Sólo el 30 por ciento de las sentencias en juicios por delitos de lesa humanidad originados en la actuación de personal de fuerzas de seguridad y civiles, desde 2006 hasta hoy, se encuentra firme. El 74 por ciento de las personas detenidas por esos crímenes está en sus domicilios (unas 638) y los establecimientos penitenciarios sólo albergan a 225 ejecutores de las acciones más crueles contra la humanidad que vivió la Argentina en el siglo XX, lo que pone en contexto la consigna “cárcel común a los genocidas”. El número de condenados anuales disminuye desde 2017 y el tiempo promedio de confirmación de una sentencia –desde su elevación a juicio hasta la intervención de la Corte Suprema (sí, la del 2×1)- es de 5 años y 7 meses, según un informe de la procuraduría de causas de lesa humanidad del Ministerio Público Fiscal. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que luce irreversible en las calles y en la cultura política del país –a pesar de un puñado de negacionistas sobreexpresado en la prensa comercial- no parece producir el mismo eco en los Tribunales. Por suerte, no todo se juega en el Palacio. También está la calle.
Los números
A 45 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que interrumpió el gobierno constitucional de María Estela Martínez, viuda de Perón, los procesos judiciales a sus ejecutores se ralentizaron durante 2020.
Atribuible en parte a la pandemia de coronavirus, el informe del MPF elaborado a fines del año pasado destaca de todos modos una caída en la cantidad de sentencias que se observa desde 2017.
“La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO, sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso que no iniciaron durante el 2020 (10), el descenso hubiese sido similar al año 2018, cuando se dictaron 18 sentencias, lo cual contrastó con las 27 de 2017”, sostiene el informe.
El proceso de enjuiciamiento a los responsables del genocidio argentino fue una construcción colectiva, político-jurídica, que demandó más de dos décadas y supuso un hecho casi inédito en el mundo.
Contra la idea difundida por los negacionistas de que se trata de una “revancha” al margen de las leyes, los procesos judiciales permiten observar que de los 3.448 imputados en causas por delitos de lesa humanidad –desde 2006 hasta ahora-, menos de un tercio han sido condenados: 1.013 a diciembre del año pasado.
En los 623 juicios realizados desde 2006 fueron absueltas 164 personas; existen otras 176 a las que se les dictó falta de mérito durante la instrucción de los casos y 93 resultaron sobreseídas por carencia de pruebas. Menuda revancha la que ofrece tantas garantías del debido proceso.
A diciembre del año pasado, se registraban más represores fallecidos que procesados. Fueron 692 a quienes la muerte les llegó antes que la justicia, contra 628 que cursan una investigación en la que existen evidencias de presuntos delitos.
Ese dato da cuenta de la necesidad de agilizar los trámites judiciales para que no sea la naturaleza la que les garantice impunidad a los veteranos responsables penales de las atrocidades de los campos de exterminio. Son los ejecutores, esbirros de los entregadores y saqueadores cuyo castigo penal es más difícil lograr.
Jueces y empresarios
Con menor ímpetu, el Poder Judicial también avanzó sobre cómplices judiciales y empresariales de la última dictadura, cuyo objetivo fue político-económico: disciplinar al movimiento obrero organizado y, así, generar las condiciones para el avance de la primera experiencia neoliberal en la Argentina, que hubiese sido dificultosa sin el terreno yermo de la matanza y la tortura planificadas.
En Rosario existen dos causas que apuntan a ellos: la del “villazo”, sobre los hechos ocurridos desde marzo de 1975 en Villa Constitución, que contó con la complicidad de directivos de las acerías de la zona; y la que también impulsa el fiscal Adolfo Villate a instancia de una denuncia de la agrupación Hijos Rosario, que pidió las indagatorias de los ex Procuradores Fiscales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez, y del secretario penal de un juzgado de aquellos años, Horacio Claverié, por su presunta participación en hechos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de personas, y como miembros de una asociación ilícita.
Por este último delito, Hijos también solicitó al juez Marcelo Bailaque que vuelva a ser indagado el ex magistrado federal Guillermo Tschopp, procesado en septiembre del año pasado por su participación como juez en los delitos que debía perseguir.
La causa por el “villazo”, que investiga las consecuencias de la ocupación en marzo de 1975 de Villa Constitución por fuerzas de seguridad, militares y paramilitares con la complicidad de los directivos de Acindar pone de relieve la conjugación de objetivos políticos y económicos del golpe, que recién se produciría un año después.
El conflicto se originó por el triunfo de la lista Marrón, liderada por Alberto Piccinini, enfrentado a Lorenzo Miguel, jefe de la UOM a nivel nacional.
“Ese triunfo -describió el fiscal Villate- cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto a los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo hegemónico”.
La investigadora de Flacso y del Conicet, Victoria Basualdo, cuya tesis doctoral versó sobre estos hechos, declaró que el triunfo de la lista Marrón “desencadenó una larga lista de reformas en el sindicato local”, que mejoraron la vida de las y los obreros.
“En este marco, se lograron reivindicaciones económicas muy importantes para los trabajadores, aumentos de salarios en la mayor parte de las empresas y se concretaron acuerdos muy por encima de los convenios y lineamientos del gobierno”, explicó.
Villate señaló cuál fue la respuesta: “Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo –que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”.
La esperanza
El interregno de Cambiemos, en el cual el negacionismo y la revitalización de la teoría de los dos demonios formó parte del discurso oficial, la cabeza del Poder Judicial se hizo eco de esos soplidos y falló a favor de la aplicación del beneficio del cómputo conocido como “2×1” –derogado en 2001- en el caso de un represor.
La respuesta fue contundente: primero en el Congreso y luego con una enorme movilización popular que demostró que no hay margen para dar marcha atrás en el proceso de enjuiciamiento a los represores y sus cómplices.
El diario El País, de España, dijo entonces que “Argentina demostró en las calles y en el Parlamento que en temas de memoria histórica sigue siendo un ejemplo mundial. Los anticuerpos incrustados en la sociedad argentina después de años de convivir con los represores en las calles, tras los indultos de 1991, han provocado una inédita revuelta cívica contra la Corte Suprema”. Los juzga un tribunal, los condenamos todos.
Fuente: El Eslabón
