La Corte Constitucional aceptó el tratado de cooperación militar con Estados Unidos y determinó que no es necesario que pase por la Asamblea Nacional. Y una vez más, llegó la jefa del Comando Sur, Laura Richardson: “Queremos ayudar a éste y a todos los demás países de la región”.
Pese a que las fronteras de Estados Unidos son las más permeables al tráfico de drogas, y a pesar de que ese país sufre una de las más imparables y letales crisis sanitarias de su historia por sobredosis del opioide sintético fentanilo, (mueren 214 personas por día, casi 9 por hora), los gobiernos América Latina sumisos a las políticas de Washington todavía creen (o fingen creer) que puede funcionar la ayuda de Estados Unidos y su paradójica “guerra contra la drogas”, que promueve lo que dice combatir. En realidad es apenas una tapadera: una excusa para permitir que el ejército imperial ingrese al territorio.
Y la situación que está atravesando Ecuador es ideal para que gobiernos entreguistas subviertan la vieja consigna “Yanquis go home” por “Yanquis come home”. O sea: no se vayan, vengan.
El 9 de enero la violencia que desde hacía años padecía el pueblo ecuatoriano escaló en buena parte del territorio después de que el conocido líder de una pandilla desapareció de prisión. Se reportaron explosiones, saqueos, tiroteos y vehículos incendiados, y hubo disturbios en varias cárceles. Hombres armados irrumpieron en un estudio de televisión durante una transmisión en vivo. Se produjeron ataques a hospitales y universidades. El saldo fue de 14 muertos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que asumió el 23 de noviembre de 2023, decretó el “conflicto armado interno” y declaró a las bandas criminales “como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. En su campaña presidencial, había prometido “mano dura”, una de las medidas que, junto con la militarización de la sociedad (con tropas yanquis incluidas), siempre se presentan como la solución. Aunque la experiencia histórica demuestre que, lejos de serlo, son parte del problema. Un problema complejo e inherente al sistema capitalista.
La Corte Constitucional de Ecuador notificó el 23 de enero su dictamen sobre el tratado de cooperación militar marítima entre Estados Unidos y Ecuador, y determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional, informó el diario ecuatoriano Primicias.
El medio agrega que, por lo tanto, el tratado entraría en vigencia en los próximos días, después de que la Corte remitió el proceso a la Presidencia para que continúe con el trámite.
Según explicó Primicias, el tratado con Estados Unidos busca ejecutar operaciones conjuntas contra las actividades marítimas transnacionales ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas, de migrantes, de armas de destrucción masiva y la pesca ilegal.
El objetivo es que ambas partes puedan “prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades marítimas transnacionales ilícitas”, por la “urgente necesidad” de luchar contra el crimen organizado transnacional.
Por su parte, el diario ecuatoriano El Universo aclara que si bien el acuerdo no propone instalar una base extranjera, sí permite que las fuerzas armadas de Ecuador puedan “prestar” instalaciones.
“Dos tratados internacionales suscritos entre Ecuador y Estados Unidos para cooperación en defensa no contemplan la construcción o adecuación de bases militares, pero habría la posibilidad de prestar la infraestructura de las Fuerzas Armadas ecuatorianas con propósitos de capacitación y almacenamiento”, señala la nota firmada por Sugey Hajjar.
La publicación recuerda que entre septiembre y octubre del 2023, en el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso se suscribieron dos tratados internacionales con los Estados Unidos para cooperación bilateral, denominados “Acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas” y “Acuerdo relativo al estatuto de las Fuerzas”. Los firmaron el ex canciller Gustavo Manrique y el embajador norteamericano en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick.
La guardiana del patio trasero, otra vez de visita
En su segunda visita a Ecuador, la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, se reunió con el presidente Daniel Noboa, la fiscal Diana Salazar, los ministros de Defensa e Interior, el alto mando de las fuerzas armadas y la policía, para tratar la crisis de seguridad que enfrenta el país, informó Primicias.
El medio ecuatoriano agregó que la militar llegó el 22 de enero, junto con un avión ucraniano con una donación de equipos críticos de seguridad y respuesta de emergencias.
“La cita se centró en la seguridad y la situación actual en Ecuador, los tremendos esfuerzos para contrarrestar la actividad criminal, la decisión del presidente Noboa de declarar a esas 22 pandillas como organizaciones terroristas y autorizar a los militares y los policías que trabajen juntos, lo cual es muy importante y les ha ido muy bien en esas misiones”, aseguró Richardson.
“Ya tenemos una cartera de inversión muy sólida con Ecuador. Obviamente, es a lo largo del tiempo. Y se trata de cooperación entre fuerzas militares, entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el Ejército ecuatoriano. Entonces, nuestra cartera vale 93,4 millones de dólares e incluye, no sólo transferencia de equipos militares, sino que también asistencia humanitaria y respuesta a desastres, educación militar profesional. Y esta educación es importante, no sólo consiste en que los militares ecuatorianos vayan a capacitarse a Estados Unidos, sino también en varias cosas que traemos a Ecuador”, agregó la generala.
“Para el año fiscal 2024, tenemos un total de 124 actividades planificadas en Ecuador. Pero también estamos intentando acelerar algunas cosas que ya estaban planeadas. Por ejemplo, entregaremos un avión C 130 el 23 de febrero. Y también tenemos otras cosas en proceso para acelerar el aumento de la transferencia de equipamiento militar”, anunció Richardson, que hizo referencia a su alegría por conocer a las nuevas autoridades de Ecuador tras el triunfo de Noboa.
