Un espectáculo

El “plan de seguridad” provincial: empoderamiento de la Policía y el regreso de las topadoras de Lamberto. “Guerra” contra búnkeres y microtráfico, que no son graves pero molestan. Lo simbólico y lo real.

Los primeros pasos del “plan de seguridad” del gobierno santafesino apuntan al empoderamiento policial y la espectacularización de un conjunto de acciones de menor cuantía pero –según entiende la gestión conducida por Maximiliano Pullaro–, de alto valor simbólico. Algo así como que “mejor que hacer es decir”. O, para mayor precisión, lo central sería mostrar, exhibir, dar la idea de acción permanente, de hiperkinesia oficial. La reedición local de la vieja y frustrada “guerra contra las drogas” desempolvó las topadoras que hace una década utilizó el entonces ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, para mostrarle a la sociedad rosarina la fiereza estatal para con el último eslabón de cadena de producción, distribución y comercialización de estupefacientes: los “búnkeres” barriales de venta al menudeo. Lo que vino luego ya lo conocen los agobiados habitantes de la ciudad argentina con mayor tasa de homicidios intencionales, guarismo que quintuplica la media nacional. Las primeras medidas en la materia se completan con requisas, cacheos y averiguaciones de antecedentes que tuvieron su pico de espectacularidad –y búsqueda ejemplificadora– cuando dos policías realizaron un “control” a empleados de la sede local del Correo Argentino, que salían de su lugar de trabajo con el oscuro propósito de buscar alimentos para almorzar. Y la aprobación de normas a pedido del gobernador en la Legislatura.

Ojos ministeriales

En esa lógica se inscribe también la participación in situ del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, del traslado de personas privadas de la libertad desde seccionales policiales abarrotadas a unidades penitenciarias (también abarrotadas). Porque la puerta giratoria no fue mantenida con W40 y la población carcelaria se duplicó en una década.

La acertada medida de descomprimir las comisarías de presos y restarle tareas de custodia al personal de la fuerza de seguridad –luego de varias y masivas fugas ocurridas en los últimos meses– fue acompañada por el Gobierno con la difusión a la prensa –y en las redes sociales de los propios funcionarios– de videos que muestran al ministro participando en persona de los traslados, mirando de cerca a los detenidos, exhibiendo sin necesidad sus rostros que, en definitiva, son los rostros “del mal”.

La crítica situación que desde hace al menos una década atraviesa la principal ciudad de la provincia en materia de seguridad pública es utilizada como “habilitación” por el gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe. Un aprovechamiento político que en el corto plazo puede generar “beneficios” y adhesiones –¡quién no quiere ver a un joven moreno de un barrio popular con las manos esposadas, en cuero y sacudido por un guardiacárcel!–, aunque es más difícil de sustentar en el tiempo. Ahora, ¿quién se resiste a la tentación de emular a Bukele en pequeña escala cuando hay una demanda social de Rati Horror Show?

Debería comprenderlo la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien difundió como un logro de su plan que en los primeros 10 días de enero no hubiera ocurrido un solo homicidio en Rosario. El día 14 se registró un triple crimen en Capitán Bermúdez y esta última semana ocurrieron otros casos en Rosario, lo que revela que la dinámica criminal posee en ocasiones una indisimulable soberanía de las políticas oficiales de seguridad pública. Y que al humo lo disipa el viento.

Dame todo el power

La Legislatura santafesina aprobó en los primeros días de la gestión de Pullaro la adhesión provincial a la ley nacional de desfederalización de la persecución penal de pequeñas causas de narcomenudeo, en coincidencia con declaraciones del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de ir en camino contrario por los escasos logros que la medida produjo en la provincia más poblada del país.

Con amplia mayoría oficialista en ambas Cámaras, y sin extensos debates, el parlamento provincial también aprobó una ley de “inteligencia” local, la reforma a la Justicia de menores –cuya aplicación luego fue suspendida por el Ejecutivo– y las reformas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa.

El diputado del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos Del Frade, una de las voces críticas en el ámbito parlamentario, sostuvo que “el proyecto es un retroceso que empobrece al Ministerio Público de la Acusación y empodera a la policía con grandes nichos de corrupción”.

“Vemos cómo la política se metió con algunos fiscales cuando se les había ocurrido investigar el dinero del destino de ciertos senadores. El MPA termina funcionando como una herramienta de disciplinamiento. Antes cada fiscal tenía un grupo de brigadistas, ahora, como se empodera la policía, tiene que venir una orden, es malísima la adhesión a la ley de narcomenudeo”, abundó en declaraciones a radio LT8.

En la sesión de Diputados en la que se trató el tema, Del Frade señaló que la ley de narcomenudeo debutó con la detención de “dos ancianos” que intentaron ingresar marihuana a una prisión donde está su hijo preso, y vaticinó que la aplicación de la norma servirá para multiplicar la población carcelaria de “perejiles” que “nada tienen que ver con el negocio narco”.

En la relación a la modificación de la ley orgánica del MPA, el legislador sostuvo que “es fundamental no mentirnos entre nosotros y no mentirle a la gente” y reiteró que “esto empodera a la policía, como si tuviéramos una policía de un espíritu incorruptible e intachable”.

Antes de la causa a los peligrosos ancianos, la policía de Rosario protagonizó un poco acostumbrado –al menos hasta ahora– incidente con dos empleados del Correo Argentino.

