La resolución del juez se da en el marco de la causa por intentar defraudar al Estado provincial y beneficiar a una empresa en una licitación para comprar armas para la policía santafesina por más de 17 millones de dólares.

La crisis en Seguridad provincial, entre bajas impuestas de abajo hacia arriba y “chivos expiatorios” parlanchines. Coincidencias entre oficialismo y oposición. Éramos pocos y apareció la Embajada yanqui.

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, junto dos ex funcionarios, fue acusado de “maniobras defraudatorias” en una licitación de armas para la policía de la provincia, operación que nunca llegó a concretarse.

El ex titular de Seguridad provincial declaró en el juicio al narco Alvarado. Dije que por investigar las complicidades estatales con el crimen fue expulsado del gobierno y del MPA. “A Perotti le doblaron la mano”, afirmó.

Una resolución judicial ordenó que los fiscales que investigan a Saín y a ex funcionarios, deberán permitir a los acusados el acceso total a la causa, digitalizar las pruebas y ponerlas a disposición de los abogados defensores.

El pedido del fiscal de Estado, Rubén Weder, fue aceptado este viernes al no haber oposición de las partes. El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, quedó en el centro de una investigación por el presunto espionaje ilegal.

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, ironizó en redes sociales sobre la designación de Armando Traferri como representante de la Cámara de Senadores en la flamante Junta Provincial de Seguridad: “Viva la mafia”, tuiteó.

Los fiscales Hernández y Jiménez resisten dos resoluciones judiciales que los obligan a hacer lo que no quieren: permitir el acceso a la causa por “espionaje ilegal” a las defensas de los sospechosos. Pullaro, ofendido.

Las pruebas del presunto “espionaje ilegal” seguirán en reserva por decisión judicial. Con excepción de los medios de comunicación. La causa nació y se crió en la pata radical del OI, que también realiza pericias del caso.

El gobernador Omar Perotti firmó este jueves el decreto para que la provincia de Santa Fe se constituya como querellante en la causa por presunto espionaje ilegal realizado desde el Ministerio de Seguridad.