Una década de persecución penal a Los Monos, rupturas y continuidades. Impotencia estatal frente a la violencia narco, como legitimadora de respuestas “extraordinarias”. La Embajada y la DEA en Santa Fe.
La acción estatal por medio del Poder Judicial sobre el narcomenudeo, la violencia asociada a esa actividad ilegal y el control territorial de zonas de la ciudad de Rosario por parte de las organizaciones criminales que operan en esos mercados ilícitos muestra, en la confrontación de dos investigaciones orientadas hacia Los Monos que están distanciadas por casi una década, algunas continuidades y rupturas que merecen atención. Su comparación puede llevar a la idea de que “todo está igual”, o “peor”, como si el tiempo no hubiese transcurrido entre la caída de los cabecillas de la banda de zona sur en 2013 y la de sus descendientes en octubre de 2022, casi diez años después. Las continuidades, así, están llamadas a promover impotencia o desazón en la comunidad y las rupturas a difundir aún más temor, porque “los pibes” parecieran exponer con menos tamices su violencia, algo propio de esta era de la exhibición. Todas esas sensaciones permiten habilitar –ante ese aparente “fracaso” del Estado por controlar o regular el problema narco– salidas punitivas “excepcionales” ante un cuadro de situación, también “excepcional”, que justifique ceder derechos y garantías individuales y colectivas en pos de obtener mayor “seguridad” y “tranquilidad”. Un representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Rosario, que viene pensando hace largo rato acerca de este asunto, recordó esta semana a El Eslabón que una situación acaso homologable –aunque en contextos dispares y cuando la violencia de entonces era de índole “política”– se produjo en los años previos al golpe de Estado de 1976, que convocó la salida represiva ilícita desde el Estado con anuencia social. De sus consecuencias todavía se están encargando hoy los Tribunales Federales de las distintas jurisdicciones del país, 40 años más tarde.
Aquellas experiencias dictatoriales tuvieron en América latina el apoyo explícito del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy no provee capacitación en métodos de tortura a militares por medio de la Escuelas de las Américas, sino entrenamiento y recursos a los operadores judiciales para la nueva guerra: la amenaza del narcotráfico.
Y, de paso, contra la “corrupción”, casi enteramente asociada en la región a las experiencias políticas emancipatorias subvaluadas como “populismo”.
Jueces, fiscales y defensores locales acceden a las capacitaciones que a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja) se ofrecen en alianza con la agencia International Narcotics and Law Enforcement (INL), de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
Cuarenta años después, el foco de atención parece estar puesto hoy en el Poder Judicial como instrumento de legitimación de los intereses de Estados Unidos en el sur de América.
Diez años después
En 2013 el –luego legítimamente cuestionado– juez de instrucción penal de Rosario, Juan Carlos Felipe Vienna, escribió en el procesamiento a buena parte de la que entonces era la banda Los Monos y su pata policial –a la que investigaba por el asesinato de Martín Fantasma Paz–, que “la asociación ilícita no existe para cometer tal o cual figura delictiva individual, sino a los fines de asegurar el control de ciertas zonas geográfica de la ciudad de Rosario y de ciertas personas y autoridades y el usufructo de dicho control, el ejercicio de cierto gobierno de facto por sobre toda otra autoridad”.
Entonces remarcó que “nos hallamos frente a abiertos controladores de zonas y personas, proveedores de «seguridad», prometedores de violencia, que en dicho marco usufructúan negocios diversos y exclusivos, legales o no, entre ellos el de la droga”.
Para Vienna, el “objeto fundacional, prioritario y aglutinante de la banda investigada es lo que podría denominarse como «el negocio de la violencia»”.
“No estamos en presencia de meros narcotraficantes, amparados en el secreto y la clandestinidad, abocados al mero intercambio”, sino que “nos hallamos frente a abiertos controladores de zonas y personas”, razonó el juez, mientras se conocía su relación con el padre del Fantasma, Luis Paz, con quien compartía la afición por viajar al Norte para asistir a veladas boxísticas. Un tiempo después, Paz fue condenado por narcotráfico.
En octubre de 2022, ya con el nuevo sistema procesal penal, fue la fiscal Marisol Fabbro la que señaló, en el legajo en el que fue imputado con prisión preventiva Uriel Luciano Cantero, un pibe de 18 años acusado de comandar una banda polirubro, que “esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas, con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas, como su expansión territorial”.
Según la investigación de la fiscal, la organización liderada por Lucho Cantero, su madre Lorena Verdún (viuda del asesinado Claudio Pájaro Cantero) y la pareja del primero, Érica Bullón, actúa “con mucha influencia en la zona sur de la ciudad de Rosario y alrededores, que opera principalmente en los barrios La Granada, Las Flores, Las Delicias y Barrio Plata”.
Si para Vienna, en 2013, los jefes de Los Monos Ariel Guille Cantero, Ramón Machuca –alias Monchi Cantero– y los demás procesados tenían por objetivo “asegurar el control de ciertas zonas geográfica de la ciudad de Rosario”, para Fabbro en 2022 el hijo del Pájaro y su novel banda “se comportan como dueños del territorio y ninguna actividad puede tener lugar allí sin su venia”.
Una escucha del caso, correspondiente a una intervención telefónica, revela ese fin de dominio territorial por parte de joven Cantero.
