Una vez más los poderes fácticos y la derecha pretenden desestabilizar al gobierno de Bolivia con un paro por tiempo indeterminado. Abandonaron la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo. La violencia ya se cobró una vida.
El 21 de octubre el autodenominado “movimiento cívico” de la región de Santa Cruz de la Sierra, que reúne a organizaciones golpistas y de ultraderecha, y que cuenta con el apoyo del gobernador, Fernando Camacho, comenzó un paro por tiempo indeterminado para exigir el adelanto del censo de población y vivienda, fijado por el gobierno para el primer trimestre de 2024. La medida, que incluyó bloqueos, piquetes y acciones violentas, dejó sin suministros a la población y produjo graves daños a la economía. Una persona murió cuando se enfrentaron quienes querían bloquear las calles en la localidad de Puerto Quijano y los que intentaban impedirlo.
La región más rica de Bolivia, una vez más, intenta desestabilizar al gobierno. Los poderes fácticos y los grupos económicos más concentrados, que se ocultan tras el engañoso rótulo de los “cívicos”, intentan repetir lo que hicieron en 2019. En ese momento, el movimiento desestabilizador propició la intervención del ejército y la policía, y se produjo el golpe contra Evo Morales.
Es más: los golpistas de Santa Cruz comenzaron el actual paro por tiempo indeterminado el mismo día que en 2019, como para que quede claro que la intención es idéntica a la de hace tres años: derrocar al gobierno.
La élite de Santa Cruz de la Sierra se autopercibe con la racista expresión “la Bolivia blanca” y desprecian e insultan a los pueblos originarios. Estos sectores incluyen a la tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista, que en el golpe de 2019 ejercieron violencia contra quienes defendían la democracia.
Se trata de una organización paramilitar destinada a defender intereses oligárquicos, y se fundamenta ideológicamente en el racismo y el fascismo. No ocultan su admiración por grupos como los Utachas de Croacia y por las SS de la Alemania nazi. Fue creada el 7 de octubre de 1957, cuenta con el apoyo de la dirigencia de las instituciones cruceñas, de la élite empresarial, y son encubiertas por el silencio cómplice de los medios de comunicación privados. El grupo, con base en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se autodefine como “cívico y autonomista”, pero la Federación Internacional de Derechos Humanos lo ha descrito como “un grupo paramilitar fascista”. Definen al “colla” como un enemigo, el causante del atraso, y de todos los males del país.
La Unión Juvenil Cruceñista es el brazo armado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, encargado del adoctrinamiento y del amedrentamiento de la población. La mayoría de sus afiliados son jóvenes menores de 30 años. Algunos de ellos han sido procesados judicialmente con relación a hechos de violencia racista.
La débil excusa de los que hoy vuelven a atacar el orden institucional tiene que ver con la fecha en que se realizará el censo. El último se realizó en 2012, y el siguiente estaba previsto para 2022, pero a causa de la pandemia el gobierno lo postergó hasta 2024. Los organizadores de la protesta argumentan que esa postergación perjudica a la región por razones económicas, y también electorales: la distribución de puestos en la Cámara de diputados depende de la medición. Si el censo se realizara en 2023, los resultados podrían aplicarse en las elecciones de 2025.
Según cálculos de los organizadores del paro, difíciles de verificar, los nuevos números le darían a Santa Cruz tres diputados más. Además, los cívicos aseguran que el censo es indispensable para rediseñar las circunscripciones electorales. La intención es disminuir el peso electoral del voto en la zona rural, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene más fuerza.
La disputa por la fecha del censo sólo resulta convincente a los impulsores de las protestas de Santa Cruz de la Sierra. Pero no funciona de la misma manera en otras regiones. Pero como, más allá de las excusas, el verdadero motivo es un nuevo intento golpista, fuerzas opositoras de diversa índole se suman, con demandas de otro tipo, para aportar más volumen político a la intentona.
“La vieja derecha fracasará”
El presidente Luis Arce Catacora afirmó que la “vieja derecha” fracasará en sus intentos de desestabilizar el país y volver al poder, porque tiene enfrente, como en 2020, al pueblo para “detener cualquier aventura golpista”.
“La derecha sigue queriendo emprender aventuras golpistas en nuestro país y sin duda alguna que tiene, como en 2020, a todo el movimiento campesino, a todo el movimiento popular al frente para detener cualquier aventura golpista”, dijo el jefe de Estado durante su participación en el Congreso de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, según informó el diario boliviano Ahora el Pueblo.
El gobierno convocó a una mesa de diálogo pero el gobernador Camacho y los cívicos cruceños abandonaron las negociaciones.
En ese contexto, el mandatario solicitó a los sectores sociales debatir sobre los últimos acontecimientos que se viven en el país, cuidar el tema orgánico y preservar la estructura de la federación sindical para no permitir que la oligarquía vuelva a tomar el poder del país como en 2019.
“Como ocurriera en 2020, cuando estábamos frente a un gobierno de facto, que nos perseguía y enjuiciaba. Pero pudo más un factor, un elemento que una vez más venimos a pedirles como gobierno nacional, el factor para ganar las elecciones con más del 55 por ciento del voto popular en todo el país, y la unidad de nuestras organizaciones sociales. Eso venimos a pedirles”, señaló Arce al tiempo que se refirió a la necesidad de analizar la coyuntura internacional y los cambios que se viven en el planeta. La repercusión de la lucha de las dos fuerzas que se disputan el poder hegemónico, una decadente, encabezada por EEUU y la Unión Europea, y la otra que busca consolidarse como potencia mundial a través de China, Rusia, entre otros países, analizó el presidente de Bolivia.
