Siete integrantes de la narcobanda rosarina, entre ellos su líder Ariel Guille Cantero, empiezan a ser juzgados este viernes por una decena de atentados contra domicilios de jueces e instituciones judiciales cometidos entre mayo y agosto de 2018 en Rosario, informaron fuentes judiciales.
El juicio se desarrollará de manera virtual, con los acusados siguiéndolo por la plataforma Zoom en sus lugares de detención y los magistrados, los fiscales y las defensas en la sala 10 del segundo piso del Centro de Justicia Penal, que la noche del miércoles último fue baleado por cuarta vez en el marco de un ataque que los investigadores relacionaron con el inicio de este debate.
Por tal motivo, desde anoche en la sede judicial se montó un fuerte operativo de seguridad del que participan 250 policías, entre ellos de la Tropas de Operaciones Especiales (TOE), asignados a los techos del edificio.
Desde varias cuadras antes de llegar al Centro de Justicia Penal, que se encuentra vallado, policías identifican a quienes se aproximan al lugar y en el interior, en cada piso, escanean a toda persona que ingresa.
El debate estará a cargo de los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto y se estima que se extenderá durante varias jornadas a lo largo de cuatro semanas. Cantero y los otros seis acusados enfrentan cargos por diez ataques cometidos contra domicilios de funcionarios judiciales o sedes de justicia, siete de los cuales creen que fueron instigados desde prisión por el líder de Los Monos.
Los fiscales Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo adelantaron que pedirán 24 años de prisión para Cantero por considerar que las balaceras “tuvieron como propósito intimidar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación en particular y del Poder Judicial en general, a fin de impedir el normal desarrollo de sus funciones”.
Los siete imputados llegan al debate oral detenidos, aunque no todos por las balaceras, sino que algunos están con prisión preventiva por otros delitos. Cantero se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, mientras que Leandro Daniel Olivera, Damián Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro Teletubi Delgado, Leonel Alejandro Fernández se encuentran en la Unidad 11.
En tanto, Lucía Estefanía Uberti permanece recluida en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario. Mientras que los otros involucrados en el caso, Claudio Churro Canavo, José Alberto Castillo y Aldana Mazzeo, ya fueron condenados a través de juicios abreviados que acordaron la Fiscalía y las defensas.
Balaceras
Los hechos que se les imputan conforman una serie de atentados que comenzaron el 29 de mayo de 2018, con ataques a balazos a dos viviendas, una de Italia al 2.100 y otra de Montevideo al 1.000, en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó al grupo liderado por los Cantero.
El 30 de junio de ese año se registró una balacera contra una vivienda ubicada en Braille al 1.400 que perteneció al ex integrante de la Brigada Operativa de Judiciales, Ariel Lotito, encargado de la investigación por asociación ilícita de Los Monos.
A continuación, el 26 de julio, se cometieron atentados contra dos viviendas, una de Zeballos al 2.500 y la otra en Dorrego al 1.600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio oral y público contra la misma banda liderada por Cantero.
Más tarde, el 4 de agosto de ese año fue baleado un departamento de un edificio de Libertad al 300 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga y más tarde en esa fecha se reportó una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, ubicado en Sarmiento y Rueda.
Sólo un día después, una vivienda de Tarragona al 700 bis sufrió una ataque a balazos que los investigadores atribuyeron a un error del tirador y consideraron que el objetivo era una casa cercana vinculada a la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández, integrante del tribunal que revisó la sentencia por asociación ilícita a Los Monos.
El 10 de agosto el ataque fue dirigido a una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires al 1,700 y tres días después, fueron halladas marcas de balazos en el frente de un edificio de San Luis al 1,400, vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal que revisó la sentencia.
La cronología de atentados destinados continúa el 14 de agosto, con un nuevo ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) de Montevideo al 1,900. Y finalmente, el 28 de agosto fue arrojada una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Fuente: Télam
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