En un contexto de militarización y represión en ascenso, el Parlamento de Perú autorizó la entrada de 1.200 soldados estadounidenses. También aumentó la presencia imperial en la frontera entre Colombia y Panamá, con la excusa de “ayudar” en la crisis de migrantes.
La ya clásica consigna antiimperialista “Yanquis go home” (Yanquis váyanse a casa) tiene por estos días, en Perú, una nueva versión: “Yanquis come home” (Yanquis vengan a casa). Fue a pedido del Parlamento y el Ejecutivo, con el objetivo de continuar la masacre de las ciudadanas y los ciudadanos que salen a las calles a exigir democracia. Y además, con la excusa de “ayudar” en la crisis de migrantes en la frontera entre Colombia y Panamá, el ejército de Estados Unidos también aumentará su presencia en esos dos países.
Más allá de las excusas, las razones, los distintos contextos, situaciones y motivos, la verdadera estrategia geopolítica de esta ofensiva armada ya fue repetida hasta el cansancio por los altos mandos militares estadounidenses. Se necesita una mayor presencia del imperio en América Latina para frenar el avance de China y Rusia en lo que consideran su “patio trasero”.
En Perú, desde la destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, una coalición de sectores de derecha y ultraderecha sostienen a Dina Boluarte en la presidencia. La ilegítima mandataria, que con la ayuda del Parlamento se aferra al cargo y se niega a llamar a elecciones, es responsable de más de sesenta muertos civiles por disparos de las fuerzas del orden en la represión de protestas antigubernamentales. Las graves violaciones de los derechos humanos han sido documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch e investigaciones periodísticas. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, también se pronunció en el mismo sentido.
Según informó el diario español Público, “el gobierno de Boluarte busca respaldo foráneo para contrarrestar la oposición interna: el 79 por ciento de los peruanos desaprueba al Ejecutivo y el 90 por ciento al Congreso, núcleo de la coalición autoritaria. Al mismo tiempo, Washington necesita socios ante el avance de las inversiones chinas y los aliados de Rusia en Latinoamérica”.
En este contexto de militarización y represión en aumento, el Parlamento de Perú autorizó la entrada al país de más de 1.200 soldados estadounidenses para ejercicios militares y policiales de junio a diciembre, una decisión que los analistas califican de “inoportuna”, “muy llamativa” o “poco normal”, pues coincide con el reinicio de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones, las mismas demandas desde hace medio año, cuando Pedro Castillo fue encarcelado, informó el diario español.
Boluarte fue vicepresidenta de Pedro Castillo, que ganó la segunda vuelta electoral a Keiko Fujimori en junio de 2021. Cuando el fujimorismo y sus aliados perdieron, se dedicaron a buscar cómo echar del cargo a Castillo e inhabilitar a Boluarte. Tras el encarcelamiento de Castillo la vicepresidenta lo reemplazó gracias a una transacción con los más conservadores.
“De esa forma, los perdedores de 2021 y la clase política más reaccionaria, incluidos ex altos cargos de las Fuerzas Armadas, dominan el Congreso; por lo tanto, también gobiernan. Esta es la razón por la que desde diciembre el 76 por ciento de los peruanos rechazó este mandato y miles se echaron a las calles”, señala la nota del diario español titulada “Tropas de EEUU llegan a Perú para ejercicios conjuntos cuando se retoman las protestas contra Boluarte” y firmada por Jacqueline Fowks.
Las tropas estadounidenses ingresan de forma periódica a Perú desde hace décadas, pero no por períodos tan largos como esta vez.
Trámite rápido en el congreso
El Ejecutivo envió al Congreso el 20 de abril y el 19 de mayo los borradores de las resoluciones legislativas basados en notas diplomáticas estadounidenses que fijaban las fechas para operaciones y entrenamiento en suelo peruano. El trámite fue breve, porque los documentos no fueron debatidos en la comisión de Defensa. Ni tampoco se cumplió el plazo de publicación en la página web del Parlamento. El 31 de mayo el diario oficial publicó las dos autorizaciones de entrada al territorio peruano para 1.242 militares estadounidenses, seis aviones, cientos de equipamientos y proyectiles de guerra.
