein (periodista canadiense) nos muestra muy claramente cómo el capitalismo feroz aprovecha los momentos de catástrofes, como ha sido en general la pandemia, para sacar provechos económicos”, señala la especialista. Y continúa: “No son cualquier personaje los que están vorazmente viendo hoy qué ganancias pueden sacar de las cenizas del árbol caído. Esta es una situación que estos sectores saben usar para hacer negocios”.

La educadora pide centrarse en la defensa de la educación como derecho y no como un servicio, que es lo contrario y donde sin dudas hay que pagar para recibirlo.

 

Fuente: El Eslabón