La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica instó a los países ricos a que cumplan con los compromisos ya pactados en cuanto a financiación climática “teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los que están en desarrollo”.
La Amazonia es la mayor región selvática del mundo, con una extensión de 7.989.004 kilómetros cuadrados. Ocho estados soberanos y una colonia francesa poseen territorio amazónico. Pero Brasil es, por lejos, el que mayor superficie posee: Bolivia (7 por ciento de la superficie), Brasil (64,4), Colombia (6,6), Ecuador (1,6), Guyana (2,1), Perú (9,7), Surinam (7), y Venezuela (5,9). Guyana francesa tiene el 0,8 por ciento.
Los ocho estados soberanos crearon en 1995 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que la semana pasada (martes 8 y miércoles 9), realizó en la ciudad de Belém, estado de Pará, Brasil, su cuarta reunión de mandatarios con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de desarrollo que permita poner fin al ciclo de destrucción que impacta sobre el mayor bosque tropical del planeta. Una de las metas más importantes es lograr que las naciones ricas (que tanto se benefician extrayendo recursos de la zona a costa del medio ambiente y los pueblos originarios) financien el mantenimiento de ese ecosistema (fundamental para la subsistencia del planeta) y detener el proceso de cambio climático. La Amazonia es el principal regulador del clima: le ofrece humedad y oxígeno a un planeta recalentado y contaminado.
“Vamos a seguir reclamando dinero a las naciones ricas por la compensación para mantener la selva en pie y el desarrollo económico sostenible de los millones de personas que viven en la selva amazónica. Seremos duros con la deforestación y queremos que la nueva industrialización verde se dé en el Amazonas”, dijo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, frente a corresponsales, antes de la reunión.
Según informó el sitio de noticias argentino El Economista, en los primeros siete meses de gobierno, Lula logró reducir en un 44 por ciento la deforestación. Pero va por más. El gobierno de Brasil quiere que el sector privado ayude a reforestar grandes extensiones de la Amazonía.
La idea es recuperar unos 12 millones de hectáreas (120 mil kilómetros cuadrados) hasta 2030, y para lograrlo se ofrecerían concesiones privadas de tierras de propiedad federal para la plantación de árboles nativos junto con maderas de alto valor como la caoba, muy apreciadas en las industrias de muebles, según El Economista.
Asimismo, informa el portal argentino, se podrían otorgar concesiones para generar otros productos, como semillas oleaginosas, fibras y resinas. El plan comenzaría con la concesión de tierras federales en el Amazonas ya destinadas a la conservación y, después de un estudio adicional, se expandiría a tierras públicas no definidas legalmente como parque nacional, reserva indígena u otro territorio protegido.
Pero las corporaciones que obtienen ganancias obscenas con la deforestación, que es el paso previo indispensable para explotar la minería, la ganadería y el cultivo de soja, tienen un enorme poder económico, político y también militar. Los grandes terratenientes, ganaderos, mineros y petroleros, entre otros, poseen ejércitos privados que exterminan pueblos originarios para quitarles las tierras y poder hacer sus negocios.
En el caso de Brasil, el ex mandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) apoyó la llegada de 20 mil buscadores ilegales de oro y minerales que masacraron pueblos originarios y destruyeron el medio ambiente. Se registraron al menos 795 asesinatos perpetrados por milicias empresariales. Y 570 niños del pueblo yanomami murieron de desnutrición.
El Tribunal Penal Internacional de La Haya (Países Bajos) investiga denuncias contra el dirigente de extrema derecha por “genocidio” en perjuicio de los pueblos originarios, lo que incluye la penetración de buscadores de oro y diamantes en las reservas (festejada sin ambages por Bolsonaro), y también por retacear el envío de medicamentos a los aborígenes durante la pandemia del coronavirus.
Bolsonaristas planeaban matar a Lula
Según informó Página 12 en la nota firmada por Darío Pignotti, la policía arrestó a dos personas (un estanciero y un guardia de seguridad) que planeaban matar a Lula en el marco de la cumbre de jefes de Estado amazónicos. “Le voy a disparar a la barriga a Lula”, señaló el hacendado Arilson Strapasson detenido el jueves en la ciudad paraense de Santarém. También fue interrogado en Belém un agente de seguridad privada (cuya identidad no fue revelada), por haber manifestado similares intenciones asesinas a través de las redes sociales.
Pignotti reveló asimismo que hubo una tercera amenaza, en este caso contra el vicepresidente Geraldo Alckmin. “Frente a semejante escenario, el Ministerio de Justicia, la Agencia Brasileña de Inteligencia y la gobernación de Pará resolvieron incrementar las alertas. La Amazonia es una región donde abundan las organizaciones delictivas y los simpatizantes armados: estancieros, policías, militares y paramilitares seguidores del expresidente Jair Bolsonaro”, informó Página 12 en la nota titulada “Lula amenazado en Amazonia”.
Los pueblos originarios quieren poner fin al acoso
En el marco de una reunión organizada por la OTCA y el Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil, que tuvo lugar días antes del encuentro de mandatarios en Belém, representantes de pueblos originarios, organizaciones sociales y ambientalistas solicitaron que en la cumbre se tenga en cuenta que los aborígenes desean que se “criminalice el contacto forzado con los pueblos que viven voluntariamente aislados en la selva”. La idea es proteger a las tribus no contactadas, que se estima son 185 repartidas a lo largo y ancho del mayor bosque tropical del planeta.
