“La presencialidad es la mejor forma de ejercer el derecho a la educación, pero no es la única alternativa de hacerlo posible”. En esa idea se basa una declaración reciente de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), en la que apoya las medidas restrictivas ante el aumento de casos de Covid 19. En esa misma línea de darle prioridad al cuidado de la salud colectiva están los sindicatos docentes.
Claro que la CADE también alerta que hace falta atender las urgencias de los sectores más vulnerables y garantizar el trabajo docente allí donde los recursos materiales no son moneda corriente. Así, señala que la población infantil y de jóvenes más pobres “quedarán fuera de la educación virtual no presencial si no cuentan con los equipamientos y la conectividad necesarios y con los edificios escolares en las condiciones que la pandemia exige”. Recuerdan que no alcanza con declarar a la conectividad como “un derecho social” sino que hay que hacerlo valer. Más cuando se sabe que la enseñanza presencial y virtual se alternarán de manera permanente por un tiempo aún no definido.
Esta campaña también reconoce el esfuerzo de la docencia para sostener la enseñanza en un contexto inédito y nada fácil: “Hay que lograr que la vinculación con las escuelas pueda ser resuelta con formatos pedagógicos de acompañamiento adecuados y contextuales, lo que implica un importante trabajo de docentes y directivos, que han estado realizando y sabemos que seguirán haciéndolo, compromiso que desde ya reconocemos y valoramos”.
“Queremos que las escuelas funcionen con presencialidad cuidada en todo el territorio nacional cuando esto sea efectivamente posible”, destacan desde la Campaña Argentina para poner una vez más el acento en sostener las clases, pero antes cuidar la salud colectiva. Una tarea que, consideran, requiere también de un compromiso colectivo para que la escuela no sea una isla: “Si no nos cuidamos y no cumplimos estrictamente con las medidas indicadas por todos los especialistas, paradójicamente, en lugar de defender la presencialidad estaremos atentando contra ella”.
La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (derechoseducacion.org.ar) se creó en 2006. Según se presenta en su página oficial se fundó a partir del interés común de una serie de organizaciones sociales, estudiantiles, juveniles para construir un espacio común en defensa del derecho a la educación. A nivel internacional participa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Campaña Mundial por la Educación (CME).
Todos los años estas Campañas realizan una semana especial (la última de abril) para resaltar la defensa del derecho a la educación. En 2021 estuvo centrado en demandar “más y mejores recursos para la financiación de la educación pública y gratuita, frente al contexto de la pandemia Covid-19”. Justamente para garantizar la inclusión e “igualdad de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas y todos”.
Fortalecer el oficio
También la Internacional de la Educación (que reúne a los sindicatos docentes del mundo) se pronunció a favor de fortalecer la profesión docente en el marco de la pandemia de coronavirus. “El futuro de la educación depende del fortalecimiento de la profesión docente, de la mejora de la condición docente y de la mejora de las condiciones para garantizar que todos los alumnos y alumnas tengan un docente cualificado. Es necesario que se reconozca la experiencia del profesorado. El personal docente debe ser quien lidere el desarrollo y el futuro de la educación”, señala la organización internacional.
Reconoce que la Covid 19 ha introducido con un ritmo acelerado la utilización de la tecnología y la inteligencia artificial en la tarea de enseñar. Aun así hace un llamado a no perder de vista el valor irremplazable de las maestras y maestros. “La simple introducción de la tecnología educativa -alertan- no conduce a una mejora del aprendizaje. La profesión docente tiene un papel fundamental a la hora de evaluar y decidir la tecnología adecuada para la enseñanza y el aprendizaje”.
También que está demostrado que las relaciones entre la docencia y las comunidades escolares son fundamentales para el desarrollo de los aprendizajes y de las y los estudiantes, por tanto “las pantallas no pueden sustituir estas relaciones”. El pedido de la IE es sumar tecnología pero siempre centrando la educación en el ser humano.
Primero la vida
En esa línea de que todo trabajo, y esto incluye principalmente al docente, debe priorizar lo sanitario, este jueves pasado la CTA de los Trabajadores se pronunció con un comunicado que titula “Primero está la vida. Ya no hay tiempo. Ahora hay que parar”. De hecho, la Ctera, que integra esta central, dedica la fecha del 1° de Mayo a homenajear a las y los trabajadores de la salud, y a quienes hacen al bien común de la patria.
El comunicado de la CTA repasa la saturación del sistema de salud, en especial en el AMBA, y comparte cifras que lejos de naturalizarlas son un llamado urgente a extremar los cuidados: “El promedio de edad de los internados bajó a 53 años. El incremento de casos en menores de 20 años es inocultable. Superamos con creces el pico de contagios de la primera ola: 29.477 en abril de este año contra los 18.326 de octubre de 2020. Con tasas de incidencia menores a la mitad de las que hoy observa Argentina, países como Alemania, Uruguay y Chile redujeron al mínimo la circulación y suspendieron la presencialidad escolar”.
“Hoy es el tiempo límite de cuidar la salud por encima de todo ya que toda dilación se pagará en vidas humanas”, advierte la CTA y llama, entre otras medidas, a “convocar una mesa de expertos que señalen las pautas de alarma para tomar medidas estrictas. No opiniones, sino datos concretos con criterio científico. Sin partidismo, la ciencia debe estar a la altura de las necesidades del pueblo”. También a “generar un diagnóstico detallado y regionalizado que permita ir monitoreando el comportamiento de la pandemia en todo el país y actuar en consecuencia”.
Además, propone “evaluar, de acuerdo a la experiencia de países como Alemania, Uruguay, Francia entre otros, el límite de contagios por 100.000 habitantes para el cierre de actividades en forma detallada, puntual, temporal y acompañada. Estas medidas deben ser unificadas en los territorios y no fraccionadas”. Y finalmente “generar un sistema de comunicación permanente a la población, con criterios unificados, claros y conducentes, que explique la evolución de los casos y las decisiones adoptadas porque las medidas tendrán un impacto positivo a los 10 días de su implementación”.
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