Los fiscales regionales Carlos Arietti y Diego Vigo saltaron a su jefe, Jorge Baclini, con el propósito de borrar a Marcelo Sain del Organismo de Investigaciones. Tienen motivos, no necesariamente los que exponen en sus escritos. Aquí, algunos antecedentes.
Dos fiscales regionales se rebelaron esta semana a su jefe, el Fiscal General Jorge Baclini, con el objetivo de impedir la reasunción del ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, como director del Organismo de Investigaciones (OI), que dependen del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Aunque no sean necesariamente los que exponen en público, ambos tienen motivos para su proceder levantisco. Formas que adquieren la autodefensa y la política de reducción de daños (propios).
Reconducir el planteo
El fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, presentó la semana pasada ante la Auditora General de Gestión (AGG) del MPA una denuncia contra Sain con el guión ya escrito por la oposición política, fundamentalmente el bloque radical de diputados que preside el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, por hacinamiento en las comisarías, presuntas escuchas ilegales y supuestas irregularidades en una licitación para la compra de armamento policial.
Consideró que se trata de “faltas graves” y solicitó que Sain sea suspendido en forma preventiva en su cargo hasta que se resuelva su denuncia. Un planteo similar habían realizado los bloques de diputados del Frente Progresista, el PRO y Somos Vida apenas Sain renunció al Ministerio.
La directora de la AGG, Cecilia Vranicich, se declaró incompetente para entender en la denuncia de Arietti y Baclini dejó sin efecto la licencia solicitada por Sain en diciembre de 2019 a su cargo de la OI, por lo que el lunes 5 de abril pasado reasumió su puesto obtenido por concurso.
Arietti apeló la resolución y la Junta de Fiscales –que reúne a los cinco jefes regionales del MPA– resolvió por unanimidad que “es necesario reconducir el planteo como un recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.
Tecnicismo que significa aceptar el planteo de Arietti y asignarle el fardo a Baclini, ya que “es el Fiscal General como superior jerárquico del MPA (único superior de la AGG) el órgano competente para conocer del recurso en cuestión”.
Al día siguiente, el martes 6, se sublevó el fiscal Regional de Rafaela, Diego Fernando Vigo, quien ordenó a sus inferiores que no deleguen investigaciones en el OI mientras lo dirija Sain, que pidan la devolución de los trámites en curso y que dejen sin efecto toda colaboración con el organismo.
Para fundamentar la secesión de la Fiscalía Regional 5ta del resto del MPA, Vigo se apoyó en la denuncia de Arietti ante la auditoría interna. Pero ambos poseen, además, otras razones para objetar el retorno del exministro al OI.
Embolsados
El desempeño de Arietti como fiscal Regional de Santa Fe quedó empañado en la investigación del “caso Oldani”, que investiga el asesinato del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en la oficina de su comercio de turismo ubicada en la galería Rivadavia de la ciudad capital.
El día que lo mataron, en la empresa había alrededor de un millón de dólares y –se estima– unos 3 millones de pesos en efectivo, que luego desaparecieron de la escena del crimen. Sólo quedó la fotografía policial de la parva de papeles, aunque ya se sabe quiénes lo retiraron y con la cooperación de quién.
La investigación por el homicidio derivó en una por presunto lavado de activos, atento a que se desconoce el origen del dinero que circulaba por Turismo Oldani SRL, presumiblemente una “cueva” encubierta de préstamos, cambio de divisas y cheques. Por esa causa el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó al juez Marcelo Bailaque el procesamiento de diez personas.
El homicidio de Oldani fue investigado, originalmente, por la fiscal santafesina Cristina Ferraro. Según se determinó en la pesquisa a partir de cámaras de videovigilancia de la galería, a las 23.56 del día del crimen “ingresa a la galería Rivadavia, por calle La Rioja, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto con la doctora Cristina Ferraro”.
Un informe de la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, señala que “en el lugar también se distingue a Virginia Oldani –hija de Hugo Oldani–, su esposo José Luis Hernández y otras personas cuya identidad se desconoce”.
A las 0.57, cuando personal policial y civil estaba afuera del local, “vuelven a ingresar con extrema premura a la oficina. En primer lugar José Luis Hernández, luego Virginia Oldani y por último una mujer cuya identidad se desconoce, mientras el resto del personal policial y doctora Ferraro permanecen en el hall”.
