Carrió acudió al Poder Judicial para garantizar la seguridad en Recoleta, “alterada” por el bullicio peronista. Los vecinos de Empalme y Ludueña también sufren ruidos molestos. De Gaspar Campos a Juncal y Uruguay.
El mismo día que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentaba un amparo para que el Ministerio de Seguridad de la Nación garantice la seguridad en la zona del barrio porteño de Recoleta donde está ubicada la residencia particular de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un fiscal de Rosario imputaba a 26 jóvenes como presuntos miembros de una asociación ilícita que habría cometido extorsiones, balaceras y cuya principal actividad es el narcomenudeo, que tiene a maltraer a los barrios Ludueña y Empalme Graneros, cuyos habitantes pasan los días desamparados. Al parecer, tanto en el barrio porteño como en los rosarinos la cuestión son los ruidos molestos: en el primero los que producen los bombos y los fuegos artificiales de los seguidores de Cristina que manifiestan su apoyo a la líder del Frente de Todos, en el segundo el de las armas de fuego que accionan las bandas criminales y que provocaron tres decenas de homicidios en los últimos ocho meses.
A pesar de las bombas
Desafiando las condiciones del clima, las vallas y los retenes, una multitud logra llegar hasta el domicilio que alberga a su líder. Festeja, aguarda en tensión, está en “estado de alerta y movilización”. Las fuerzas de seguridad observan, su intervención está latente. La multitud canta sus propias canciones de apoyo, se manifiesta por sí y hacia afuera, en mensaje a un otro al que sabe adversario y al que de alguna manera desafía. Acá estamos nosotros, el pueblo, en comunión, pareciera decirle.
Eso ocurrió un día lluvioso, el 17 de noviembre de 1972, cuando tras 17 años de proscripción y exilio Juan Domingo Perón regresó a la Argentina en el famoso Boeing 707 de la compañía Alitalia, para instalarse en la residencia que el Partido Justicialista había comprado –por pedido suyo– en Gaspar Campos 1065, Vicente López. Cerquita de la residencia presidencial de Olivos, entonces ocupada por el dictador Agustín Lanusse.
“La Casa de Gobierno cambió de dirección/está en Vicente López por orden de Perón”, cantaba entonces la masa para recibir a su líder.
En épocas incomparables y en contextos diferentes, pero que permiten trazar algunos paralelismos, el sábado 27 de agosto pasado otra multitud, tal vez heredera de aquella que protagonizó la jornada que derivó en la consagración del Día de la Militancia, marchó hacia la esquina de Juncal y Uruguay, donde está ubicado el departamento particular de Cristina, en el barrio de Recoleta.
(Digresión: que el domicilio de Cristina esté en Recoleta no va en demérito de la vicepresidenta, sino todo lo contrario. CFK es la hija de un colectivero de La Plata que llegó a la Presidencia de la Nación. No es nacida y criada en Recoleta, el viejo barrio de la oligarquía porteña. En la nota “Yeguas” de este semanario, por los 70 años del paso a la inmortalidad de Evita, el profesor de Historia Sergio Wischñevsky dijo: “Podríamos enumerar las políticas de aquél peronismo y las del kirchnerismo, pero hay algo más simbólico que tiene que ver con las críticas a Evita usando modelos (de prendas) europeos, o a Cristina usando carteras muy caras. Como queriendo con eso desvirtuar las políticas, cuando en realidad es al revés. Evita diciendo «yo no vine a que todos seamos pobres, yo vine a que hasta el último cabeza negra tenga la posibilidad de vestirse como el más oligarca», eso es todavía aún más desafiante”.
En la misma nota, El Eslabón citó al doctor en Historia Ezequiel Adamovsky, quien en su libro Historia de la clase media argentina señala: “Gran parte de la reacción antiperonista tuvo que ver más con el disgusto por el debilitamiento de las normas culturales y las jerarquías y preeminencias sociales habituales, que con el hecho de que se lesionara algún interés puramente económico”. Una peroncha en Recoleta, no. Fin de la digresión).
Cincuenta años después, la cita no es en Gaspar Campos al 1000 sino en Juncal y Uruguay. En ambos interviene la militancia, esa pertenencia identitaria a un grupo que la derecha menoscaba como “militonto”.
Otra vez, con todas las salvedades del caso, aquél Perón del regreso al país vencía casi dos décadas de proscripción. No del todo, porque compelido por las condiciones políticas de entonces que lo obligan a abrir el proceso electoral, Lanusse juega su última carta con un desafío: plantea como regla que no podrá ser candidato quien no resida en el país antes del 25 de agosto de 1972.
Perón puede regresar antes a la Argentina, pero eso supondría subordinarse al imperativo lanussiano. Decide que no y vuelve en noviembre, cuando una multitud lo acompaña durante días en su residencia de Gaspar Campos.
Al poder oligárquico –entonces representado políticamente por las Fuerzas Armadas– se le escapa ese dato: el cerril acompañamiento del pueblo a sus líderes.
Esta Cristina pelea por no ser proscripta por un Tribunal que dista de mostrarse imparcial, uno de cuyos integrantes juega al fútbol en el mismo equipo que el fiscal en la casa de fin de semana del principal adversario político de la vicepresidencia. El telos de la condena solicitada por el fiscal no radica en los “años de cárcel” sino en la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Excluirla del juego electoral, como al que no resida en el país antes del 25 de agosto de 1972.
Ahora el cántico de los militantes varió: “Gorila no te va a alcanzar/la nafta no te va a dar/si la tocan a Cristina/qué quilombo se va a armar”.