Organizaciones sociales en emergencia
Según informó La Hora del Pueblo, las organizaciones sociales de Santa Cruz se declararon en emergencia y dieron 48 horas a los cívicos para levantar el paro indefinido decretado por el Comité Interinstitucional. Además criticaron al gobernador Camacho y al comité por la falta de voluntad de diálogo.
“En caso de que no levanten su paro indefinido en 48 horas, hermanos, nosotros vamos a cercar Santa Cruz con todos nuestros hermanos de las quince provincias ya que han perjudicado al pueblo, a los trabajadores más humildes”, dijo el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, Franklin Vargas.
Las organizaciones lamentaron que la oposición no quiera dialogar y persista con medidas que perjudican la economía y el desenvolvimiento de diversos sectores del departamento.
Vargas señaló que el gobernador y los integrantes del Comité están perjudicando no sólo a Santa Cruz sino también a todo el país, puesto que con los bloqueos que imponen, el alimento y la producción de esta región no están llegando a los otros departamentos.
El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, señaló que producto de la reunión de emergencia de todos los sectores sociales se determinaron resoluciones que se presentaron al gobierno nacional para hacer respetar el mandato del pueblo. “Hay un mandato del Cabildo del pueblo de más de un millón y medio, hay resoluciones, queremos que tome en cuenta el gobierno”, aseveró Borda al tiempo que afirmó que de continuar la imposición del paro indefinido decidieron tomar “medidas radicales” para garantizar la demanda de los diversos sectores de la economía informal que representan el 70 por ciento de Santa Cruz. Y agregó que entre estas demandas se exige defender la reactivación económica, la educación, la salud y el trabajo.
“Exigimos después de presentar una carta, un cronograma de forma inmediata y que los que están bloqueando reflexionen, no queremos sangre, muertos, ya hay un muerto un compañero municipal, lo han apaleado, no somos las hordas, las hordas son las que maneja usted gobernador Camacho porque usted manda apalear a los compañeros”, expresó Borda.
La COD de Santa Cruz rechazó el paro indefinido y demandó a la entidad explicar su “verdadera” propuesta censal. Borda también denunció que en Santa Cruz se gesta un movimiento de desestabilización trazado por los mismos actores de 2019, esta vez bajo el argumento de adelantar el Censo de Población y Vivienda para el 2023. El dirigente demandó conocer “la verdadera propuesta censal de la Gobernación y del Comité Interinstitucional, que estuvieron ausentes en las mesas técnicas de socialización convocadas por el gobierno nacional”.
El dirigente de la COD de Santa Cruz hizo referencia a la voluntad popular expresada en el Gran Cabildo Abierto el Pueblo que tuvo lugar el 21 de octubre. En esa ocasión, productores, transportistas, gremialistas, comerciantes, estudiantes universitarios, entre otros sectores, rechazaron el paro indefinido y garantizaron su participación para defender la democracia y la reactivación económica.
Por su parte, la referente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz “Bartolina Sisa”, Felipa Montenegro, informó que sectores sociales de las 15 provincias y 56 municipios cruceños participaron de esa reunión.
El gobierno de Bolivia y organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz sostendrán una nueva reunión para analizar los acuerdos del Gran Cabildo del Pueblo realizado el 21 de octubre, confirmó una fuente oficial.
Desde el gobierno confirmaron el encuentro con las agrupaciones que participaron de la reunión anterior. “Solicitaron una reunión para hacer conocer las resoluciones del cabildo llevado adelante el 21 de octubre de 2022 y hacernos conocer su posición respecto a la realización del censo y los esfuerzos necesarios para atender la mayor preocupación del pueblo cruceño”, aseguró en conferencia de prensa la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien además explicó que esa petición en medio del paro por tiempo “tiene que ver con la economía sin perder la calidad técnica de todo el proceso censal en base a los criterios determinados”.
Según informó el diario La Época, la ministra anunció que el encuentro será televisado en vivo tal como sucedió con la mesa de diálogo entre el Gobierno y el opositor Comité Interinstitucional, encabezado por el gobernador Camacho, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Prada pidió a los medios de comunicación “ser equitativos”. Interrogada acerca de la posibilidad de que la Iglesia Católica participe de un diálogo, aseveró que no recuerda expresiones eclesiásticas para establecer negociaciones en anteriores conflictos del país.
La titular de la cartera de la Presidencia insistió en que Camacho abandonó “cobardemente” el diálogo con el gobierno.
Según informó la Agencia Boliviana de Noticias (ABI), el Ministerio de Trabajo, a través de la Jefatura Departamental, estableció que las empresas o establecimientos laborales que unilateralmente decidieron suspender actividades, “no pueden disponer la compensación de jornadas laborales, como tampoco realizar la imposición de vacaciones obligatorias y licencias sin goce de haberes”.
El Comunicado 07/22 señala a su vez que estos establecimientos que hayan suspendido sus actividades de manera unilateral tampoco podrán hacer descuentos a los salarios de las y los trabajadores y que en caso de que se produzcan estos, “serán considerados como descuentos ilegales”.
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