La diputada Lucila De Ponti pidió revisar y mejorar las herramientas del poder judicial y las fuerzas de seguridad. “Resultan poco efectivas para prevenir la violencia”, aseguró. “Cada vez que nos matan a una piba gritamos, pedimos que sea la última, decimos ni una menos, exigimos y pedimos que se pongan en práctica las leyes que votamos, porque sino no nos sirven y la violencia de género no cesa”, dijo la legisladora, quien participó este miércoles de la movilización frente a los tribunales provinciales para pedir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo y que se implementen medidas más efectivas para la prevención y erradicación de la violencia de género.
La legisladora del Movimiento Evita reclamó que se revisen “las acciones y las herramientas que el poder judicial y las fuerzas de seguridad ponen en práctica frente a las denuncias de violencia de género, porque hasta ahora han demostrado ser insuficientes y poco efectivas”.
«Uno de los pedidos centrales es que la Ley Micaela García de capacitación integral y obligatoria en violencia de género se implemente de forma plena para los funcionarios del Poder Judicial, de la misma forma que se aplique en el resto de los poderes del Estado y en diferentes organizaciones de la sociedad civil», señaló a través de un comunicado de prensa.
“Hay que avanzar con mucha contundencia en este punto, porque las decisiones que toman sus funcionarios impactan sobre la vida o la muerte de las mujeres y en muchos casos parece una institución ciega y sorda frente a esta demanda social”, explicó De Ponti.
