La agrupación Hijos Rosario y el fiscal federal Federico Reynares Solari reclamaron la elevación a juicio para el ex magistrado Guillermo Ernesto Tschopp por su complicidad durante el terrorismo de Estado.
“Son múltiples los casos en los que Tschopp recibía denuncias de personas secuestradas en centros clandestinos de detención o cárceles de la dictadura, incluso algunas embarazadas, que le manifestaban las torturas a las que eran sometidas para hacerles firmar declaraciones en su contra, que luego el juez no sólo no investigaba sino que utilizaba para condenarlas”, rezaba la denuncia presentada por Hijos Rosario en agosto de 2018. “A casi 6 años desde que denunciamos su responsabilidad, la investigación se halla agotada y llegó el momento de que se siente en el banquillo de los acusados y responda por sus sistemáticos encubrimientos, que permitieron la comisión de un genocidio”, se lee en el comunicado emitido por la misma agrupación de derechos humanos la semana pasada.
“Hemos logrado demostrar la participación de Guillermo Ernesto Tschopp en esas acciones”, sentenció el fiscal federal Federico Reynares Solari, quien se sumó al pedido para elevar a juicio a quien fuera el titular del Juzgado Federal de la segunda nominación de Rosario durante la última dictadura cívico-militar, por su participación necesaria en al menos 42 casos de delitos de lesa humanidad.
“Cuando hablamos de terrorismo de Estado no nos referimos solamente a los integrantes de las fuerzas de seguridad que llevaron adelante la represión sino también a todos aquellos actores que desde el Estado, como es el caso del Poder Judicial, fueron cómplices o partícipes necesarios de los delitos que se cometieron en el marco de la dictadura”, aporta Tomás Labrador, de Hijos Rosario.
Un ex juez en el banquillo
“Esta es una causa que se inicia por impulso de la agrupación Hijos en el que se reclamaba que se analizara la actuación de la estructura judicial durante el terrorismo de Estado”, explica Reynares Solari, y se explaya: “Después de un análisis riguroso que se hizo de tramitación de habeas corpus y de causas judiciales, se llega a la conclusión de que hubo una connivencia con los resposables del terrorismo de Estado. Porque del plan sistemático que se describió en el Juicio a las Juntas también formaba parte una supuesta legalización, más bien era una formalización de las situaciones legítimas de los supuestos clandestinos por formación de causas por la ley 20.840. En este caso, entendemos que hemos logrado demostrar la participación de Guillermo Ernesto Tschopp en esas acciones”.
“Durante la dictadura, quienes lograban llegar ante un juez denunciaban lo que estaba ocurriendo, las desapariciones, las vejaciones, y evidentemente dentro del Poder Judicial había funcionarios que no sólo acordaban ideológicamente con lo que se estaba perpetrando sino que también, como el caso del juez Brusa, participaban de sesiones de torturas y fue juzgado en Santa Fe. En el caso de Tshopp consideramos que la omisión de sus deberes de magistrado ante las denuncias y presentaciones de evidencias o habeas corpus, fue parte de ese terrorismo de Estado y tiene que ser juzgado como tal”, detalla Labrador.
Ya en 2020, Tschopp fue procesado por más de 55 casos de privación ilegítima de la libertad en calidad de partícipe necesario y complicidad en crímenes de lesa humanidad. En aquel momento, el juez federal Marcelo Bailaque fue quien dispuso esa medida basándose en la denuncia presentada en 2018 por Hijos para que se investigara el accionar del ex magistrado en tiempos de dictadura, a quien se le atribuía la omisión de investigar los apremios ilegales, la aplicación de tormentos y otros delitos que denunciaban los detenidos que eran “blanqueados” o sus familiares.
El fiscal federal Adolfo Villate tuvo a su cargo la causa que incluyó el examinar más de 120 recursos de habeas corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo. El caso más emblemático fue el de no haber procedido a investigar los secuestros de integrantes de la ex Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Constancio Vigil.
La abogada Nadia Schujman calificó aquel procesamiento como “histórico” y adelantó que no era el único al que se le podía reprochar penalmente por lo hecho y sobre todo lo no hecho durante la dictadura: “Tenemos elementos para seguir avanzando en la investigación y seguramente pidamos indagatoria para otros funcionarios federales actuales”.
“Más tarde ampliamos la denuncia para incluir a otros partícipes como los ex fiscales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez y el ex secretario del juzgado federal, Horacio Claverie”, repasa Tomás Labrador, y agrega: “Desde entonces ya han pasado cuatro años y la semana pasada solicitamos la elevación a juicio porque entendemos que ya están agotadas las instancias de investigaciones y las presentaciones necesarias, y este señor ya está en condiciones de ser juzgado por los delitos que por acción y omisión cometió. A la espera de la constitución de un tribunal y que se le dicte fecha, entendemos que es un gran avance porque nos va a permitir, en un juicio oral y público, ventilar esta complicidad de civiles que se valían de sus cargos en el Poder Judicial para avalar el accionar represivo”.
Respecto de la conformación del triunvirato de magistrados que deberá resolver la culpabilidad de Tschopp, Reynares Solari aclara que “una de las cuestiones más complicadas que tienen este tipo de procesos es decidir quién es el que los juzga, porque hay un montón de magistrados que se excusan”, pero remarca: “La elevación a juicio se resuelve rápido, la cuestión más compleja es esto de las excusaciones. Entonces nosotros vamos a tener que pelear desde la fiscalía, desde la querella, porque esta causa para nosotros es troncal”.
Según consta en la presentación que realizó la agrupación Hijos Rosario en 2018, “durante el tiempo que estuvo al frente del juzgado federal, Tschopp rechazó sistemáticamente los pedidos de hábeas corpus presentados por familiares de víctimas de la dictadura en los que intervino, incluso en aquellos en los que hubo un reconocimiento expreso de detenciones ilegales llevadas a cabo por parte de fuerzas represivas del estado como policía provincial, policía federal o ejército. En ningún caso Tschopp abrió una investigación”. En aquel entonces, Nadia Schujman recordó que “en esa época los familiares de desaparecidos tocaban muchas puertas, y pedían los hábeas corpus sin ayuda de muchos abogados en la Justicia Federal. Los jueces tenían una obligación de conducta en la ley vigente en ese momento, y no como descuido o negligencia sino a sabiendas de los más graves delitos”.
En la presentación de la semana pasada, desde Hijos señalaron que Tschopp terminó erigiéndose en “una suerte de garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad” y concluyeron: “Además presentamos un escrito para que la Cámara Federal resuelva de forma inmediata la situación procesal de los ex Fiscales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez, y del ex Secretario Horacio Claverie, ya que hace casi 10 meses que esa parte de la investigación duerme en los Tribunales de calle Entre Ríos”.
Vale la pena destacar que los próximos pasos implican que el pedido de elevación a juicio para con el ex magistrado Guillermo Ernesto Tschopp debe correr traslado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también se constituyó como querellante en la causa, y a las defensas. Una vez cumplidas esas formalidades, restaría dictar la fecha para el inicio del juicio oral y público y definir la conformación del tribunal.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 09/03/24
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