El rechazo a la extensión de Ganancias al Poder Judicial hizo retroceder al gobierno en la puja por fortalecerse ante el acoso opositor fogoneado por los grandes medios. Y también sumó confusión y rispidez al debate interno del Frente de Todos.
El para nada nuevo debate sobre el impuesto a las Ganancias aplicado a los salarios volvió a tener repercusión en el marco del tratamiento legislativo del Presupuesto nacional para el 2023, a partir de la intención del oficialismo de extender la obligación de pagar el tributo a jueces y empleados del Poder Judicial, finalmente frustrada por la no aprobación en particular del artículo que la establecía en la sesión de la Cámara de Diputados. Así, pese a que sí logró los votos necesarios para la aprobación en general de la llamada ley de leyes que propuso, el gobierno volvió a ver frustrado también su intento de adjudicarse una victoria en el agrietado y ramplón ring mediático montado por las grandes corporaciones para frenar o diluir medidas y políticas públicas que tiendan a afectar sus ganancias, muchísimo más voluminosas pero mucho menos discutidas públicamente que las del casi un millón de trabajadores y trabajadoras y jubilados y jubiladas que perciben ingresos mensuales mayores a los fijados para la aplicación del tributo en cuestión.
El cotejo entre las partes de la riqueza generada por la Argentina que obtienen los distintos actores sociales y económicos es indispensable para pensar el debate sobre Ganancias que se volvió a expresar en Diputados más allá de la simplificación que imponen títulos y zócalos con afirmaciones y admoniciones presentadas como verdades absolutas, tan propias del periodismo de guerra, que continúa y se intensifica en estos días tras la brevísima tregua impuesta por el estupor general ante el reciente intento de asesinato de la vicepresidenta.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, en el contexto de un Presupuesto que prevé un gasto anual de casi 29 billones de pesos, extender Ganancias al Poder Judicial hubiera permitido recaudar durante el año próximo unos 238 mil millones. Y bien cierto es que no se trata de poco dinero, el propio oficialismo hizo hincapié mucho más en lo simbólico que en lo numérico, cargando contra el “privilegio” de “los jueces” y hasta paradójicamente celebrando la votación negativa porque “puso en evidencia que son ellos los que los defienden”.
Pero entre “ellos” que “defienden los privilegios de los jueces”, hubo cinco diputados del propio bloque del Frente de Todos, que argumentaron su negativa desde su condición de dirigentes sindicales y no sólo votaron en contra de la ampliación sino que rápidamente aprovecharon para ensayar una suerte de contraataque: horas después de la sesión de Diputados, uno de ellos, el referente de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo, presentó un proyecto que directamente excluye del pago a jubilaciones y pensiones y sube el piso de ingresos salariales a partir del cual se tributa al doble del vigente.
“El salario no es ganancia y no debería estar sujeto a este tributo”, se ratifica en los fundamentos de la iniciativa, impulsada como un paso hacia el progresivo cumplimiento de ese objetivo y respaldada por varios gremios que representan a los trabajadores hoy alcanzados por el impuesto y enmarcan su reclamo en una reforma tributaria integral tendiente a que los que más aporten sean los que más tienen. Y los que más tienen nunca son los trabajadores, aunque entre ellos haya diferencias de ingresos muy pronunciadas.
Uno de los gremios que respalda iniciativas como la de Palazzo es el de Aceiteros, cuya coyuntura particular es bien ilustrativa de la injusticia del sistema impositivo y distributivo actual. Pese a contarse entre los mejores pagos, los aproximadamente 15 mil trabajadores aceiteros del país sólo reciben por su labor apenas un 5 por ciento de la facturación de las empresas que los emplean, buena parte de ellas ubicadas entre las más poderosas y rentables del mercado.
Sin embargo, la lógica que parece prevalecer a la hora de debates como el de la aplicación de Ganancias a los salarios, es la de ignorar lo que ganan las empresas y poner el foco en lo que ganan los trabajadores, lo que suena más a fogonear la guerra de pobres contra pobres que a tender a revertir la creciente injusticia social.
A la vez, ante este panorama el Estado no se limita a sostener injusticias como la de considerar ganancias a los salarios. También sostiene un flujo nada soslayable de subsidios a los que más se llevan. Vaya como muestra un dato de un informe de la consultora rosarina Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), elaborado en base a una encuesta oficial que anualmente se realiza a las 500 empresas más grandes de la Argentina, con exclusión de aquellas cuya actividad principal es la agropecuaria, financiera, de seguros o servicios personales: entre 1993 y 2020, esas firmas recibieron subsidios equivalentes en promedio al 15 por ciento de sus masas salariales y contribuciones devengadas.
Así planteadas las cosas, cuesta entender que Palazzo, junto con los también diputados nacionales oficialistas Vanesa Siley, Claudia Ormachea, María Rosa Martínez y Claudio Anibal Cisneros que votaron contra la ampliación de Ganancias a Judiciales, hayan sido víctimas de insultos y acusaciones de traición lanzadas a las redes sociales por posteadores que se identifican claramente con el Frente de Todos, cuyo debate interno no debería dirimirse en el ring armado por los de afuera.
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