Los jóvenes salían de su lugar de trabajo cuando fueron abordados por dos policías motorizados, quienes los frenaron y pidieron documentos, cuando iban a comprar comida para el almuerzo.

Uno de los trabajadores requirió explicaciones sobre el “procedimiento” y se inició una discusión en la que intervino el secretario general de trabajadores del Correo, Walter Palombi, quien vio el extraño suceso desde las oficinas gremiales.

El hecho fue repudiado por el Movimiento Sindical Rosario y otras entidades gremiales. La respuesta del ministro Cococcioni fue clara y contundente: presentó una denuncia penal contra los trabajadores por atentado a la autoridad y resistencia agravada.

“La respuesta ha sido agresiva, desubicada y desmedida. Nosotros no lo vamos a tolerar”, dijo el ministro, pero se refería a los dos jóvenes empleados del Correo. Uno de ellos le preguntó al policía que le exigía identificación –sin que mediara ningún delito en flagrancia o situación que lo justificara– si estábamos “en dictadura”. El policía no respondió.

El 6 de enero la concejala Norma López contó un episodio similar: “Una compañera ganó un libro en un concurso radial. Al mediodía lo buscó y se sentó a leerlo en la Plaza de las Madres. Dos policías la interrogaron, le pidieron que se identificara y anotaron sus datos personales en un «cuaderno»”.

Y se preguntó: “¿Cuál es la falta o el delito por leer un libro en una plaza? Pacificar territorios y ordenarlos no debe ir contra las libertades individuales”. No la ven.

Guerritas

Otra voz disonante respecto a la espectacularización de la seguridad en el discurso oficial es la del abogado, docente y criminólogo de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font.

En su cuenta de X (ex Twitter), retomó sus planteos acerca de lo que denominó “fraguar una guerrita contra las drogas” durante la gestión en el Ministerio de Seguridad del socialista Lamberto, durante la gestión de Antonio Bonfatti.

“Simulacros de una falsa guerra contra el narco en Rosario. Voltear ranchos en los barrios es un estornudo en un huracán, una impostura. Es fraguar por segunda vez (primero lo hizo Bonfatti) una guerrita contra las drogas”, escribió.

Simulacros de una falsa guerra contra el narco en Rosario
Voltear ranchos en los barrios es un estornudo en un huracán, una impostura. Es fraguar por segunda vez (primero lo hizo Bonfatti) una güerita contra las drogas (…) https://t.co/mffm7boOfI vía @Pagina12

— Enrique Andrés Font (@quiquefont) January 15, 2024

Agregó sobre la demolición de viviendas precarias utilizadas para la venta de drogas al menudeo en los barrios que “lo sólido y estable en el mercado local no son los ranchos”, sino que “es la oferta, la demanda, la disposición del producto, las redes que sostienen ese mercado directamente, que permiten lavar el dinero, la corrupción policial y política. A eso habría que meterle topadora”.

En otro posteo, Font completó su idea sobre al sector social al que están dirigidas las políticas oficiales de “combate” al narcotráfico: “A ver si fiscales, jueces y funcionarios tan valientes para voltear ranchos a pura topadora se bancan demoler las oficinas entre boulevares de los cueveros de narcos Gustavo Shanahan y Patricio Carey. ¡Sería un gran circo! ¿Ah, no? ¿Con los poderosos eso no se puede, Maximiliano Pullaro?”.

En la misma línea, el criminólogo se refirió a los primeros imputados por la ley de desfederalización del narcomenudeo, los “ancianos” de los que Del Frade habló en la Cámara de Diputados.

“La primera batalla de la tercera guerra mundial contra las drogas acaba de librarse en Rosario. En su micro-bautismo de micro-fuego, el MPA micro-imputó a un hombre y a una mujer por intentar ingresar marihuana (38 y 75g) para sus respectivos hijos presos. Las primeras dos bajas de la batalla inaugural de la guerra santafesina contra las drogas fueron un chapista y una viuda jubilada”, agregó, y de regreso al registro irónico, apostrofó: “MPA, Pullaro y lxs que votaron la ley asestan duro golpe a las poderosas organizaciones de delito transnacional organizado”.

Lo que la gente quiere

En tiempos en que la verdad, el dato preciso, han dejado de ser un insumo para la acción política y el discurso periodístico y cedido su espacio al verosímil o al engaño deliberado, las acciones oficiales de espectacularización tienen un camino por recorrer, tal vez de éxito.

Al menos en el corto plazo, porque constituyen el alimento simbólico de una demanda real de mejores condiciones de seguridad pública. Dicen lo que “la mayoría” quiere oír. Muestran la dureza estatal ejercida contra los que previamente fueron construidos como el mal absoluto. Exhiben las técnicas de deshumanización aplicadas a “las bestias”, lo bárbaro.

A un mes de iniciado el Gobierno es imposible hacer una evaluación de los resultados en materia de seguridad, y tal vez sobre ninguna política de Gobierno.

Las estimaciones sobre las condiciones económicas y sociales para los próximos meses no permiten ser optimista en términos de reducción del nivel de delitos, sobre todo los predatorios.

La gestión de Pullaro se concentró en mostrar acciones diarias, hiperactividad, presuntos “planes” diagramados por “equipos” como contracara de lo que durante la campaña denominó “el gigante dormido”. En Santa Fe es costumbre dormir la siesta. Pero luego se despierta.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 20/01/24

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