Se trata de una conversación que tiene con su tía, Vanesa Barrios, la pareja de Guille Cantero, en la que discuten por una vivienda del barrio 17 de Agosto en la que, en apariencia, el hijo del Pájaro metió a su gente, cuando el inmueble pertenece a su tío, que cumple en prisión múltiples condenas por más de 80 años.
Enojado, dice Lucho Cantero a su tía: “Y acá a Guille no lo metas, porque Guille no corta ni pincha conmigo y el barrio «es mío», quédense tranquilos que el barrio es mío, ahora estoy yo, yo soy el barrio ese sabés, el barrio si quiero me lo dejo todo para mí, decile vos y a quien vos quieras, corta”.
En ambas investigaciones, correspondientes a un mismo grupo familiar ligado a la criminalidad pero que abarca a dos generaciones, puede establecerse la continuidad del “negocio de la violencia” y el objetivo de “control” o “dominio” territorial para el desarrollo de conductas ilícitas.
Sembrar el caos
Que con una diferencia de casi diez años dos operadores del Poder Judicial redacten acusaciones similares, con un claro hilo conductor que une a dos generaciones en los mismos delitos, son motivo de desazón e impotencia social y profundización del temor.
Si bien es cierto que la mayor parte de la violencia altamente lesiva se circunscribe a territorios situados, puntuales, que abarcan alrededor de un 15 por ciento del mapa rosarino, su repetición más o menos constante desde hace una década, cuando Rosario comenzó a duplicar o triplicar la tasa media de homicidios nacional, tiende a alimentar la idea de que “todo está igual”.
Que los cambios de Gobierno, de ministros de Seguridad o de jefes policiales son inocuos, frustrantes, más de lo mismo.
Esa base de descreimiento en las capacidades estatales para resolver el problema –que, en rigor, consiste en regularlo legal o ilegalmente para disminuir su cariz de violencia extrema–, es terreno fértil para la aceptación social de experiencias punitivas “extraordinarias” que lesionen garantías y derechos individuales y colectivos, en pos de “una solución”.
Esa es la hipótesis del representante del MPF antes mencionado, quien traza una posible analogía entre los años previos al golpe de Estado de 1976 que permitió instaurar con cierta legitimidad social el terrorismo de Estado –como solución última a la “anarquía”–, y la creciente violencia asociada a organizaciones criminales que no encuentra adecuada respuesta institucional en la ciudad.
Algo así como un “dejar hacer” en materia de narcocriminalidad que produzca grandes problemas, para los que se requieran grandes soluciones. En una escala que no es comparable con Rosario, Colombia y México atravesaron por esas experiencias. Allí es la Drug Enforcement Administration (DEA) la reguladora de esos mercados.
En-bajada
La misma fuente advierte sobre la injerencia cada vez mayor de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina en el Poder Judicial, por vía de centros de estudios, asociaciones u organismos oficiales que proveen capacitación, apoyo y recursos en la materia.
Una de ellas es el Ceja, con sede en Santiago de Chile, un “organismo intergubernamental del Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia en las Américas”.
Durante septiembre pasado, el Ceja organizó en forma conjunta con la Oficina Internacional de Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés, un organismo de la Embajada de EEUU en Argentina) una serie de “talleres” con operadores judiciales de Santa Fe y Mendoza.
Los mismos tuvieron “como primordial objetivo fortalecer el proceso de implementación del sistema acusatorio en aquellas jurisdicciones de la justicia federal que próximamente asumirán el desafío de instalar un nuevo modelo de justicia”, el sistema acusatorio que Santa Fe implementó en la Justicia ordinaria en 2014.
Bajo la misma tónica, el 18 y 19 de este mes, en el Centro Cultural Kirchner, el Ceja organiza junto al INL (Embajada), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Seminario Internacional “La implementación del sistema acusatorio en la Justicia Penal Federal en Argentina”.
En agosto, el mismo mes en que el gobernador Omar Perotti recibió al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, y que la DEA “pasó el dato” para el secuestro de más de una tonelada y media cocaína acopiada en un galpón del barrio Empalme Graneros, el Ceja organizó en la Facultad de Derecho de Rosario un seminario denominado “La persecución penal del narcotráfico desde la experiencia internacional”.
Participaron el decano de la casa de estudios, Hernán Botta; el ministro de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta; el Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini; la defensora general, Jaquelina Balangione; y el representante de INL, Jéremie Swinnen.
La primera conferencia, sobre la “construcción de matrices de información sobre las organizaciones criminales del narcotráfico, estuvo a cargo del fiscal federal en del distrito Este de Pennsylvania, Jacson Grenell, y del fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario, Luis Schiappa Pietra, el acusador en los juicios a Los Monos y su rival, Esteban Alvarado.
En febrero de este año, Perotti anunció que Estados Unidos capacitará y dará asesoría a la Policía de Santa Fe para “combatir el narcotráfico”. Como una declaración de impotencia interna.
En ese marco, con funcionarios de la Embajada se acordó “la puesta en práctica en la provincia de un Programa de Entrenamiento con la Policía de Virginia en tareas de inteligencia e investigaciones complejas”.
Mientras que en materia de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos “se acordó trabajar sobre el fortalecimiento institucional con un programa de capacitación que será brindado por las agencias internacionales de Naciones Unidas, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)”. Las brujas no existen pero que las hay, las hay.
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