Las tropas desarrollarán con sus pares peruanos, entre junio y agosto, el ejercicio internacional de operaciones especiales “Centinela Resuelta”. Y entre junio y diciembre llevarán a cabo otros cinco entrenamientos que involucran no sólo a militares, sino también a policías peruanos de la Dirección Antidrogas o de Operaciones Especiales.
Según el diario español, el ex presidente del organismo antidrogas de Perú, Ricardo Soberón, destacó en una entrevista que la participación de las fuerzas armadas peruanas en el ejercicio Centinela ocurre a petición del Comando Sur de Estados Unidos. “No hay una necesidad cooperativa”, aseguró.
“No necesitamos ese tipo de ejercicios que tienen un componente geoestratégico que escapa a las necesidades del gobierno y del Estado peruano. Es altamente inconveniente e inoportuna la entrada de las tropas, por lo delicado de la situación política que vive el país”, agregó Soberón, abogado y director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH).
“La aprobación viene de un Congreso deslegitimado, con más del 90 por ciento de desaprobación nacional y un Gobierno que tiene los mismos problemas de origen”, señaló el director del CIDDH.
En enero pasado, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, reconoció en una charla auspiciada por el fabricante sueco de armas Saab que Washington debía mejorar la estrategia en América Latina debido al aumento de las inversiones chinas en infraestructura y la existencia de aliados de Rusia en la región (Nicaragua, Cuba o Venezuela). Y denominó a los países aliados: “El equipo USA, el equipo democracia” (“Team USA, team democracy”).
El cuartel general del Comando Sur está en Florida, pero tiene fuerzas de tarea en Guantánamo (Cuba) y en la base aérea Soto-Cano (Honduras).
“Estados Unidos realiza este tipo de actividades de cooperación y entrenamiento con las fuerzas militares en América Latina regularmente. El programa Resolute Sentinel rota de país en país y el año pasado se realizó en Honduras”, explicó la politóloga estadounidense, experta en derechos humanos e integrante del organismo Washington Office for Latin America (WOLA), Jo-Marie Burt.
La politóloga consideró “muy llamativo” que Estados Unidos haya seleccionado a Perú para llevar a cabo este ejercicio conjunto teniendo en cuenta “el contexto actual en que organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras locales han denunciado que las fuerzas armadas y policiales han cometido graves violaciones a los derechos humanos, y han notado serios problemas en las investigaciones fiscales para dar con los responsables”.
“Es un elemento más que evidencia que Estados Unidos, aunque dice que apoya la democracia y los derechos humanos en el Perú, es de la boca para afuera” advirtió Burt.
“En mi experiencia de conversar con altos representantes del Departamento de Estado, son plenamente conscientes de que apoyan al Gobierno [peruano] aun cuando carece de legitimidad, ha utilizado la represión para acallar las protestas y demandas de elecciones adelantadas, y que en alianza con diferentes fuerzas en el Congreso van debilitando lo que queda de la institucionalidad democrática en el Perú”, aseguró.
“Creo que se trata de una decisión basada en consideraciones geopolíticas, más que una preocupación por la democracia y los derechos humanos. Vemos la misma actitud en otros países de la región, como Guatemala”, concluyó Burt.
La embajadora de Estados Unidos en Perú sigue siendo la ex agente de la CIA, Lisa Kenna, nombrada por Donald Trump. Según el diario Público, es la diplomática que más veces se ha fotografiado junto a Boluarte y su primer ministro después de cada masacre cometida por las fuerzas del orden entre diciembre y febrero, o después de cada presentación de informes internacionales sobre violación de derechos humanos.
A inicios de enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró a Stephanie Syptak-Ramnath para reemplazar a Kenna. Debía pasar por la ratificación del Senado. La funcionaria se presentó ante el comité del Senado el 4 de mayo. Este cambio todavía no se produjo.
El conformismo de la diplomacia estadounidense con las graves violaciones de los derechos humanos evoca en cierto modo lo ocurrido en la década de los 90 del siglo XX, durante el gobierno del demócrata Bill Clinton, agrega el diario español.
También en Panamá y Colombia
El sitio de noticias del medio estadounidense NBC News informó que altos funcionarios de Biden están presionando para enviar más tropas a Colombia y Panamá “para ayudar a frenar el contrabando de personas”.