El informe de Jiménez indica que “Hernández, Oldani y la mujer mencionada, ingresan sin ningún bolso ni caja al lugar y que, posteriormente, a la 1.04, salen las tres personas del local cargando la mujer un bolso, Hernández una caja azul y una mochila y Virginia Oldani, un bolso. Luego se observa que un policía de AIC se acerca a la puerta del local y coloca la faja de seguridad”. El dinero en efectivo se había esfumado delante de la fiscal del caso.
Arietti recibió el informe de la fiscal Jiménez –sobre lo actuado por su colega Ferraro– el 3 de julio de 2020. El trabajo también da cuenta de cámaras de videovigilancia que se aprenden y se apagan por un presunto accionar policial y de posibles irregularidades con las cuatro computadoras que había en el local y que debían ser cauteladas como prueba.
Desde que recibió el informe, Arietti se tomó un mes para apartar del caso a su subordinada Ferraro, una vez que los datos se filtraron a la prensa.
Entonces, el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, anunció que iba a pedir “que (el fiscal Regional) se presenten en la Legislatura para respaldar a la fiscal Mariela Jiménez y para preguntarle respetuosamente a Carlos Arietti por qué durante todo este tiempo mantuvo silencio, cuando las leyes hablan de la imprescindible transparencia”.
“Los nichos de corrupción están en distintos lugares…en el poder político, en el Poder Judicial, no podemos mirar hacia otro lado y también debemos empezar a despejar lo que pasa en el Poder Legislativo”, sostuvo entonces Del Frade a Aire de Santa Fe.
El crimen de Oldani –y lo que la investigación posterior puso a la luz en cuanto a posibles delitos económicos– fue seguida de cerca por la gestión de Sain en Seguridad. Esa impronta investigativa y no los audios soeces es lo que molesta y produce irreparables enconos.
Hermanados
Antes de hermanarse en el intento por impedir la reincorporación de Sain al OI, Arietti y Vigo compartieron funciones en la Fiscalía Regional de Rafaela. El primero como jefe, el segundo como fiscal. Vigo estuvo a cargo de la investigación por presuntas irregularidades en la distribución de subsidios del senador Raúl Gramajo, que tuvo causas espejos en Rosario.
Los fiscales rosarinos de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos que investigaron esos legajos fueron apartados de sus funciones apenas asumió como fiscal Regional Patricio Serjal, hoy imputado con prisión domiciliaria por el supuesto cobro de coimas al capitalista el juego ilegal, Leonardo Peiti, en la misma causa que todavía está implicado el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri.
En marzo de 2017 Vigo archivó la causa a Gramajo. Su entonces jefe Arietti explicó que “no había elementos para continuar la investigación”. En abril, con dictámenes de la comisión de Acuerdos firmados por Gramajo y con su voto en el recinto, Arietti fue designado fiscal Regional de Santa Fe y Vigo de la circunscripción 5ta, Rafaela.
Entonces Arietti pidió “no especular” con la conexión y cercanía temporal de ambos hechos, puesto que “los legisladores votaron” y “nosotros resolvimos lo que vimos”.
En esa rueda de prensa, Arietti reveló que Gramajo lo visitó en dos oportunidades mientras era investigado, según publicó el diario Rosario/12. Dijo que no se sintió presionado y que el senador “vino a la Fiscalía porque quería presentar documental”. “Le dijimos que sí, que no había ningún problema y de hecho presentó recibos, libros de actas, etcétera”.
Curiosamente, explicó que la reunión no fue con Vigo, que era el fiscal del caso, sino con él, que era el superior de Vigo pero no participaba de los detalles de la investigación.
“El senador Gramajo fue a la Fiscalía, pero no habló con el fiscal que llevaba el caso, habló conmigo y con otro funcionario (del MPA). Fue dos veces”, detalló.
Cuando en la causa Oldani un bioquímico que estuvo detenido 10 días por error –acusado de ser el autor intelectual del asesinato– se dirigió a Arietti para que cesara la injusticia, el fiscal Regional le contestó que debía remitirse a su subordinado que lleva adelante el caso. No siempre se aplica la misma vara.
Engarronado
El desempeño del separatista Vigo en la Fiscalía Regional de Rafaela también se deslució en una causa en la que terminó condenado por amenazas el ex marido de una mujer que mantiene un vínculo sexo-afectivo con él.
