En un comunicado, la Multisectorial contra la violencia institucional denunció que detrás de la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco hubo “una estructura corporativa” que incluye policías, un vecino y funcionarios.
“Los alegatos de la fiscalía y las querellas dejaron claro que además de las y los policías de la Comisaría 7ª que detuvieron ilegalmente a Franco, lo torturaron hasta la muerte y lo desaparecieron, otras personas e instituciones estatales –con sus acciones u omisiones– colaboraron e hicieron posible que los hechos sucedieran”, indicaron desde la Multisectorial.
Al respecto, una de las querellas que representa a la familia del joven afirmó que detrás de aquel episodio ocurrido en octubre de 2014 hubo “una estructura corporativa, con roles y acciones definidas de parte de quienes actuaron en aquellos días”. El 6 de octubre de 2014, Casco había venido a Rosario desde Florencio Varela, a visitar a su familia. La policía lo detuvo ilegalmente en la seccional 7ª, donde fue visto con vida por última vez. Su cuerpo, ya sin vida, fue hallado 24 días después en el río Paraná.
En el escrito, desde el espacio que lucha contra los casos de gatillo fácil recordaron que “policías de la Comisaría 7ª detuvieron ilegalmente a Franco, lo golpearon, vejaron, torturaron, asesinaron y desaparecieron; armaron un sumario policial falso, no registraron su detención y no la comunicaron a las autoridades judiciales”. Y que además “negaron, falsearon, ocultaron y/o demoraron información sobre el paradero de Franco a sus familiares”.
En cuanto a las responsabilidades, la Multisectorial apuntó a Daniel Crespo, “vecino de confianza de les policías de la comisaría”, a quien acusaron de participar “en la fabricación de una coartada falsa, un montaje para intentar argumentar que Franco fue detenido el día 7 y liberado”, prestando así “su falso testimonio”.
Además, señalaron que policías de Asuntos Internos “tuvieron un rol clave en el intento de encubrir los hechos”. Acusan en este sentido a los policías Pablo Síscaro y Daniel Escobar: “Entrevistaron a los detenidos de los días 6 y 7 de octubre, en presencia de los agentes policiales sospechados y en la misma seccional donde sucedieron los hechos. En ese contexto hostil, los jóvenes detenidos declararon los tormentos sufridos por Franco, pero Asuntos Internos omitió informarlo. A su vez, dieron previo aviso de su visita a los funcionarios policiales de la Comisaría 7ª”.
También cuestionaron a funcionarios del Instituto Médico Forense que “entorpecieron y obstaculizaron la investigación, cuando no realizaron maniobras tendientes directamente a encubrir las responsabilidades por el hecho investigado”. En ese sentido, apuntaron al director de la institución de aquel entonces, Félix Rodríguez, y a los odontólogos Elisandro García y Aníbal Peralta.
“Les policías desaparecedores de Franco –subrayaron al respecto desde la Multisectorial– contaron con una protección corporativa especializada que redactó informes médicos y odontológicos periciales falsos e informando falsas actuaciones. De modo similar participó la médica legista de la policía, Dra. María Zelaya, quién mintió diciendo haber visto y constatado el estado de salud de Franco en la Comisaría 7ª, colaborando también de esa forma con en el armado de la versión policial”.
🔴 Los alegatos dieron cuenta de lo que ya todos sabíamos: que a Franco Casco lo mató la policía y que se intentó garantizar la impunidad.
🔴 Sin #JusticiaPorFrancoCasco no hay #NuncaMás
👉🏻 Por #MemoriaVerdadyJusticia👇
— Multisectorial Contra La Violencia Institucional (@MultisectorialI) June 1, 2023
El comunicado remarca que “la desaparición seguida de muerte de Franco Casco se produjo en el marco de prácticas de violencia institucional y de hostigamiento policial sistemáticas y de larga data”. Y sigue: “Amedrentamientos, aprehensiones sin registro, detenciones ilegales, vejaciones, severidades, tormentos y un sin número de tratos inhumanos y degradantes a un determinado y específico grupo social, los jóvenes de sectores populares, prácticas que son moneda corriente en la provincia de Santa Fe, constituyen una deuda de la democracia”.
“Por otra parte –añadieron– en los alegatos se explicitó el interés del Estado Nacional, representado en ese acto por la Secretaría de Derechos Humanos en que este aberrante delito y sus perpetradores sean juzgados correctamente como modo de salvaguardar la plena vigencia de los derechos humanos y la reparación de las violaciones cometidas, augurando que el fallo se constituya en un instrumento de concientización, prevención de impunidad y reparación en la materia”.
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