Desgarradores testimonios desde el lugar de los hechos y un llamado desesperado para que se conozca la verdad para romper con el blindaje mediático que los medios corporativos les brindan a los asesinos de sus propios pueblos.
En medio de una grave crisis sanitaria que dejó más de 75 mil muertos, desempleo, hambre, y unos 50 mil comercios cerrados, el presidente de Colombia, Iván Duque, pretendió hacer pagar los costos de la crisis a la clase media y a los más pobres, preservando a las empresas, a los grandes evasores y a los que se dedican a fugar divisas a paraísos fiscales. Así lo dijo el por entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla: “El recaudo vendrá el 73 por ciento de las personas y el resto de las empresas”. Pero no lo logró. El proyecto de 110 páginas denominado “Ley de Solidaridad Sostenible” no se pudo sostener cuando el pueblo salió a la calle en decenas de ciudades. Duque reprimió con ferocidad asesina, dijo que las protestas eran financiadas por el terrorismo y el narcotráfico, pero finalmente debió dar marcha atrás. Y Carrasquilla renunció. Pero el gobierno no logró frenar las protestas. Porque el rechazo de esa reforma tributaria fue el disparador de otros viejos y reiterados reclamos nunca escuchados.
Duque pretendía paliar el gasto social que trajo aparejado la pandemia, que lo obligó a implementar nuevos programas de ayuda a los más necesitados, con los recursos de la clase media y los pobres, y también con algunas moneditas de los que más ganan. La idea era extender el IVA (que es del 19 por ciento) a actividades no gravadas como los servicios de luz, gas y agua, los productos electrónicos y hasta los funerales. Esto último parece una broma macabra en un país donde el Covid, el ejército, la policía y los parapoliciales y paramilitares perpetran masacres en forma cotidiana.
El gobierno calculaba que con esta reforma iba a recaudar unos 6.294 millones de dólares más, un dos por ciento del PBI de Colombia. Pocos días antes, el 13 de marzo, se dio a conocer un documento reservado de las Fuerzas Armadas que manifestaba la intención de comprar 24 aviones de combate de última generación. El costo: 4.500 millones de dólares. El principal candidato para venderlos es, obviamente, EEUU.
La bronca de las mujeres y los hombres que protestan en Colombia va más allá de la reforma. Como lo expreso en un documento el Comité Nacional de Paro se pide una campaña de vacunación acorde a la gravedad de la pandemia, una renta básica equivalente a un salario mínimo, soberanía y seguridad alimentaria, que se deje de fumigar con glifosato, que se defienda la producción nacional, que se terminen las privatizaciones (las hubo incluso en el sector salud durante la pandemia), subsidios para las Pymes, terminar con la discriminación sexual y étnica, eliminar las exenciones tributarias a las grandes corporaciones, y dejar de favoreces y proteger a quienes fugan divisas a paraísos fiscales, entre otros puntos.
La mayor crisis es la de los derechos humanos
El sociólogo e investigador de conflictos sociales en Colombia y académico de la Universidad de Santo Tomás, Alexander Gamba Trimiño, afirmó que lo que está sucediendo “se puede caracterizar como un estallido social cuyo detonante fue una reforma tributaria profundamente regresiva para la clase trabajadora y para las clases medias y bajas”.
“Se pretendía pagar la crisis del Covid y la crisis económica que ya existía cobrándoles más impuestos a los trabajadores. Esto produjo una inmensa indignación en la población y entonces las organizaciones obreras, estudiantiles, indígenas, y podríamos decir que todas las estructuras organizativas del pueblo colombiano salieran a las calles. Esta salida masiva sorprendió a todas y todos, nadie, ni siquiera los organizadores, pensaban que en el peor momento de la pandemia, ya que estamos en el tercer pico, iba a ser tan masivo, nadie lo pensaba y salió muchísima gente, incluso mucha no organizada”, aseguró Gamba Trimiño.
“Y la movilización continuó y se sostuvo en las calles a partir de la participación de los jóvenes de los barrios populares. La respuesta del gobierno fue la represión brutal, sobre todo a esos jóvenes más que a las marchas, sobre todo en Cali”, agregó el académico colombiano, al tiempo que reafirmó que la reforma tributaria “fue nada más que un detonante”.
“Hay una crisis que es mucho más profunda y que tiene tres aspectos: social, político, pero sobre todo de los derechos humanos. Por eso el paro no cae. La gente está levantando otras banderas y el gobierno decidió militarizar la protesta. Esto implica que el gobierno tiene la potestad de destituir alcaldes si considera que no está manejando bien la protesta”, señaló Gamba Trimiño, que además enumeró cuáles son los motivos para que siga el paro.
El académico explicó que el pueblo está luchando contra la privatización de la salud, por una renta básica, pero fundamentalmente para que frene la represión policial.
Por su parte, Marcela Guerrero, colombiana y militante de la región andina, realizó, a través de un audio difundido por las redes sociales, un pedido de ayuda al mundo por la “situación crítica” de su pueblo. “Esto se pone por segundo a segundo, pretendo ser un puente para que se conozca la situación. Necesitamos que se sepa que este levantamiento popular está siendo reprimido, sobre todo en las noches, que es cuando se produce el mayor número de muertos, desaparecidos y detenidos. El número es indeterminado, las cifras oficiales no reflejan la realidad”, indicó Guerrero, quien hizo hincapié en la necesidad de pensar la situación en el contexto de América Latina.
Los organizadores de las protestas difundieron a través de las redes sociales un texto que hace referencia a la masacre del 2 y 3 de mayo en Cali y se titula “Terrorismo de Estado en Colombia”. Allí se describe “cómo la ciudadanía colombiana está siendo agredida en este momento por el gobierno autoritario de Iván Duque, especialmente jóvenes participantes en el levantamiento popular”.
“La indignación por la violencia policial en la noche del 2 de mayo –un ataque masivo, para disolver la protesta a sangre y fuego–, resuena hoy en las redes con el registro de las acciones violentas por parte de la policía y sus grupos paramilitares”, denuncian los organizadores, al tiempo que hacen referencia de cómo los policías cometen saqueos y actos de pillaje para justificar la represión.
“Indignados por estos hechos y amenazados por la militarización de las ciudades y de la vida social que pone en riesgo las vidas de los colombianos, llamamos, desde distintos medios, a las organizaciones de derechos humanos, a los gobiernos de países demócratas, y a quienes tengan posibilidad de incidir en la opinión y en las decisiones políticas, para hacer el llamado al cese de la violencia y los fusilamientos en las calles de Colombia”, señala el texto.
Mientras tanto, el sitio de noticias en red de la cadena televisiva Caracol, uno de los principales medios hegemónicos del continente, ofrecía titulares que daban cuenta de la violencia de los manifestantes.
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