El 19 de octubre del año pasado Carlos Podio Barreiro, un ingeniero de la ciudad de Rafaela, fue allanado en su domicilio por una denuncia de amenazas de María Victoria Almeida, entonces su pareja. Atrás le cayeron otras 10 denuncias por igual delito entre los años 2018 y 2019, que antes no habían sido formalizadas.
Pasó 60 días en prisión preventiva y, según contó a El Eslabón su abogado, Juan Lewis, dos veces lo subieron a un patrullero y lo llevaron hasta cercanía de las cárcel de Las Flores con el inconfeso propósito de “ablandarlo”.
La hermana del ingeniero descubrió el 30 de octubre que Almeida, que es empleada del MPA de Rafaela que conduce Vigo, mantenía una relación sentimental con el fiscal Regional. Entonces lo denunció por abuso de poder, al entender que la causa contra Podio Barreiro y su prisión preventiva eran una suerte de aleccionamiento para el exmarido de Almeida.
En diciembre del año pasado, con la representación del abogado Néstor Oroño, el hombre firmó un juicio abreviado con una condena de tres años en suspenso por amenazas, en el que aceptó los cargos. La sentencia, entre otras cosas, le prohíbe hablar con los medios de comunicación.
Aunque es poco frecuente, porque se trata de un acuerdo de partes, el juicio abreviado fue apelado por el actual representante legal de Podio, el abogado Lewis.
“La apelación se centra en que aceptó ese procedimiento abreviado, dio su consentimiento, pero ese consentimiento está viciado, porque estaba preso, en condiciones deplorables, estaba en la comisaría y dos veces lo subieron a un patrullero y lo llevaron hasta la puerta de la cárcel de Las Flores”, dijo Lewis.
También planteó en el texto recursivo que “había falta de objetividad en el MPA, tanto de Vigo como (de la fiscal del caso, (Ángela) Capitanio, y que él en ese marco aceptó el juicio abreviado”.
Es que Almeida, según Lewis, reconoció que era amiga de Capitanio y, además, tenía un vínculo sexo-afectivo con Vigo, cabeza del MPA en Rafaela. Los principios de imparcialidad y objetividad, digamos, lucían dañado. “La causa la tendrían que haber enviado a Santa Fe”, señaló el abogado.
Para Lewis, el juicio abreviado que firmó Podio Barreiro fue bajo presión, cuasi extorsivo, y hasta “por hechos sobre los que no había prueba”. Como ejemplo de las “desprolijidades”, contó que le imputaron un caso de amenazas a su entonces pareja presuntamente ocurrido en una playa de Punta del Este, donde el MPA de Rafaela no posee competencia territorial.
La apelación, que cuenta con antecedentes en la Corte Suprema de Santa Fe, está en segunda instancia.
En cuanto a la denuncia por abuso de poder presentada por la hermana de Podio Barreiro contra Vigo y Capitanio, Lewis informó que fue desestimada por la fiscal de Rosario, Paola Aguirre, y en igual sentido se pronunció la fiscal Regional interina, María Eugenia Iribarren. “En ese caso sí se envió la investigación a otra jurisdicción”, puntualizó sobre el uso de una doble vara para casos homologables.
Lewis señaló que la desestimación de Aguirre señala, básicamente, que no hay delito en la acción de dos personas que deciden acostarse, de mutuo acuerdo. Probar que por ese motivo Vigo haya ordenado o sugerido a Capitanio el impuso de la acción penal contra Podio es, cuanto menos, difícil.
“Pero que esta persona (Almeida, la presunta víctima) tenga una relación con quien está persiguiendo a su ex pareja, implica que por lo menos tendría que haberse apartado. Es cierto que es una acción privada, es difícil de probar si Vigo llamó por teléfono, pero en este caso concreto es un dato que trasciende lo privado porque son partes enfrentadas y con poder respecto de un imputado”, cerró.
Con esos antecedentes a cuesta se entiende mejor el ímpetu que anima a Arietti y Vigo para resguardarse del regreso de una persona que, desde el Organismo de Investigaciones, pudiera impulsar acciones tendientes a resquebrajar el pacto tácito de no agresión interna del MPA, cuyo contrato no escrito es transversal también a sectores del poder político.
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