La presidenta provisional de Perú fue interrogada por la Fiscalía en el marco de la investigación por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra los manifestantes.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada por la Fiscalía por su responsabilidad en la represión de las protestas que se iniciaron tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, que dejó un saldo de más de sesenta muertos, y cientos de heridos y detenidos.
Boluarte puede ser investigada pero no llamada a juicio mientras ejerza su mandato hasta 2026 por el fuero presidencial que le otorga la Constitución. De ser condenada podría pasar de 15 a 20 años en la cárcel por el delito de homicidio calificado por omisión y lesiones graves.
Según informó el medio peruano RPP, el Ministerio Público (Fiscalía) inició el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
“Se informa que la presidenta de la República, Dina Boluarte, culminó su presentación ante la Fiscalía de Perú, donde brindó declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público”, señaló la Presidencia peruana en Twitter.
En esta investigación preliminar se incluye al actual jefe de Gabinete, Alberto Otárola, y a su antecesor, Pedro Angulo, así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los ex ministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes.
Las protestas estallaron el 7 de diciembre de 2022 y todavía continúan, al igual que la represión. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Pero ni el gobierno ni el Congreso respondieron a las exigencias de los manifestantes. Por el contrario, el Parlamento, que reabrió el debate sobre el tema, continúa rechazando proyectos para que se adelanten las elecciones para 2023.
Boluarte cumplió tres meses en el poder tras sustituir en su calidad de vicepresidenta al mandatario Pedro Castillo, que continúa detenido tras ser destituido por el Congreso.
La destitución de Castillo, tras 17 meses en el poder, desató protestas que dejaron más de 60 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde diciembre pasado, siendo Puno la región con más víctimas.
Policías separados de sus cargos
Según informó el diario peruano La República, tras viralizarse las imágenes de agentes policiales disparando contra mujeres aimaras con menores de edad en sus brazos en el centro de Lima, el ministro del Interior informó que los responsables fueron separados de su cargo mientras son investigados.
El ministro del Interior, Vicente Romero, se refirió al accionar de los agentes policiales que dispararon bombas lacrimógenas directo al cuerpo de mujeres aimaras y pidió disculpas por lo ocurrido en inmediaciones de la plaza San Martín, aunque atribuyó estos hechos al accionar individual de los agentes y no a un plan sistemático de represión. El funcionario, además, siguió con la postura oficial de culpar a las víctimas.
“Pedirles disculpas por el accionar individualizado, yo diría, de algunos de ellos. Efectivamente, todos hemos sido testigos por la forma como han intervenido, pero también acá hay una responsabilidad de llevar a criaturas o a bebés para estas marchas protestas sociales, sabiendo el nivel en que se han dado en el país”, mencionó Romero.
“Tenemos que reconocer que nuestros policías, probablemente, se anticiparon. Ya en estos momentos, el jefe de la Policía de región ha tomado la decisión de separarlos de la unidad a donde pertenecían”, agregó el funcionario en conferencia de prensa, al tiempo que señaló que desconoce si se cumplieron o no las órdenes de respetar la vida durante manifestaciones.
Asimismo, el Jefe de Gabinete, Alberto Otárola, acudió a la Fiscalía para testificar en la investigación preliminar que se abrió en su contra por el presunto genocidio cometido durante las manifestaciones antigubernamentales.
Durante el interrogatorio, informó La República, Otárola negó toda responsabilidad suya o de Boluarte por las muertes producidas por la represión de la que participaron policías y militares en regiones como Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, entre otras. El funcionario se lavó las manos y apuntó contra el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Jesús Martín Gómez De La Torre Araníbar.
Otárola indicó a los fiscales Edwin Núñez Cancino y Jesús Camacho Laura que la responsabilidad de la ejecución de las operaciones para restablecer el orden durante las protestas contra el Gobierno corresponde a la Policía Nacional y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La derecha no quiere adelantar elecciones
Las bancadas de los partidos de derecha mantienen una férrea posición de rechazo al adelanto de las elecciones. Según informó La República, congresistas de las bancadas de Acción Popular, Alianza Para el Progreso (APP) y Renovación Popular expresaron una vez más su oposición al posible adelanto de elecciones generales para diciembre de este año, tal como fue propuesto en un nuevo dictamen discutido en la Comisión de Constitución.
El legislador Hernando Guerra (Fuerza Popular) presentó esta nueva propuesta de elecciones para diciembre del 2023, luego de que el pleno del Congreso aprobara retomar el debate.
Desde la bancada de Acción Popular, los parlamentarios Wilson Soto e Ilich López se mostraron en contra y “solo desarrollaron generalidades como pretexto”, señala la nota de La República firmada por Wilber Huacasi y titulada “Legisladores se aferran a sus curules y se oponen al adelanto de elecciones para el 2023”.
Soto hizo énfasis en que fueron elegidos por cinco años y resaltó que, en su caso, hubo un proceso de democracia interna en Acción Popular: “No podemos pretender ir a un adelanto de elecciones cuando el país (se) está quemando, no hay orden”, insistió.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 11/03/23
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