Casi al mismo tiempo que tiró 50 despidos sobre la mesa para contener un creciente reclamo salarial de sus empleados, Clarín volvió a golpear a trabajadores de la autogestión y la economía popular.
Los grupos empresarios que controlan las comunicaciones y la prensa no dejan de mostrar los dientes contra la clase de hombres y mujeres que trabajan. El gran monopolio nacional golpeó con 48 despidos en su histórica nave insignia, el diario Clarín. “Nos quieren amedrentar, estos despidos no tienen un fin económico”, remarcaron desde el sindicato de prensa de Buenos Aires, que recibieron el embate mientras intensificaban un reclamo general de recomposición de salarios. Casi al mismo tiempo que tiraba un tarascón a los “propios” con las cesantías, Clarín apuntaba sus fauces también a trabajadores “ajenos”, en este caso autogestionados, con una nota publicada el sábado 15 de abril bajo el título “Lo de Néstor: la historia del bar ultrakirchnerista que cobró $36 millones y no cumple ninguna función social”. En cuanto a los “propios”, el martes 18 de abril Clarín resolvió acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que al menos en principio rige por quince días. En cuanto a los “ajenos”, al menos hasta el cierre de esta edición de este semanario, Clarín no había respondido el pedido de derecho a réplica presentado por Leonardo Duva, referente de las organizaciones atacadas por el gran diario argentino con su nota sobre el “bar ultrakirchnerista”.
Las prácticas de estigmatización y culpabilización son cada vez más burdas. En el texto publicado el sábado 15 no hay mención a irregularidad o delito alguno, salvo que se tilde de irregularidad o delito que una cooperativa de trabajo y una asociación civil hayan recibido subsidios estatales, lo que sería una mentira en la que Clarín en principio no incurrió. Las falsedades en esta ocasión pasaron por definir a la cooperativa Lo de Néstor como “un emprendimiento comercial de Leonardo Duva”, que “no presta ningún tipo de servicio social a la comunidad”, afirmaciones que se publicaron sin absolutamente ningún dato que les otorgue más veracidad que la que pueda emanar de la subjetividad del autor de la nota, llamado Bernardo Vázquez, quien también decoró la cosa con otra afirmación, en este caso sí con cierta aproximación a la verdad: “El bar es un ámbito de propaganda del peronismo y el kirchnerismo”, señaló el escriba del diario en el que escribe, al que con el mismo nivel de veracidad se puede calificar como “un ámbito de propaganda del antiperonismo y el antikirchnerismo”, dato escondido y negado sistemáticamente por sus propietarios y algunos de sus empleados, que se autoperciben como “prensa independiente”.
Lo de la estigmatización y culpabilización a cooperativas y movimientos sociales no es nuevo y en muchos casos ha derivado en perjuicios mucho mayores que los que hasta ahora sufren Duva y sus compañeros y compañeras de Lo de Néstor y Gestara (Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina), que es la organización en la que confluyen decenas de cooperativas y emprendimientos de la Economía Social.
Tal vez el caso más emblemático de linchamiento mediático y judicial en estos ámbitos es el de la jujeña Milagro Sala. Pero para nada es el único. Y todos se desplegaron y despliegan como parte de la campaña permanente para instalar como verdad y cosa de sentido común que en este país “los que roban” son los negros peronistas y planeros; y que lo que ellos “se roban” es lo que falta en los bolsillos de la gente honesta que se esfuerza y trabaja, omitiendo así que la desigualdad argenta –y casi casi del mundo todo– se sustenta fundamentalmente en otros robos, de muchísimo mayor monta, como los que cotidianamente cometen grupos como el propio Clarín, amparados por su posición monopólica en los mercados en los que se desenvuelven y su consiguiente poder de fuego para legitimar sus prácticas saqueadoras y de acumulación de riquezas.
Valga apenas como perlita ilustrativa en ese sentido cotejar los 36 millones de subsidios que habrían recibido los muchachos y muchachas de Gestara desde 2021 hasta acá, con lo que recibió del Estado el inquisidor diario Clarín sólo en concepto de pauta publicitaria oficial en un lapso mucho más acotado, como el que fue de setiembre de 2021 a abril de 2022: más de 218 millones de pesos.
Eso es sólo lo que recibió uno de los varios medios (Canal 13 de Buenos Aires, Radio Mitre y TN entre los más conocidos) que forman parte del grupo identificado con el nombre de su matutino, que además controla la producción nacional de papel para diarios. Con ese volumen, el grupo Clarín impone condiciones en el mercado de la publicidad privada, mucho más jugosa que la oficial, de la que de todos modos también es el principal beneficiario; y detenta un nivel de incidencia sobre la opinión pública que supera largamente lo recomendable para garantizar los derechos ciudadanos al acceso a la información y la libertad de expresión, sustentados en la pluralidad de voces y la concepción de la comunicación como un derecho humano.
Otro de los humanos es el derecho a un trabajo digno, que Clarín combate sistemáticamente muros adentro de su emporio, tal como se puede apreciar una vez más con los recientes despidos, que quiso justificar con una supuesta necesidad de ajuste interno en función de las consecuencias de la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación. Muy otra es la lectura de la Comisión Interna gremial y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que califica el embate patronal como un intento de disciplinar el reclamo de recomposiciones salariales largamente postergado para el conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector.
La movida pro aumento de salarios se vio potenciada este año a partir del otorgamiento por parte de la cartera laboral nacional de la personería gremial y la representación en paritarias al Sipreba, organización sindical de corta pero intensa historia, surgida del descontento de las bases con el accionar de la que podría nominarse como su predecesora, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), que en los últimos años perdió paulatinamente la capacidad de expresar cabalmente a sus afiliados y afiliadas en cuanto a sus condiciones salariales y laborales.
El conflicto por las cesantías, comunicadas a afectados y afectadas vía correos electrónicos enviados en plena madrugada del domingo 16 de abril, entró en un impasse a partir del martes 18, cuando la patronal revirtió su postura inicial de desoirla y acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Ante ese cambio de actitud, el Sipreba dejó en suspenso medidas de protesta más drásticas que había decidido, como por ejemplo un paro general del gremio, pero no las movidas que tenía previstas en pos de las mejoras salariales que Clarín pretende dejar en segundo plano con lo de los despidos.
La misma lectura que el Sipreba hizo el Sindicato de Prensa Rosario (SPR), al repudiar la medida de Clarín mencionando que entre los afectados “hay compañerxs de Rosario” y remarcando que “la intempestiva decisión empresarial fue la directa respuesta a los reclamos por recomposición salarial que lxs trabajadorxs de todos los medios del grupo venían realizando desde hace tiempo y sin respuesta de la empresa”.
“Una vez más, haciendo uso y abuso de su posición dominante y monopólica, el grupo Clarín atropella los derechos de lxs trabajadorxs de prensa, condenándolos al hambre y la miseria”, se remarcó desde el SPR. Una vez más, el gran monopolio argentino muestra los dientes e interpela no sólo a trabajadores y sindicatos del sector.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 22/04/23
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