“Ahora hay una nueva cadena de mando. Y por eso estoy feliz de haber venido tan rápido y poder reunirme con ellos, hablar sobre la cartera de inversiones, repasarla y presentarla al presidente Noboa y a los miembros del gabinete para poder hablar sobre lo que estamos haciendo con el Comando Sur de Estados Unidos y el Ejército de Ecuador. Y no soy sólo yo como comandante del Comando Sur. Vinieron conmigo altos comandantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina, y todos ellos participan y cooperan en materia de seguridad con sus jefes de servicio homólogos”, enumeró la militar estadounidense.
Richardson fue muy insistente con la idea de que el interés de su país va más allá de Ecuador y se extiende a toda la región: “Hemos visto un gran apoyo de los países vecinos de Ecuador. Será necesario que todas las democracias, trabajemos juntas para contrarrestar las amenazas”, agregó.
“Hacemos ejercicios, conferencias, grupos de trabajo, compartimos información, queremos fortalecer la seguridad para el Ecuador. Queremos ayudar a Ecuador a través de esto, y no es sólo Ecuador, sino también todos los demás países de la región que están siendo desafiados por estas amenazas criminales, el cambio climático, la sequía, la inseguridad alimentaria, respuesta a desastres, migración irregular”, concluyó la jefa del Comando Sur de Estados Unidos.
Dolarización: una fiesta para los narcos
En su nota titulada “Ecuador: De la demolición institucional a la Doctrina del Shock”, el economista ecuatoriano Pablo Dávalos afirma que el decreto de Conflicto Armado Interno (Decreto Ejecutivo No. 111) configura una estrategia que se inscribe de manera directa en la doctrina del shock como condición de posibilidad para el ajuste económico. “Si bien es cierto que el país experimentaba una ola de violencia que lo había convertido, en pocos meses, en uno de los países más violentos del mundo, también es cierto que tanto el gobierno de Guillermo Lasso cuanto el gobierno de Daniel Noboa, nunca hicieron nada por controlar la crisis de la seguridad ciudadana”, señala la nota del medio ecuatoriano Desde abajo.
El autor señala que los gobiernos neoliberales “a pesar de tener las posibilidades, los recursos humanos y financieros, y los marcos institucionales para controlar el creciente control de los grupos de delincuencia organizada sobre los territorios y ejercer violencia sobre los ciudadanos, en efecto, nunca hicieron el más mínimo intento por detener esa violencia”.
Y además se pregunta por qué el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) dejó que los grupos de delincuencia organizada se consoliden y amplíen su control sobre los territorios: “¿Por qué resignó no sólo territorios sino incluso políticas públicas en beneficio de los grupos de delincuencia organizada? ¿Por qué sometió a la sociedad a un intensivo programa de austeridad fiscal cuando sabía que el recorte y eliminación de programas sociales iban a favorecer directamente a los grupos de delincuencia organizada?”, pegunta Dávalos, al tiempo que afirma la existencia de un verdadero narco-estado en el gobierno de Lasso.
La declaración de guerra, sostiene Dávalos, le permite al gobierno “imponer una serie de medidas económicas de ajuste sin que la sociedad pueda reaccionar en absoluto”. Además, la dolarización que ya lleva 23 años, permite la utilización del sistema monetario para el lavado de dinero, lo que alienta tanto al narco como a las grandes corporaciones.
“Es parte de las políticas de Estados Unidos en el continente”
En el mismo medio, con el título “Ecuador: una guerra contra el movimiento indígena”, el escritor y activista uruguayo dedicado al trabajo con movimientos sociales, Raúl Zibechi, considera que “con un crimen organizado activo y poderoso, el poder se consolida, con escasa legitimidad pero con toda la maciza fuerza del aparato armado del Estado. Si el gobierno no hubiera liberado el crimen organizado, tendría que haber optado por un golpe de Estado, políticamente más costoso y con grandes posibilidades de fracasar en derrotar a los de abajo”.
El analista cita al periodista argentino Gerardo Szalkowicz, que explica en su nota publicada en Tiempo Argentino, “Ecuador duele: cinco claves para entender un país roto”: “La trama que está destruyendo al Ecuador tiene particularidades locales pero responde a un modelo que se instaló con fuerza en los ´80 en México, Colombia y algunos países de Centroamérica, y que en los últimos años se disemina, en distintas escalas, por toda la región”.
Zibechi asegura que se trata de la política de Estados Unidos para el continente, que ahora se apresta a intensificar su presencia en Ecuador, con asesores militares propios e israelíes, como ya sucedió en Colombia. Recordemos que los centros de pensamiento como el Global Europe Anticipation Bulletin (GEAB) francés, sostienen que América Latina será en las próximas décadas el centro de la disputa entre Estados Unidos y China por la hegemonía global.
“Estamos ante un modelo de militarización (legal e ilegal) para someter a los pueblos mediante el terror, mientras en paralelo se retroalimenta una estructura de negociados millonarios. El grupo criminal Los Lobos (vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación) explota 20 minas de oro en Azuay, controla 40 grupos de mineros ilegales y obtiene ganancias de casi 4 millones de dólares por mes como acaban de informar tres medios peruanos”, agrega el escritor y activista uruguayo.
“En rigor, debemos hablar de capitalismo y no de crimen. De acumulación por despojo y guerra y no de negocios ilícitos. El papel de los grandes medios es confundir, haciendo como si el Estado y el crimen fueran cosas diferentes, como si la violencia criminal y la policial/militar no apuntaran a los mismos objetivos: paralizar a la población para facilitar la acumulación y devastación de la vida”, concluye Zibechi.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 03/02/24
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