También se pidió identificar y demarcar los territorios de estos pueblos, además de prohibir las actividades agropecuarias y combatir la minería y la tala ilegales en esas zonas. La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, aseguró que las próximas tierras indígenas que tendrán operaciones de desintrusión (desplazamiento de quienes no son originarios del territorio demarcado) por parte del gobierno federal serán las de los pueblos Kayapó y Mundurukú, en el estado de Pará, informó Página 12.
“El presidente Lula partió de una prioridad y quizás de lo más difícil, que es la tierra indígena Yanomami. Ahora estamos en una fase muy compleja, que es aquella en la que una parte que permanece en el terreno está involucrada con organizaciones criminales”, evaluó Silva desde Belém junto a la ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco, la ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves y la presidenta de la Fundación Nacional del Indio, Joênia Wapichana.
Para mejorar la protección de los indígenas no contactados, muchos de los cuales viven en zonas fronterizas, se llamó a los países de la región a establecer “acuerdos de cooperación” y a destinar los recursos materiales adecuados para las labores de vigilancia. En la actualidad, no todos los países de la región amazónica tienen políticas públicas para el reconocimiento de estos pueblos, por lo que “es imperativo reconocer su existencia y derechos en toda la Amazonia”.
El documento final de la cumbre
Los líderes de los ocho países que hospedan la región del Amazonas firmaron la denominada “Declaración de Belém”, texto que contiene 113 puntos y que insta a alcanzar nuevas formas de cooperación regional. Asimismo, funciona como una hoja de ruta con el objetivo de poner en marcha un plan de protección para la mayor selva tropical del planeta.
Uno de los puntos clave del documento es llamar la atención de los países de mayores ingresos para que refuercen su compromiso con la acción climática y cumplan con lo ya pactado en cuanto a financiación “teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo”.
Los presidentes dejaron por escrito que están decididos “a reimpulsar y actualizar la agenda común de cooperación entre nuestros países, adaptada a las nuevas realidades regionales y globales, para garantizar la conservación, protección y conectividad ecosistémica y sociocultural, de la Amazonía, el desarrollo sostenible, el bienestar de sus poblaciones, con especial atención a los pueblos indígenas y comunidades locales y tradicionales en situación de vulnerabilidad”.
En el texto final, destacaron “el rostro humano de la Amazonía, la centralidad de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y tradicionales para la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales en la región, la necesidad de garantizar el bienestar de las poblaciones amazónicas y la solidaridad hacia las generaciones presentes y futuras”.
Además, pusieron énfasis en la urgencia de acordar metas comunes al 2030 para el combate a la deforestación, erradicar y detener el avance de las actividades de extracción ilegal de recursos naturales, y promover enfoques de ordenamiento territorial y la transición a modelos sostenibles con el ideal de llegar a la deforestación cero en la Región.
“Tenemos que urgir a los países desarrollados a cumplir con sus compromisos de provisión y movilización de recursos, incluyendo la meta de movilizar 100 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático», estipula el punto 35 de la Declaración de Belém, que además pone como fecha límite para su cumplimiento el 2024.
“La reunión de Belém sirvió a Lula y a otros para criticar duramente a los países ricos, sobre todo a los occidentales, por no cumplir la promesa hecha en la cumbre de la ONU sobre el clima de 2009 de aportar 100 mil millones de dólares anuales al financiamiento ambiental de los países más pobres”, informa con acritud el diario estadounidense The New York Times.
“La Amazonía es nuestro pasaporte hacia una nueva relación con el mundo, una relación más simétrica en la que nuestros recursos no se exploten en beneficio de unos pocos, sino que se valoren y se pongan al servicio de todos”, dijo Lula en un discurso pronunciado en la reunión.
La “Declaración de Belém” aboga por propuestas de desarrollo sostenible que sean inclusivas y que promuevan los derechos de quienes viven en la Amazonía, señala la necesidad de fortalecer la OTCA, entendida como el único bloque a nivel mundial que nació con una misión socio-ambiental, y exige profundizar en forma urgente las medidas contra el cambio climático.
El martes 9, último día de la cumbre, tuvieron mayor protagonismo los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los representantes de los pueblos originarios y los grupos ambientalistas. Todos ellos reclamaron acciones concretas más allá de la declaración de buenas intenciones.
Según informó France 24, a pesar de que la cumbre fue calificada por Lula como “histórica” y un gran avance para la lucha contra la crisis climática, organizaciones no gubernamentales como el Observatório do Clima (conglomerado de más de 70 grupos ambientalistas brasileños) “no quedaron convencidos del compromiso mostrado por los líderes políticos de la región amazónica”.
El director de ese organismo, Marcio Astrini, calificó el texto final de la cumbre como “una lista de promesas”, y aunque reconoció que lo visto en Belém se trata de “un primer paso”, lamentó la falta de “decisiones concretas” sobre temas como la deforestación en la selva.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 12/08/23
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 1000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