Recoleto
Desde unos días antes del sábado 27 de agosto último, Recoleta perdió transitoriamente su carácter recoleto. La esquina de Juncal y Uruguay se convirtió, en cambio, en la ochava del bullicio, los cánticos, las concentraciones, las parrillas que albergan choripanes, el sonido de los bombos.
Es decir, aquello que según Adamovsky causa en las elites –o los sectores sociales que se ven reflejada en ellas– “el disgusto por el debilitamiento de las normas culturales y las jerarquías y preeminencias sociales habituales”.
Lo que eran interrumpidas manifestaciones de apoyo a Cristina, ante la posibilidad de su proscripción electoral, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo convirtió en movilizaciones más masivas y constantes al colocar vallas frente a la residencia de la vicepresidenta el sábado 27 de agosto.
Un acto del PJ porteño que estaba citado en otro barrio de CABA desvió hacia Recoleta, donde la policía de la ciudad reprimió a los manifestantes. Como si Horacio Rodríguez Larreta hubiese querido emular al general Edelmiro Farrell, pero sin la cárcel de la isla Martín García. Estamos en otros tiempos.
A la diputada Carrió, las concentraciones en la esquina de Recoleta le impiden llegar con comodidad al Instituto Hannah Arendt, que preside, ubicado a tres cuadras de la bulliciosa ochava. Por esa y otras razones, presentó un amparo contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Aníbal Fernández, para que garantice la seguridad en la zona, luego de que un juez ordenara al alcalde porteño, rebautizado por la maledicencia peronista como Rodríguez Larreja, desmontar el operativo sobre la vivienda de Cristina atento a que la custodia de la vicepresidenta está en manos de fuerzas federales.
Larreta anunció que no iba a acatar el fallo, porque su republicanismo llega hasta el límite de su agrado por las resoluciones del Poder Judicial. Dijo que el fallo es impracticable, porque sus vallas no buscan proteger a Cristina sino a los vecinos de Recoleta.
El escrito de Carrió ante el Poder Judicial señala: “Soy la Directora Académica y profesora del Instituto de Formación Cultural y Política Hannah Arendt y en tal condición, me veo privada de circular, dar clases y de mi fuente de ingresos”. Es decir, ve lesionada La condición humana, texto de la autora alemana que difícilmente haya leído la turba bulliciosa que “altera la vida” de la líder de la CC.
Sigue: “La conducta omisiva de las autoridades nacionales en la obligación de garantizar la seguridad pública en el territorio afectado lesiona nuestros derechos amparados constitucionalmente, conforme se expuso precedentemente y se describirá en la exposición de los hechos”.
Otra vez aparece Adamovsky, ahora en versión Carrió: “Todo ello conlleva la grave alteración de nuestra vidas, para algunas personas afectadas ha significado hasta la necesidad de tener que irse temporalmente de sus hogares, ello al haber sido perturbado el ritmo de nuestras vidas”.
Ruidos molestos
La preocupación de la directora académica del Instituto de Formación Cultural y Política Hannah Arendt por las condiciones de seguridad en el barrio porteño de Recoleta sería bienvenida en Empalme Graneros y Ludueña, donde los ruidos molestos también “alteran la vida” y, en ocasiones, interrumpen para siempre su ritmo.
Los sitios de turismo que ofrecen como destino la ciudad de Buenos Aires señalan a Recoleta como uno de los barrios más seguros de la Capital Federal, junto a Puerto Madero y Palermo, entre otros.
Uno les dice a los potenciales visitantes que “así como en tu país, en Buenos Aires también existen barrios seguros y otros no tanto. Ten cuidado a la hora de elegir un lugar barato, porque puede que esté alejado y no sea muy seguro. Los barrios que consideramos más seguros son Recoleta, Palermo, Colegiales, Barrio Parque, Belgrano y Puerto Madero”.
El mismo día que Carrió fue a Tribunales –la institución por antonomasia en la que desenvuelve su acción política– en procura de garantizar la paz de los vecinos de Recoleta, el fiscal de la Unidad de Balaceras de Rosario, Pablo Socca, imputó a 26 personas como parte de una violenta banda narco que ejerce su actividad delictiva en los barrios Ludueña y Empalme Graneros.
Sí, Rosario tiene en la estructura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) una unidad de balaceras.
Los acusó de extorsiones a comerciantes, tiroteos, encubrimiento, tentativa de homicidios. Algunos, en realidad, fueron reimputados porque ya habían sido detenidos y acusados formalmente. Continuaron su acción ilícita desde las prisiones.
La investigación identificó como cabecillas de la organización a dos presos, Andrés Andy Benítez y Julián Aguirre, quienes dictaban las órdenes intramuros. Mientras que apuntó como organizadores de una presunta asociación ilícita a Mauro Geréz y Jonatan Ezequiel Almada, ambos también detenidos.
A Geréz, además, se lo liga con la banda de Los Monos, de la que funcionaría como “célula” en Ludueña y Empalme.
El fiscal sostuvo en la audiencia de imputación que la organización criminal “se dedicó a cometer delitos contra las personas, la vida, la propiedad, la administración pública, contra la seguridad pública y contra la salud pública”.
De alguna manera, los mismos bienes jurídicos que Carrió pide tutelar mediante una medida cautelar, pero en otros barrios, en cuyos territorios se registraron 30 homicidios en lo que va del año, ostensiblemente más desamparados que los vecinos alterados por el bullicio de una esquina en Recoleta.
Ya es conocida la omnipresencia de Dios, como el domicilio de la sede de sus oficinas.
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