El gobierno de Luis Lacalle Pou, neoliberal y cada vez más cerca de la derecha pro- genocida, impulsa un proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 65 años.
El gobierno de Luis Lacalle Pou viene mostrando la típica deriva hacia la derecha y la ultraderecha de las distintas formas de neoliberalismo. Además de precarización laboral, ajustes y medidas económicas que perjudican a las trabajadoras y los trabajadores, se suma el apoyo a la represión, las dictaduras y el terrorismo de Estado. Una amalgama nefasta que ya dio lugar a grandes manifestaciones: primero, contras las medidas económicas, y ahora, contra el proyecto de ley que pretende beneficiar a los asesinos del pueblo.
La asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura de 1973 a 1985 (que desde hace tiempo viene expresando su rechazo a la medida) marcharon este jueves 9 de diciembre junto a la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la asociación de Ex-presos Políticos del Uruguay (CRYSOL) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de vivienda Por Ayuda Mutua (FUCVAM), entre otras organizaciones.
Las enormes columnas que ganaron la calle se movilizaron desde la plaza de La Libertad hasta el Palacio Legislativo de Montevideo.
“Defenderemos la democracia y un estado de derecho de quienes fueron parte de la dictadura y ejercieron el terrorismo de Estado, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad deben tener, por sus delitos, prisión efectiva”, declaró la central sindical.
La propuesta de ley fue presentada en el Parlamento por el senador de derecha Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, fuerza que integra la coalición de gobierno. El senador es un activo defensor de represores. El año pasado pudo sortear un pedido de desafuero en la Cámara Alta. Se lo acusaba de omitir la confesión del represor José Nino Gavazzo durante su etapa como ex comandante del Ejército, entre 2015 y 2019.
“Es un claro intento de beneficiar a reclusos presos por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar”, dice el comunicado del Frente Amplio.
Según informó Página 12, la asociación que nuclea a los ex-presos políticos de Uruguay hizo una distinción respecto a lo que ocurre en países vecinos como Argentina o Chile, donde “centenares de represores fueron juzgados, condenados y purgan sus condenas” en cárceles comunes. “Votar en contra de este proyecto de ley es un acto militante en favor de la democracia y de las normas de derechos humanos. El sistema político en su conjunto debe oponerse”, señalaron.
En noviembre de 2021, relatores en materia de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron en una carta dirigida a Lacalle Pou su “profunda preocupación” por la chance de que la iniciativa avance en el Congreso.
Con mucha más diplomacia y suavidad que la ONU, el ex presidente de Uruguay y líder colorado, Julio María Sanguinetti, dijo que el proyecto era “inoportuno”, informó Página 12.
La hinchada del club de fútbol Nacional desplegó una pancarta que decía “No a la liberación de los torturadores” durante el partido que jugó contra River Plate de Montevideo.
Por su parte, la dirigencia del Frente Amplio destacó su compromiso “por la Verdad y la Justicia y el firme deseo de que en Uruguay no vuelvan a cometerse las atrocidades ocurridas durante la última dictadura, a causa del pacto de silencio entre militares retirados y activos”, señaló la coalición, yendo al fondo de la cuestión: en Uruguay el “partido militar” conserva todavía poder e intentó en todo momento hacer que fracase la lucha de las distintas organizaciones que luchan por la verdad y la justicia.
Con un gobierno neoliberal cada vez más inclinado a la derecha, los genocidas se sienten envalentonados y saben que es un momento especial, en Uruguay y en buena parte del mundo, frenar el avance sobre todo aquello que el pueblo organizado logró con lucha, resistencia y grandes sacrificios.
Cabildo Abierto, firme junto a los asesinos del pueblo
Según informó el sitio de noticias venezolano Telesur, Cabildo Abierto siempre insistió con restaurar la Ley de Caducidad, más conocida como Ley de Impunidad.
Esta norma brindó protección a quienes ejercieron el terrorismo de Estado durante la dictadura militar en Uruguay (1973-1985).
Bajo la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue aprobada en 1986, cuando se marcó el fin de la transición del Gobierno dictatorial al democrático, los crímenes perpetrados por funcionarios militares o policiales durante el golpe de Estado no pudieron ser juzgados, agrega Telesur.
Esto se hizo contra las normas y principios del derecho internacional, que obligan a todos los Estados a abstenerse de adoptar legislaciones que impidan juzgar hechos históricos calificados como crímenes de lesa humanidad, tal cual sucedió con el terrorismo de Estado.
En el ámbito del derecho interno, la ley se aprobó influida por la coacción militar, fue dictada bajo amenaza de las Fuerzas Armadas de un desacato institucional. Cuando comenzaron las primeras citaciones judiciales, dijeron que no se iban a presentar y amenazaron con la desobediencia. Por lo tanto, se forzó al Poder Legislativo a votar algo que permitiera que las Fuerzas Armadas quedaran impunes por los crímenes cometidos.
Además, la Ley de Caducidad viola el principio republicano y constitucional de la separación de poderes, porque quien decide qué caso se juzga y qué caso no, es el Poder Ejecutivo, informó Telesur.
Lacalle Pou: chin-chin de navidad con milicos en el Congo
Según informó el diario uruguayo El País, el presidente Lacalle Pou pasará la Navidad en el Congo, junto al contingente de 203 efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea, que están desplegados en aquel país en el marco de las misiones de paz de la ONU. Así lo informó Telenoche (Canal 4) y lo confirmaron fuentes de Presidencia.
Según pudo saber El País, el viaje de ida se realizaría el 23 de diciembre y el presidente estará acompañado por el ministro de Defensa, Javier García. Por el momento, no se ha informado cuándo será el retorno, finaliza el diario uruguayo.
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