“El ejército de Estados Unidos tiene una Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad trabajando en los dos países, principalmente asesorando a las fuerzas locales, pero ahora los funcionarios de la administración están presionando para expandir la misión de entrenamiento, incluido el traslado de tropas al Tapón de Darién para asesorar a las fuerzas colombianas y panameñas sobre cómo aislar el flujo de personas y drogas en la zona, dijeron los funcionarios”, informa NBC News.
La “capacitación” se centrará principalmente en la seguridad fronteriza, la lucha contra el contrabando de personas, la planificación y la logística, las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, y posiblemente contra los traficantes de personas. El personal militar también podría ayudar a apoyar la construcción de un centro de operaciones para el Servicio Nacional de Fronteras, señala el medio estadounidense.
La asesora de seguridad nacional del presidente Biden, Liz Sherwood-Randall, “es una de las funcionarias que presiona para que las tropas estadounidenses se concentren más directamente en el Tapón de Darién”, señala NBC News.
La comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la generala del ejército Laura Richardson, visitó el Tapón del Darién el lunes para ver de primera mano la situación actual allí, según un portavoz de esa fuerza.
Un alto funcionario de la Policía Nacional de Colombia dijo que Richardson se reunió con funcionarios en Colombia, pero no dio un número ni un cronograma para el envío de tropas estadounidenses a la región del Darién.
“El objetivo es encontrar formas para que tanto Colombia como Panamá reduzcan la migración”, según los funcionarios estadounidenses, y los planes también podrían involucrar a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza.
Los funcionarios dijeron que la opción más probable por ahora sería mover una pequeña cantidad de tropas estadounidenses que ya están en los países, tan sólo 10, al Tapón de Darién para asesorar a las fuerzas locales. Pero algunos funcionarios de la administración de Biden esperan reforzar aún más la presencia.
El tramo de tierra, conocido como el Tapón del Darién, conecta América del Sur con América Central. El área, sin carreteras, está formada por selvas, ríos y montañas empinadas, lo que la convierte en una zona muy peligrosa. Miles de migrantes intentan cruzar de Colombia a Panamá cada año, a menudo confiando en traficantes.
El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y Richardson viajaron a Panamá en abril, cuando firmaron un acuerdo trilateral con Panamá y Colombia para una campaña de 60 días para atender la situación humanitaria en el Tapón del Darién. Entre los objetivos estaba “terminar con el movimiento ilícito de personas y bienes a través del Darién por corredores terrestres y marítimos”.
Un funcionario de Estados Unidos dijo que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional “están aumentando el apoyo a los gobiernos de Panamá y Colombia dentro de sus autoridades existentes como parte de la Campaña de Oleada de Darién de 60 días, incluso con personal”.
“Nuestro apoyo se centra en la capacitación, planificación, coordinación e intercambio de información de las fuerzas del orden. Es importante enfatizar que ningún personal estadounidense está directamente involucrado en la ejecución de misiones contra el contrabando”, agregó el funcionario.
Entrevistado por el diario La Estrella de Panamá, el ex miembro de las Fuerzas de Defensa de Panamá, Felipe Camargo, puso en duda la narrativa estadounidense: “Se trata de un tema geoestratégico, el problema de China, la penetración china en Panamá, el control de los puertos, la guerra en desarrollo en el Indo-Pacífico, el problema de Rusia y la guerra en Ucrania”, explicó.
“Hay una militarización de EE.UU. disimulada acá en Panamá y en varios gobiernos”, agregó Camargo.
Por su parte, el mayor retirado panameño José Hilario Trujillo señaló: “Los gringos están desde hace rato allá en Darién”.
En este sentido, Camargo explicó que Estados Unidos ha ido llegando al país centroamericano con “la excusa del entrenamiento y del apoyo humanitario que tienen, con un par de helicópteros Chinook, que no son más que un batallón de fuerza aerotransportada”.
A finales de 1989, el ex mandatario George W. Bush ordenó que más de 25 mil hombres de las unidades de élite invadieran el país centroamericano para derrocar a Manuel Antonio Noriega, quien era uno de los más fieles colaboradores de Washington. Además de los daños a la infraestructura del país, la invasión estadounidense causó la muerte de al menos 300 soldados y 214 civiles panameños. Barrios enteros de Ciudad de Panamá, por ejemplo El Chorrillo, fueron bombardeados y quemados hasta quedar convertidos en cenizas. Mujeres, hombres, niñas y niños murieron carbonizados.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 10/06/23
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